El general (r) Jorge Gabela Bueno fue el primer comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el gobierno de Rafael Correa. Se desempeñó entre enero de 2007 y abril 2008, pero se opuso tenazmente a la compra de 7 helicópteros indios Dhruv sosteniendo que no reunían las calidades técnicas mínimas, habían registrado accidentes a nivel internacional y que se establecían dudas sobre su fiabilidad en publicaciones especializadas de aviación internacional. Ya retirado continuó denunciando los hechos hasta que desconocidos ingresaron a la sala de su casa en Guayaquil y le dispararon.

Las denuncias de Gabela

El 28 de octubre de 2009, a los seis meses de su entrega a la Fuerza Aérea por una empresa hindú, uno de los siete helicópteros Dhruv comprados a la India se estrelló en la Base Aérea del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, durante la celebración de los 89 años de la FAE. La aeronave perdió el control cuando realizaba una demostración de vuelo ante el vicepresidente Lenín Moreno y la cúpula castrense. Pero las autoridades atribuyeron el accidente a “falla humana”, aunque luego se desplomaron tres más.

El asambleísta Fausto Cobo (PSP, oposición) aseguró que lo sucedido estaba previsto, pues este tipo de helicópteros fue rechazado incluso por la propia Fuerza Naval India, y presentó una demanda penal en contra del ministro de Defensa, Javier Ponce, e impulsó un juicio político en la Asamblea, por supuesta negligencia en la contratación. Jorge Gabela también acudió a la Comisión de Fiscalización. Ahí, denunció una persecución por haberse negado a la compra de los helicópteros Dhruv a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por un monto de 45,2 millones de dólares. Según él, el concurso se declaró desierto porque iba en contra de los intereses nacionales e institucionales. Afirmó incluso que miembros de la FAE le advirtieron que lo estaban siguiendo. Entre los responsables acusó al general Alonso Espinoza, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa.

Las autoridades hicieron caso omiso a sus denuncias y suscribieron el contrato con la representación ecuatoriana de la empresa india, el 5 de agosto del 2008, por un monto total de 50,7 millones de dólares, según consta en el acta del Comité de Contrataciones de la FAE, difundida por diario El Universo.

Un crimen calificado como robo

El 19 diciembre 2010, el general Jorge Gabela Bueno fue herido de muerte en el interior de su domicilio, ubicado en la ciudadela Tornero del Río, vía a Samborondón (Guayas) y falleció tras 10 días de agonía, el 29 de diciembre de 2010.

Correa y las autoridades categorizaron el hecho como un asalto cometido por delincuentes comunes, pero los presuntos ladrones no se llevaron nada. La esposa del general, Patricia Ochoa, relató el 31 de enero de 2011 lo siguiente: “No fue un asalto porque no se llevaron nada. Estaban hasta los celulares de mi hija en el piso, las tarjetas de crédito, las llaves del carro. No se llevaron nada, ni una aguja. Lo único que hicieron fue herir a mi esposo con el afán de matarlo… En nuestra casa nunca hubo armas, no pudo defenderse. Bajó desarmado. Cuando estaba en servicio activo, dejaba su arma de dotación en la oficina”.

El 3 de abril de 2011, fueron detenidos cuatro sospechosos, que finalmente fueron declarados culpables del hecho, pero no se investigaron los autores intelectuales del mismo. El ministro del Interior, Alfredo Vera, dijo que “el registro de llamadas desde celulares Claro son pruebas del delito”. La telefónica les dio una lista de llamadas que hicieron el día del asesinato. Según detalla el Informe de la Fiscalía General del Estado: “(la) Fiscalía de Samborondón realizó las investigaciones y con base en ellas ordenó la detención y el allanamiento de los domicilios de Julio Eduardo Sánchez Salavarria, Mario Orlando Mendoza Pérez (según los datos preliminares de la prensa que no incluye este Informe, él era Cabo de Policía), Máximo Segundo Torres Tutiven, Teófilo Omar Melendrez Cornejo y Tonny Tyrone Terán Tomalá. También se vinculó al proceso penal a Jaime Dennis Arial Tomalá y Pablo Ramón Bajaña Bajaña”.

El 2 de julio de 2012, el Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas declaró culpable por el delito de asesinato a Tonny Tyrone Terán Tomalá, Julio Eduardo Sánchez Salavarria y Jaime Dennis Arial Tomalá. Fueron sentenciados a 25 años de reclusión mayor especial. En calidad de cómplice sentenció a 12 años de reclusión mayor extraordinaria a Teófilo Omar Melendrez Cornejo. El procesado Máximo Segundo Torres Tutivén fue condenado a dos años de prisión correccional. El informe de la Fiscalía no tuvo ninguna mención, ni explicación en contra del supuesto cabo de Policía Mario Orlando Mendoza Pérez. Tampoco fue sentenciado Pablo Ramón Bajaña Bajaña.

Correa creó mediante decreto una Comisión Interinstitucional, en octubre de 2012, para esclarecer el verdadero móvil y los autores intelectuales, si es que los hubiese, de la muerte del excomandante de la FAE. Como cabeza de la Comisión, el Ministerio de Justicia, a cargo de Lady Zúñiga, contrató a la empresa Consultora Pericial, son sede en Brasil, del perito argentino Roberto Meza Niella. La consultora concluyó su trabajo en noviembre del 2013, incluyendo las observaciones hechas por los integrantes de la Comisión Interinstitucional.

Pero Zúñiga, el 4 de febrero de 2015, afirmó que la conclusión del grupo fue que la muerte del oficial fue resultado de la delincuencia común. En ese mismo año, el perito Meza denunció haber sido presionado en su investigación. Reveló que la exministra de Defensa, María Fernanda Espinosa le habría dicho “que no se toque el tema de los Dhruv, que se saque eso de las recomendaciones que veníamos haciendo”; y que el ministro del Interior, José Serrano, supuestamente le pidió que “eso no se investigue”, según cita recogida por El Universo.

Pero las mayores revelaciones se conocerían en 2018. En julio de ese año se conformó una Comisión Multipartidista en la Asamblea para investigar el asesinato. Es la tercera investigación que hace un ente estatal sobre el caso. La Comisión convocó a comparecer al perito el 14 de agosto de 2018 y aseguró que el crimen tenía relación con delincuencia organizada. Meza dijo que el trabajo sobre el caso Gabela fue uno de los más completos, al que dedicaron seis meses. Y por el que recibieron un pedido del Ministerio del Interior, según Meza. “En el caso Gabela pidieron que eliminemos algunas cosas, que si bien no cambiaban el resultado final del informe, eso comprometía de cierta manera el trabajo policial y hablaba a las claras de la violación de derechos humanos que la policía tiene hasta el día de hoy. Fue una de las cosas que me pidieron por e-mail y yo les contesté que no tenía ningún problema sacar eso, pero que yo no iba a firmar absolutamente nada, porque me parecía una injusticia total. Y ese es otro motivo por el que creo que no se le entrega ese informe a la familia Gabela”.

Meza agregó lo siguiente: “Sí, hay nombres, fue un trabajo completo, muy grande. Sí hay nombres porque dentro de los términos de referencia se pedía responsabilidades, que se indique que personas habían incurrido en responsabilidades y esa fue la parte que nos pidieron que saquemos. Ahora resulta que en el contrato nos lo piden y como el resultado compromete a la Policía como institución, ahora piden que se lo saque”.

Supuestamente, toda esa información estaría en el llamado “tercer producto” o informe final. El perito, de acuerdo al contrato había entregado dos informes anteriores, llamados primer y segundo producto. El documento final, con las conclusiones que comprometerían al Estado ecuatoriano y al gobierno de Rafael Correa, es el que no aparece en los archivos públicos, sobre todo en el Ministerio de Justicia y en la Presidencia de la República, donde debiera permanecer.

Con esos insumos, la Asamblea aprobó el 20 de noviembre de 2018 el informe de la Comisión Multipartidista. Este citó a 69 funcionarios relacionados con los hechos o con el entorpecimiento de las investigaciones. Entre esos nombres está el de Correa. El informe concluyó que en el crimen del general hubo participación de delincuencia organizada. Mientras que al no hallarse el tercer producto de Meza, la Asamblea y la Contraloría avalaron la reconstrucción de esa pericia en coordinación con la Fiscalía. Pero aún no hay avances.

Patricia Ochoa, la viuda del general Gabela, no ha dejado pasar un día sin exigir que se dé a conocer los resultados de esta nueva investigación. Para ella, el crimen de su esposo guarda directa relación con su frontal oposición a la compra a la India de los siete helicópteros Dhruv, de los cuales, cuatro se han estrellado:

• Primer accidente 27 octubre 2009. Base Aérea del Aeropuerto de Quito.
• Segundo accidente 22 febrero 2014. Alausí, Chimborazo. Tres militares muertos.
• Tercer accidente 13 enero 2015. Chongón, Guayas.
• Cuarto accidente 27 enero 2015. Tena, Napo.