Tal vez el caso más enigmático del fatídico 30S fue el del policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Froilán Jiménez, que se le vio caer en el momento en que sacaban al presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía. Su muerte fue transmitida en vivo por la televisión.
En su autopsia se encontró una bala calibre .223, un tipo de munición que suele ser usada por el Ejército. El Comandante del GIR de ese entonces, hoy general Lenin Bolaños Pantoja, manifestó que por el calibre ese disparo habría sido realizado por personal militar. La muerte de Froilán Jiménez tiene especial importancia porque evidenció la falta de coordinación que existió en los grupos de la Fuerza Pública que iban a sacar al Presidente del Hospital de la Policía.
Su familia ha denunciado que ni la Policía ni el Gobierno han colaborado con las investigaciones sobre la muerte del policía, así como tampoco han recibido ningún tipo de ayuda. Tuvieron que contratar servicios de un abogado ya que tampoco la Defensoría Pública los ha asistido. La familia rechaza que el expediente se haya puesto en reserva y que haya sido traslado de la Fiscalía de Pichincha a la Fiscalía General y viceversa.
La Gobernación de Loja, ciudad de donde era oriundo Jiménez, entregó una casa a Mireya Torres Luzón, la esposa de Froilán, que ya no vivía con él y cuyo divorcio debía firmarse cuatro días después de la fecha en que él murió. Su actual conviviente era Mabel Ubidia, que es la madre de su hijo.
Un año después del 30S, la familia del uniformado acudió a la Asamblea para que el gobierno de Correa deje de usar la imagen de la muerte del policía para sus fines políticos. Pero la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, respondió y dijo que Sandra Jiménez, hermana de Froilán, estaba queriendo utilizar la muerte de su hermano con fines políticos.
El 14 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado dispuso que se realice en el Laboratorio de Criminalística una pericia de identidad humana y cotejamiento de rostros a cuatro militares que estarían involucrados en el fallecimiento de Froilán Jiménez. El 5 de septiembre de 2018, el fiscal Fabián Salazar formuló cargos en contra de dos militares en servicio activo, Vicente Alejandro N. y Wilson Germán R, por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de Jiménez. La Fiscalía se abstuvo de acusar a otros dos implicados.
Pero en la audiencia preparatoria de juicio del 1 de mayo de 2019, la jueza Ximena Rodríguez declaró la nulidad de todo lo actuado desde el 20 de septiembre de 2018. En esa fecha, el fiscal Fabián Salazar remitió un impulso al fiscal general por fuero, al considerar que habían elementos para vincular al expresidente Rafael Correa al proceso judicial. La Fiscalía anunció hará una investigación interna para determinar las acciones y movimientos realizados durante el proceso en el caso Froilán Jiménez.