Esta es una versión reducida y actualizada de la crónica publicada en Plan V el 11 de julio de 2016.

Esta es la historia del fin de la ciudadanía universal en el Ecuador y de cómo el gobierno de Rafael Correa terminó de dinamitar los principios constitucionales e internacionales sobre las migraciones y el refugio, con hechos que para los defensores de los cubanos representan crímenes de lesa humanidad. Entre el 6 de junio y el 13 de julio de 2016, por lo menos 114 cubanos fueron repatriados a Cuba y solo 37 lograron ser liberados.

No les quedó más que contar, una por una, a las personas que fueron llevadas por contingentes policiales, en buses y hasta en aviones de la FAE, ubicados en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Tababela. No les quedó sino eso, porque un grupo de abogados, encabezado por Juan Pablo Albán, director de la Clínica de DDHH de la U. San Francisco de Quito, —quien estuvo a las 6 de la mañana parado en la puerta de Protocolo del aeropuerto— hizo hasta lo imposible, durante cuatro días y sus noches, para que 147 cubanos y cubanas no sean deportados a su país y se les respete el debido proceso judicial y sus derechos humanos. Y lo han hecho creyendo, ingenuamente, que en el país de la revolución ciudadana una sentencia judicial servía para algo.

De 75 personas que hasta las madrugada del lunes 11 de julio de 2016 fueron deportadas, muchos tuvieron órdenes de libertad emitidas por un juez, según sus defensores. A pesar de eso “se limpiaron con las sentencias”, denunció Albán —que no durmió tres días y ninguna hora de esa noche— desde la puerta de protocolo en Tababela. Intentó, inútilmente, hacer entender a la Policía y a funcionarios del Ministerio del Interior “que no pueden usar como papel higiénico las decisiones judiciales”.

“Se ha perpetrado —dijo Albán— un crimen de lesa humanidad con la expulsión colectiva de ciudadanos cubanos”. Acusó de ello directamente al viceministro del Interior, Diego Fuentes; a la funcionaria Nelly Reina; y a un general de la Policía que dirigió el operativo violento y desproporcionado. Esto se ha dado con la “silenciosa complicidad del Defensor del Pueblo, del Defensor Público, de políticos de oposición de toda línea política y de la ciudadanía quiteña”.

Alban culpó al viceministro Fuentes y a otros funcionarios del gobierno de haber perpetrado la expulsión de al menos 44 cubanos que tenían orden judicial de libertad. Y de otros que habían solicitado asilo político y otros que no tuvieron oportunidad de apelación a su orden de deportación.

El drama de la madrugada de ese lunes 11 de julio de 2016 se perfiló cerca de la medianoche: “a pesar de que existen decenas de órdenes judiciales disponiendo la libertad de cubanos detenidos ilegalmente el 6 de julio; a pesar de que aún en los casos en que los jueces han resuelto la deportación los afectados tiene el derecho de apelar; a pesar de que existe un habeas corpus pendiente en favor de todos los detenidos; a pesar de que entre los detenidos hay personas solicitantes de refugio que bajo ninguna circunstancia pueden ser expulsadas del país, el Ministerio del Interior está organizando un nuevo traslado de cubanos detenidos en la cárcel de migrantes Hotel Carrión y en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía general, en Quito, para subirlos a aviones con un itinerario de salida a las seis de la mañana”. El mensaje que circuló por redes sociales es de una académica, defensora de derechos humanos. Lo que falta al mensaje es el hecho de que los traslados fueron con violencia. Los abogados los denominaron “operativos desmedidos”, a la fuerza y basados en un Acuerdo Ministerial, el 000543, firmado por Fuentes.

Hasta la mañana del pasado sábado 9 de julio, 29 personas habían sido deportadas a Cuba, en un avión militar ecuatoriano. Algunas de ellas no habían pasado por una audiencia de deportación y de aquellas que entre los días 7 y 8 de julio del 2016 sí tuvieron audiencia, ninguna —a esa hora-— había sido notificada de su sentencia ni tuvo la posibilidad de apelar a la misma, según dijo en su blog, el abogado y activista Francisco Hurtado. Luego, en la madrugada del lunes se deportaron 46 personas más, llegando a la cifra de 75.

Entre el prontuario contra las autoridades que decidieron esta expulsión, consta en las denuncias de los defensores que “ninguno de los abogados defensores fueron comunicados de las sentencias  de las personas defendidas, al momento de la deportación violentando el debido proceso”. A esa hora, de ese sábado 9 de julio, recién “alrededor de 20 horas luego de las audiencias realizadas y 12 horas después de las primeras deportaciones los abogados habían recibido la notificación de un número mínimo de casos, manifestando la resolución negativa de deportación y la elevación a consulta para resolución definitiva del Ministerio del Interior”.

Se refirió Hurtado a la disposición legal que consta en la Ley de Migración, de que luego de una sentencia judicial, el juez puede elevar el caso a consulta del Ministro del Interior, que tiene la última instancia en temas de migración. La norma es cuestionada por expertos en migración, pues es la única en la legislación ecuatoriana —tal vez universal— que está sujeta a evaluación de una instancia del Ejecutivo.

Ese 9 de julio ya se había denunciado que el principio de unidad familiar, que consta también en la Constitución, había sido violentado, pues había casos de separación de esposos, padres e hijos, e incluso padres cubanos de hijos ecuatorianos y parejas en unión libre.

Hurtado dijo que “todos los hechos que hemos comunicado durante estos días evidencian  el enfoque de criminalización de las migraciones. La Constitución de Montecristi ha devenido  en un recurso demagógico presentado en foros internacionales, mientras que en la práctica el Ministerio del Interior ordena deportaciones por rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores anuncia que no apoyará a las personas en movilidad, la Fiscalía General afirma que las personas no han sido privadas de la libertad, los jueces no resuelven garantías constitucionales y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio cómplice de esta situación”.  En esos días se anunciaba el estreno del Royal Tour, para la noche del domingo 10 de julio, un documental que mostraba “las maravillas” del Ecuador a cargo del propio Presidente de la República, Rafael Correa.

Esas “maravillas” son las que impulsaron a la odontóloga Karina, y a su esposo médico a emigrar de Cuba al Ecuador hace dos años. Esta mujer cubana alta, mulata, de ojos claros y de hablar exaltado, estaba sentada al pie de las rejas de ingreso al garage del edificio de Flagrancias, donde en celdas improvisadas, la Policía había detenido a las 149 personas. Ese viernes 8 de julio, ella, junto a otros compatriotas, hombres y mujeres, hacían la cuenta de las personas que eran llevadas, una por una o en grupo, a las audiencias de deportación. Los contaban porque tenían temor de que los desaparecieran. Aunque no se había confirmado un solo caso de desaparición, su paranoia se alimentaba de rumores y versiones, entre las decenas de cubanos ahí reunidos durante más de 50 horas, de que algunos de sus compatriotas habían sido llevados en buses a otros recintos policiales de la ciudad, pero que nadie sabía de ellos.

Karina, junto a otras dos mujeres de pelo teñido de rubio, coreaban a la salida de los detenidos: 35, 36, 37, 38. Varios los filmaban y tomaban fotos para dejar registro. Luego, tras un pequeño alboroto, un grupo apareció por otro lado y uno de ellos gritaba a voz en cuello que se llevaban a los niños. En efecto, frente a la entrada de Flagrancia de la avenida Patria un grupo de policías antimotines trasladaba a los cuatro niños que permanecieron encerrados más de 48 horas, junto a sus padres, a la audiencia de deportación. Los cubanos, alterados, rodearon la buseta Hyundai color gris, y gritaban ¡libertad! ¡Libertad! Una mujer, a gritos, hablaba con algunos curiosos de la calle: “miren, niños detenidos en su país, acá nos quieren menos que a los perros, cuando un alcalde dice que va a matar a los perros de la calle todo el mundo grita, pero nos han pateado, nos han golpeado, han detenido a nuestros hijos y nadie dice nada. Somos menos que perros”.

Terminado el incidente, los volvieron a ocupar sus sitios frente a las rejas de la avenida 9 de Octubre. Ahí la odontóloga Karina y Luis Enrique, licenciado en estudios socioculturales, interrumpidos a veces por la vehemencia de sus compatriotas, contaron su historia, que es similar a la de todos los que ahí pernoctaron a la espera de ayudar con aliento, pan y cigarrillos, a los presos del gobierno ecuatoriano.

Luis Enrique: “Bueno, llevábamos una semana en el campamento de El Arbolito. Se nos había dado ocho días para estar ahí. Había un permiso del Municipio que iba a ser renovado. Eran las 02:45 y empezamos hacer la guardia. Hacía dos días que la Policía nos había retirado la protección y nosotros montamos nuestra propia guardia.  Y se escuchó la voz de antimotines. Cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados por una cantidad numerosa de policías, no tengo idea pero debieron haber pasado los 3.000. Eran tantos que hicieron un cadena humana y el parque es muy amplio. Pusieron un cadena de antimotines, luego una cadena de policías con chaleco y luego una hilera con perros. Nos tuvieron bajo tensión hasta que nos agrupamos, y nos empezaron a dar golpes y nos quitaron las pertenencias, que no eran muchas, los zapatos, la ropa, los celulares, todo lo que pudieron coger. Yo cogí un par de zapatos y es todo lo que tengo. Recogieron nuestras pertenencias y las tiraron en un camión. Luego empezaron a pedir documentos, golpearon a muchas personas, hay mujeres golpeadas, niños fracturados, golpearon a ecuatorianas y ecuatorianos casados con cubanos. Nunca había pasado una situación como esta, tan terrible, en toda mi vida. Yo tengo papeles y por eso no estoy preso, pero había personas que se les había vencido la visa. Es muy difícil sacarla porque vale 500 dólares, y hay muchas restricciones. Cuando uno llega acá es duro. Muchos de nosotros somos profesionales, entonces no nos dan trabajo. La única forma de legalizarse es con una visa, pero si no tienes trabajo no tienes dinero. Te piden entre 800 a 1.000 dólares por una visa, y personas inescrupulosas, ecuatorianas, como para darte visa de trabajo tienen que hacerte un contrato te piden dinero, 1.000 más”.

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Sábado 9 de julio de 2016, 10:00. En la Unidad de Contravenciones, ubicada en un edificio judicial en la calle Roca, en el sector de La Mariscal, una valla policial impedía el paso. Un grupo de cubanos, hombres y mujeres, esperaba el resultado de las audiencias que tenían lugar en el interior. La Unidad de Contravenciones analizaba la situación migratoria de por los menos 151 extranjeros de nacionalidad cubana. Poco después de las 10:00, Juan Pablo Albán, catedrático universitario y abogado de derechos humanos, salió brevemente a la puerta del edificio judicial para denunciar que no menos de 60 personas habían sido trasladas por la Policía hacia el aeropuerto de Tababela, y un número no determinado de ellas, embarcadas en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) con destino a Cuba.

Según Albán, los familiares no habían podido confirmar, hasta esa hora, que los cubanos habían llegado al Aeropuerto José Martí de La Habana a bordo del avión de la FAE, por lo que no se podría descartar que se trate de un caso de “desaparición forzada de personas”.

Albán exigió al Gobierno que explique el paradero de esas personas, y cómo fueron deportadas si todavía no se habían notificado las resoluciones de deportación.

Sostuvo también que, entre las personas que salieron del país, hubo algunos cuyas deportaciones habían sido negadas y aún así se los deportó. El abogado Hurtado sostuvo que el Estado debe informar sobre el paradero de las personas. Dijo que el tema deberá ventilarse en cortes internacionales, pues se ha cometido un traslado irregular y arbitrario. Un recurso de hábeas corpus, que había sido presentado por la defensa, recién iba a ser ventilado tres días después, a pesar de que se presentó el mismo día de la detención. “Esto confirma que el enfoque es de criminalización de las migraciones”, para Hurtado en este proceso ocurrieron deportaciones colectivas, prohibidas por instrumentos internacionales.

Mientras tanto, familiares y amigos reclamaban a gritos en la calle, ante un grupo de policías antimotines que resguardaban el edificio judicial. Hurtado, visiblemente conmovido, se acercaba a los grupos de cubanos para tratar de calmarlos. Varias mujeres presentes en el lugar derramaban lágrimas mientras calificaban como una injusticia a la deportación de sus parientes

El Ministerio del Interior emitió una información oficial ese día: 29 cubanos han sido deportados a Cuba respetando sus libertades individuales.

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Lunes 11 de julio de 2016, a las 8:30. Un mensaje colectivo en whatsapp advirtió un plantón en el Hotel Carrión, donde permanecieron otros 50 cubanos a la espera de una deportación o de lo que decidan las autoridades, pues lo que los jueces sentencien ya no tiene validez en el Ecuador. Los primeros 75 cubanos ya habían sido deportados en dos vuelos a Cuba. Cundió la indignación y el pesimismo en los rostros cansados de los abogados defensores. Juan Pablo Albán fue a dormir un poco. Hubo angustia en los pocos cubanos que se parapetaban tras un carro antimotines y una decena de policías que estaban en la puerta del Hotel Carrión. Un grupo de cubanas se apostó en la vereda de enfrente, sentadas sobre bancos de plástico, como esperando a que pase algo.

Al pie de la puerta de la cárcel para extranjeros indocumentados, permaneció un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Se llama Luis Mena, quien a pesar de mostrar sus credenciales y que la ley y la Constitución lo protegen, tres policías le impidieron la entrada a la prisión. Resignado, estuvo a la espera de que una funcionaria, Carla Almeida, coordinadora de Migración, lo dejara pasar. Pidió ayuda a su oficina y le dijeron que enviarán “refuerzos”. Sabe o cree que no puede hacer nada: hay que tener prudencia, manifestó.

A su lado, varios abogados del equipo que ha defendido sin éxito a los cubanos permanecieron cerca de la pared contigua, en la misma vereda. Fueron entrevistados por los pocos medios que se dieron cita. La mayoría de medios está expectante de la noticia del día: la reunión de la llamada Unidad entre Suma, Madera de Guerrero y Podemos Ecuador en un hotel capitalino.

Entre los abogados defensores estuvo Daniela Salazar, subdecana de Derecho de la U. San Francisco de Quito. Ella explicó las violaciones al debido proceso en que ha incurrido el Estado ecuatoriano: “En este país la migración no es un delito, no está en el Código Penal. Haberlas detenido ya fue una violación, pero las personas no pueden estar detenidas por más de 24 horas sin ser puestas en presencia de un juez. Ninguna de las personas detenidas tuvo ese derecho. Tenían que haberlos liberado de inmediato solo por eso. Los primeros casos llegaron ante los jueces 50 horas después e incluso luego de cuatro días de detención. Las audiencias ante los jueces que decidieron la deportación o no, se realizaron luego de que se había presentado un habeas corpus. Según mi criterio jurídico, todos los jueces debieron abstenerse de conocer esas audiencias hasta que se resuelva sobre la privación arbitraria o no de estas personas. Sin embargo se celebraron”.

Francisco Hurtado es abogado, pero no litiga. Fue el vocero judicial de esa maratón de seis días, tiempo en el que durmió entre tres y cuatro horas diarias. Fue también el enlace entre los abogados defensores y las familias cubanas en este amargo trance. A él se le acercó una mujer de unos 60 años, con el rostro mojado por las lágrimas y la mirada de ojos claros, algo perdida. Lo miró con tristeza. Abrazó a este joven flacuchento, con zapatos tenis, camiseta y jean; de barba rala y anteojos. “Quiero irme a Cuba, ayúdame —le rogó—. Me he quedado sola aquí, ya no quiero estar aquí, se han llevado a mis hijos, a mi esposo”. Hurtado la apapachó como si fuera su hijo. “Ya vamos a ver —le dijo—. No te preocupes”. Así se la pasó desde que empezaron las deportaciones: consolando madres y esposas, calmando a maridos y hermanos que quieren irse contra el planeta a puñetazos por la impotencia y la rabia. No se cansó de hablar. Durante cinco días no paró de hablar con los medios, con los cubanos, con las autoridades que acceden a hacerlo. Mientras sus colegas se fajan en tribunales y frente al Estado, él habla: “Hay el caso de una adolescente de 16 años de edad que está libre, que su mamá ya está en Cuba y su papá fue trasladado al aeropuerto ayer. Tenemos el caso de una mujer ecuatoriana de dos meses de embarazo cuyo esposo fue uno de los trasladados la madrugada del lunes. No sé si ha regresado pero debiera tener orden de libertad por vínculo familiar y sigue preso.  Hay muchas parejas que están separadas, familias separadas, unos libres, otros detenidos y otros deportados”.

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No estuvieron los políticos de oposición, los sindicatos, los movimientos sociales, las ONG nacionales e internacionales, los gremios profesionales (excepto el Colegio de Abogados), los estudiantes, los de izquierda, centro o derecha, los quiteños y quiteñas…Muchos aplaudieron lo que ha pasado con los cubanos. (¿Cuando expulsan a los ecuatorianos de Estados Unidos, también aplauden?)

Hurtado dijo que el gobierno quiere construir una verdad sobre estos hechos. Apeló a que mucha gente piense que todas las personas están en situación irregular, que ninguna puede quedarse y que se ha respetado el debido proceso. La intención era proteger a la gente que pudo volver en el bus desde el aeropuerto de Tababela. La idea fue convocar a la gente para dar apoyo y están devastadas, destruidas.

Al medio día de ese lunes, todos los defensores de derechos humanos que han luchado por los cubanos y cubanas emiten un comunicado. Allí cuestionaron: “El gobierno ecuatoriano, a través de voceros del Ministerio del Interior, ha asegurado que en las deportaciones de los cubanos detenidos el miércoles pasado no se ha violado ningún derecho humano. Si todo fuese tan correcto y transparente como argumentan funcionarios públicos, ¿por qué los dos operativos de deportación se realizaron en horas de la madrugada? ¿Qué necesidad había de utilizar un operativo con grupos especiales de la policía como si fueran delincuentes?”.

En una rueda de prensa en la sede del Colegio de Abogados de Quito, la mañana del 12 de julio de 2016, Juan Pablo Albán, Francisco Hurtado y el presidente del gremio de juristas, Ramiro García, reiteraron su postura según la cual no se ha realizado un proceso de deportación de indocumentados, sino una expulsión masiva de extranjeros, prohibida por la Constitución y normas internacionales.

Albán relató nuevamente sus gestiones en el Aeropuerto de Tababela y denunció la opacidad de la acción del Gobierno, pues no pudo acceder a los documentos oficiales, entre ellos, un acuerdo ministerial firmado por el viceministro del Interior, Diego Fuentes, con los que se habría resuelto la salida de los cubanos hacia su país.

Albán insistió en que varias de las personas que fueron embarcadas en aviones de la FAE rumbo a La Habana habían recibido decisiones judiciales que les permitían quedarse en el Ecuador, así como que algunas otras habían solicitado asilo político tanto al Ecuador cuanto al Brasil, país del que algunos de ellos provenían en su intento de llegar hacia Estados Unidos.

El abogado aseguró en que se trató no de una deportación sino de una “expulsión ilegal” ejecutada por la Policía por órdenes del Ministerio del Interior, por lo que se negó a usar la palabra “deportación”. Para Albán el operativo fue “burdo”, pues el Ministerio del Interior no ha respondido sobre quiénes han salido del país y con qué base legal fueron enviadas a Cuba.

Recurso negado y nueva repatriación

La madrugada del 13 de julio, el Tribunal Penal notificó que se negó el hábeas corpus para 39 de los 40 extranjeros, quienes fueron devueltos al Hotel Carrión.  Un convoy de por lo menos diez vehículos, entre ellos, dos buses de la Policía, patrulleros, carros del Ministerio del Interior y una ambulancia, llegó a la avenida 10 de Agosto y Murgeón. Cerca de 30 activistas ecuatorianos y un grupo similar conformado por cubanos, se congregó a esperar a los detenidos. Entre los ecuatorianos se podía ver al documentalista Pocho Álvarez, quien realizó un corto sobre la migración cubana en el Ecuador, y varios profesores y alumnos de universidades de posgrado de la ciudad. Varios activistas mostraron carteles contra la xenofobia y pedían a la gente de los autos que apoyaran el plantón con sus pitos.

Un contingente de 30 policías antimotines, vestidos de negro, custodió la entrada al edificio judicial, al que no se permitió el acceso a la prensa. El abogado Juan Pablo Albán intervino en la audiencia, y, según difundió en su cuenta de Twitter, se conoció que los migrantes fueron trasladados a la audiencia con todas sus pertenencias. Pasadas las 21:30, los jueces del Tribunal se retiraron a deliberar. Solo Fermín Rodríguez, un joven cubano, fue liberado inmediatamente, tras verificarse que tenía un pedido de asilo político en Ecuador. Sobre el resto de los detenidos, el Tribunal no encontró méritos para su liberación y ratificó la detención en su contra. Finalmente, el convoy con los detenidos retornó al Hotel Carrión el 13 de julio de 2016.

Los abogados de la defensa apelaron inmediatamente. Pero antes del mediodía del 13 de julio, con un fuerte resguardo policial, de por lo menos 150 policías, y en dos buses de la Policía, los migrantes cubanos que aún quedaban en el Hotel Carrión fueron llevados hacia el aeropuerto Cotopaxi de Latacunga. Desde allí fueron 47 cubanos fueron deportados en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Era el tercer grupo deportado.

En declaraciones al medio digital cubano 14ymedio, que dirige la conocida bloguera disidente Yoani Sánchez, uno de los deportados, Carlos Salazar, cuestionó la forma en la que fue procesado en Ecuador, aunque desmintió torturas o acciones legales del régimen castrista en su contra al llegar a Cuba. Varios de los repatriados, precisó, han concurrido a la Embajada de Estados Unidos en La Habana en busca de asilo político tan pronto llegaron a su país.