El 11 de octubre 2011, el abogado Wellington Alcívar Quiñonez acudió al Palacio de Gobierno, en Quito, a denunciar personalmente ante el presidente Rafael Correa y el Ministro del Interior, José Serrano, que el cartel de Sinaloa había reclutado a jueces, fiscales y policías en servicio activo en la provincia Esmeraldas. Solicitaba la reestructura de la función judicial, por cuanto sus denuncias anteriores no habían tenido eco. Asimismo, señaló que temía por su vida, por lo que se le asignó resguardo policial y fue incluido en el programa de protección de víctimas y testigos. Pero la protección cesó, y trató de vivir prácticamente en la clandestinidad.
El 8 de febrero de 2012 fue asesinado. Un día antes de su muerte, Alcívar visitó la redacción de diario El Universo. Así lo reportó el medio que contó que el abogado fue para denunciar supuestas impericias legales en un caso de lavado de activos y las incautaciones hechas a casas en Esmeraldas. “Un juez de Esmeraldas ordenó el traslado de las alhajas a Quito, sin que los dueños y la Fiscalía conozcan el caso”, comentó. En esa entrevista dijo sentirse exiliado de su natal Esmeraldas por los denuncias que había hecho contra el cártel de Sinaloa y que ninguna autoridad lo había escuchado.
“Temo por mi vida, sé que me van a asesinar, pido al presidente de la República y al Ministro del Interior, que me llama la atención que se hable de delincuentes peligrosos, ellos no son nadie en comparación con el Cartel de Sinaloa. Han reclutado a jueces, fiscales, policías en servicio activo y pasivo”, dijo ante la prensa. A El Universo le dijo que tuvo que entregar personalmente a Rafael Correa las denuncias, pues las que anteriormente había hecho llegar a la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y hasta a la Comandancia General de Policía, no habían tenido eco.
El 19 de febrero de 2012, Correa, durante un enlace sabatino, aseguró que las investigaciones realizadas han logrado obtener un retrato hablado del presunto asesino de Wellington Alcívar Quiñónez. Correa agregó además que realizarán cambios en el programa de Testigos Protegidos de la Fiscalía, debido a que se detectaron varias irregularidades como la expiración en dos años de la protección de testigos, lo que debería de durar hasta que la persona inmersa en la protección salga del peligro.
El acusado
El 8 de febrero de 2012, en la oficina 201 de un edificio ubicado en la calle Ricaurte entre Córdova y 10 de Agosto, en Portoviejo, fue encontrado el cuerpo del abogado Wellington Alcívar con dos disparos. En el lugar, se hallaron seis carpetas con las siguientes rotulaciones: “denuncia a la Presidencia”, “acción de protección”, “indagación previa por amenazas”. El perito que revisó los documentos afirmó en el juicio que se trataban de “denuncias en torno a amenazas que había tenido el abogado Alcívar” y en la mayoría de ellos estaba el nombre de César Vernaza. A la fecha de ese proceso judicial, según los testimonios de los agentes, Vernaza ya registraba tres detenciones: una en el 2007 en Esmeraldas por asesinato; y dos en el 2002 por asociación ilícita y robo.
El relato del investigador fue una de las pruebas que presentó la Fiscalía para acusar a Vernaza del asesinato de Alcívar. En 2012, Vernaza era considerado por las autoridades ecuatorianas como el líder de la banda “Los Templados” que operaba sobre todo en Esmeraldas, pero también en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí. Entre los crímenes que la Policía imputó a la organización estuvieron asesinatos, trata de personas, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de estupefacientes, asaltos, robos a entidades bancarias y comerciales. Su captura, el 16 de abril de 2012, fue calificada como “uno de los golpes más fuertes al crimen organizado” y exaltada por el entonces ministro del Interior, José Serrano. A ‘El Empresario’ se lo vinculó con el cartel de Sinaloa.
Cuando Vernaza se escapó de la cárcel de máxima seguridad La Roca 10 meses después de su detención y recapturado en Cali dos meses después, los medios colombianos titularon que cayó “el capo del narcotráfico en Ecuador”. Según la Policía colombiana, su estancia en el país vecino –además de huir de la justicia ecuatoriana– fue para crear nuevas rutas para el narcotráfico a través del Pacífico. La revista Semana publicó que la banda era sospechosa de transportar y guardar cargamentos de droga para ‘El Chapo’ Guzmán, los cuales pasaban por Ecuador.
Según familiares de Alcívar, las intimidaciones comenzaron desde que llevó el caso por el asesinato de su hermano en Esmeraldas. “En esa investigación pudo descubrir que el señor Cesar Demar Vernaza era integrante de una banda de traficantes de órganos y esa fue la causa que originó la muerte de su hermano”, dijo un testigo llamado por la Fiscalía. Alcívar archivó sus denuncias y notas de prensa donde aparecía. En su oficina, los investigadores encontraron recortes de El Universo y del Diario Manabita. En este último la nota de prensa decía: “Ex protegido de víctimas y testigos denuncia que lo quieren matar”. En efecto, Alcívar perteneció a ese programa de protección. “En caso de que me asesinen está documentado y notariado, de quién y quiénes serían los responsables, documentación que también la tiene mi familia en Europa, para entregarlo a la prensa internacional en caso de que resultare asesinado”, dijo el abogado antes de ser asesinado, un hecho que conmocionó al país pues el Ejecutivo le había ofrecido protección.
Pero hubo un hecho detonador. En Manavisión, Alcívar soltó el nombre de un funcionario con mucho poder, recordó su hija María José Alcívar en una entrevista con Plan V. En ese medio manabita, el abogado anticipó su inminente asesinato, pues para entonces le había sido retirada la protección.
Por el asesinato de Alcívar, Vernaza fue llamado a juicio en calidad de autor. “Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado han llegado a determinar que el hoy acusado tiene participación directa en este crimen”, manifestó el fiscal Jaime Alcívar. Pero Vernaza dijo que jamás conoció al abogado y que su hija había visto en Facebook comentarios de Alcívar contra Vernaza. Su defensa agregó que Alcívar “ni si quiera estaba seguro de quién venían esas amenazas”.
El Tribunal Primero de Garantías Penales de Manabí, conformado por los jueces José Ferrín Vera, Narcisa Santana García y Paola Miranda Durán, aseguraron que “no existe prueba directa y plena” contra Vernaza por lo que le confirmaron la inocencia en septiembre de 2014. En diciembre de ese mismo año, el caso llegó hasta la Corte de Manabí por la apelación de la Fiscalía y en esa instancia los jueces confirmaron la inocencia de Vernaza. Lo mismo pasó en la Corte Nacional en el recurso de casación. La Fiscalía en esa última audiencia no fundamentó su pedido porque no asistió y por lo tanto los jueces consideraron el abandono del recurso en abril de 2015. La búsqueda de justicia en el crimen de Alcívar estuvo encabezada por su hija, María José. “No jodas más tu padre ya está muerto y me tiró la llamada”, dijo sobre la conversación con un funcionario judicial.
Los verdaderos móviles, el asesino y las circunstancias del hecho nunca fueron realmente esclarecidas.