César Coronel Olivo, subteniente de la Policía, falleció el 7 de julio del 2012 en su habitación en el Cuartel de Policía de Sucumbíos, en Lago Agrio. Esta en esa ciudad  prestando su servicio luego de que fuera dado el pase desde la Unidad Especializada Antisecuestro y Extorsión (UNASE).

El cadáver del joven, de 27 años, fue hallado en su habitación con un disparo en la cabeza y dos almohadas encima de esta. Su pistola Glock de dotación estaba en su mano derecha, pero él era zurdo. La bala entró a la altura de la nuca, detrás de la oreja derecha. Todas las evidencias encontradas en su habitación, entre ellas las almohadas y la ropa de cama con manchas de sangre, fueron quemadas por orden del Comandante del Comando Provincial de Sucumbíos. Según una investigación de GK, las paredes se lavaron y pintaron; y el piso estaba inundado lo que eliminó gran parte de la evidencia. Otra inconsistencia: el aire acondicionado estaba a muy bajas temperaturas, algo que no encaja pues Coronel tenía rinitis aguda. La televisión estaba a todo volumen.

La familia hizo la denuncia, pero el entonces Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, no la atendió. Después el entonces ministro del Interior, José Serrano, se comprometió a esclarecer el caso. En junio de 2013 creó una comisión técnica y llamó al perito Roberto Meza (quien también investigó el caso del general Gabela). Ese informe solo fue puesto en conocimiento de la familia de manera parcial cuando esta interpuso un recurso de hábeas data. En entrevista con diario El Norte, el perito aseguró: “En ese informe determinamos que la muerte no reunía las características de un suicidio sino de un homicidio, por una serie de factores que nosotros constatamos a lo largo de la investigación… corroboramos que él era zurdo y encontramos el arma en la mano derecha”. Según Meza, el informe lo entregó a Carina Argüello, subsecretaria del Ministerio del Interior, quien dio largas a la familia para entregárselo.

La familia sostiene que Coronel descubrió que en Lago Agrio el negocio de la trata de mujeres colombianas que trabajaban en bares “cuyos dueños eran oficiales de Policía, que cerraban otros night clubs para que solo los de ellos funcionen. Unas irregularidades tenaces delante del jefe del reparto… tantas cosas que pueden haber pasado en ese momento”, dijo su padre en una entrevista a El Norte. En una publicación de Plan V se revela el contenido de un informe de 2012, oculto hasta ahora, que da cuenta de la relación de jefes policiales y militares con el negocio ilegal de la trata en cuatro provincias de la frontera norte.

Pese a toda la abundante evidencia y las acciones interpuestas por sus familiares, prevaleció la tesis de la Fiscalía del suicidio como causa de la muerte, y nunca se investigaron a fondo los hechos. No existe ningún responsable o sancionado siquiera administrativamente por el hecho de sangre y la manipulación de la evidencia ejecutada por los mismos custodios policiales.