El 4 de junio de 2013, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo N.16 para controlar las ONG y establecer limitaciones al funcionamiento independiente y autónomo de las organizaciones gremiales y sociales, lo que atentó contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos. El decreto fue duramente criticado por organizaciones locales e internacionales. Para Amnistía Internacional, esa disposición concedía al Mandatario amplios poderes para vigilar y disolver ONG.

La aparición del decreto se dio en un contexto de debilitamiento y estigmatización de la sociedad civil. Desde el inicio del gobierno de Correa, se le quitó el ‘status’ de organismo internacional a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) que fue creada bajo el auspicio del presidente Jaime Roldós el 10 de agosto de 1980 y que ni siquiera el gobierno de León Febres Cordero había amenazado, a pesar de sus posturas de izquierda. Correa acusó a los representantes de la Aldhu de tener vínculos con el narcotráfico.  

Con el Decreto 16, que luego fue reemplazado por el Decreto 739 pero que mantuvo las mismas restricciones, se intentó silenciar a organizaciones defensoras de la libertad de expresión, medio ambiente y de los maestros. El 23 de octubre de 2017, el presidente Lenín Moreno derogó ambos decretos, pero mantuvo los aspectos más problemáticos de la legislación anterior, como causales de disolución que podrían ser aplicadas de manera discrecional. Estos son algunos de los casos más emblemáticos que ilustran el uso abusivo de esos decretos:

Fundación Pachamama.  La organización que trabajaba desde 1996 en la promoción y respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, con énfasis en los pueblos indígenas y la conservación de la Amazonía, fue disuelta en diciembre del 2013. El Gobierno la acusó de haber participado en protestas contra la Décimo Primera Ronda Petrolera, que fue convocada el 28 de noviembre del 2013 para la licitación del bloque 13 suroriental de la Amazonía. El 4 de diciembre de ese año, mediante un operativo de quince funcionarios de los Ministerios del Ambiente, del Interior y la Intendencia de Policía de Pichincha, vestidos de civil, se presentaron en las oficinas de la Fundación Pachamama para proceder al cierre de las instalaciones de la organización, cuyos directivos y abogados alegaron que no habían recibido ninguna notificación antes de esta acción. El Gobierno usó el Decreto 16 donde se establece que uno de las causales de disolución de una organización es“desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas” y “dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos (…) que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”. En noviembre de 2017, el Ministerio de Ambiente reconoció que se violó el derecho a debido proceso y devolvió la personería jurídica a Pachamama.

Fundamedios. En septiembre de 2015, la Secretaría Nacional de Comunicación inició un proceso administrativo para disolver Fundamedios, una ONG que defiende la libre expresión en Ecuador, por la difusión de mensajes con “connotaciones políticas”. El proceso fue retirado después de una drástica condena nacional e internacional. Cuatro Relatores Especiales de la CIDH y de la ONU expresaron su preocupación por las medidas tomadas por el Régimen y consideraron como “extremo” al intento de disolución. A Fundamedios se le permitió continuar operando bajo la advertencia de respetar sus estatutos y no tratar cuestiones de orden político.

UNE. En agosto de 2016, el sindicato de profesores más antiguo y grande del país, la Unión Nacional de Educadores (UNE) fue disuelta después de que se aplicara el Decreto N.739 (antes Decreto N.16). El Gobierno justificó su disolución sobre la base de presuntas violaciones de una serie de disposiciones contenidas en ese decreto. Los representantes de la UNE consideraron la medida como represalia por su participación en reuniones con la Organización Internacional del Trabajo donde informaron sobre violaciones de los derechos de los docentes en el país.

Acción Ecológica. El 20 de diciembre de 2016, el Gobierno inició un procedimiento administrativo para el cierre de la organización defensora del medio ambiente. Tal acción fue solicitada por Diego Torres Saldaña, ex-viceministro de Seguridad Interna, al Ministro del Ambiente. La razón: desviarse supuestamente de los fines y objetivos para los cuales fue constituida, según establece el Decreto 739. Pero lo que molestó al Régimen fue la difusión de “los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista” en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. El 6 de enero de 2017, Acción Ecológica pidió archivar el trámite de disolución y el 12 de enero, el Ministerio del Ambiente desechó el proceso. Aseguró que no había elementos que vincularan a la ONG con las protestas de finales de 2016 en las instalaciones del campamento de la compañía china EXSA Ecuacorriente y la comunidad Nankints.

Con información de:

• Informe de CIVICUS, FDC, Fundamedios y AEDEP sobre libertad de expresión y asociación para el EPU de 2016

• Informe de PIDHDD, UNE, Cucomitae y Fundación Dayuma AEDEP sobre libertad de asociación para el EPU de 2016