Diego Cazar Baquero y Susana Morán. Fotos: Luis Argüello y Edu León
Fecha de publicación: 25 de febrero de 2019

Más de 300 personas, incluidos niños y de tercera edad, fueron hallados en condiciones precarias.

Dos voces interrumpieron el sueño de los pasajeros. Era una pareja que se subió en la parroquia Patricia Pilar, del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Corrían las primeras semanas de febrero de 2018. Ambos eran trabajadores de la empresa Furukawa –exportadora de fibra de abacá– y conversaban sobre maltratos y humillaciones en ese lugar. En su trayecto a Santo Domingo de los Tsáchilas, su conversación despertó a Walter Sánchez, quien estaba en el mismo autobús de transporte público. “Era una conversa que hablaban duro, yo quería dormir, pero no pude”. Se levantó y fue hasta ellos. Sánchez, quien tiene estudios eclesiásticos, les entregó un papel con su teléfono para que lo llamaran cuando se decidieran a denunciar lo que habían vivido. A la pareja le tomó casi dos meses decidirse. Pero en marzo, Sánchez recibió la llamada. El caso Furukawa ya no tenía vuelta atrás.

***

Walter Sánchez, de 40 años, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Guayaquil. Se graduó en el 2016 y viajó a Guaratinguetá, una microrregión del estado brasileño de Sao Paulo. Allí pasó seis meses en un centro que ayudaba a personas dependientes. Buscaba conocer cómo los jóvenes, que han vivido en la calle y bajo puentes, estaban saliendo del mundo de las drogas. La fuerza espiritual de ellos lo conmovió. Volvió a Ecuador y vivió su primera experiencia pastoral en una parroquia del noroccidente de Quito. Estuvo como párroco encargado. Pero en un viaje de Guayaquil a Santo Domingo se encontró con la historia de esa pareja.

Walter Sánchez es un religioso que apoyó a los trabajadores en sus reclamos. Furukawa dice que es un “agitador”.

Sánchez ha sido calificado por Furukawa como agitador y su gerente, Marcelo Almeida Zúñiga,  lo ha acusado de intentar extorsionar a la compañía de capital japonés. La empresa publicó la semana pasada, en diario El Comercio, un comunicado en el que se defendió de las acusaciones de ser una empresa que ha violado los derechos laborales y básicos de los abacaleros desde hace décadas. Eso en respuesta a dos reportajes publicados en Plan V y en La Barra Espaciadora y a un informe de 51 páginas de la Defensoría del Pueblo sobre el caso.

“El agitador ha ingresado ilegalmente a las plantaciones en Quevedo con el objetivo de instigar tanto a los arrendatarios como a los trabajadores, que exijan a la empresa supuestas obligaciones, que son propias de los locatarios”, aseguró la empresa. Pero siete instituciones han confirmado las irregularidades en sus informes. “No he visto los informes”, respondió Almeida, en una entrevista concedida a estos medios.

***

El camino de los trabajadores hasta esas denuncias ha sido largo. Vivieron décadas en el olvido y sin conocer sus derechos. Nunca había llegado el Estado a la zona. Sánchez, en marzo del año pasado, se reunió con 12 trabajadores, quienes le pusieron al tanto de la situación. Conoció que en las haciendas de Furukawa había trabajo infantil, las instalaciones eran precarias sin agua ni luz y sin equipos para operar de forma segura la desfibradora, una máquina para procesar el abacá. Armaron una carpeta durante toda una noche. Empezaron las denuncias. Primero fueron a la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo de Portoviejo. Pero –decepcionados de las autoridades locales porque las demandas no avanzan– decidieron viajar a Quito.

Cubiertos de gorros y abrigos de lana envejecidos, asistieron a varias ceremonias de Cambio de Guardia que se realizan todos los lunes en la Plaza Grande. Tímidos y con escasos gritos, los trabajadores y extrabajadores pedían que se respetaran sus derechos laborales o el pago de sus liquidaciones. Fueron recibidos en la Secretaría de Gestión de la Política, donde solicitaron ayuda para exigir esos derechos. Hablaban poco, muchos guardaban silencio en esas citas. Pero con el paso del tiempo, los relatos revelaban más que problemas laborales. En esas interacciones, los obreros  –en su mayoría analafabetos– se dieron cuenta de que su situación en Furukawa comprometía también sus derechos más básicos como el acceso al agua y a la salud.

El tuseo es una de las actividades para el proceso del abacá.

Un grupo de 105 trabajadores y extrabajadores de Furukawa entregó a Sánchez dos poderes para que los representara. Con esos documentos notariados, acudió hasta la Presidencia para dejar una carta con la denuncia. El 1 de agosto de 2018 le informaron que su pedido había sido remitido al entonces ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y al ministro de Vivienda, Xavier Torres. Ledesma no atendió a nuestros pedidos de entrevista a sus asesores, por correo y por llamadas a su número personal.

A los seis meses enviaron otra misiva al presidente Lenín Moreno informándole que sus denuncias no han sido atendidas. Durante ese tiempo, hubo audiencias de mediación en la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo de Portoviejo que no prosperaron por la negativa de la empresa. Furukawa desconocía a los reclamantes como sus empleados y endosaba los problemas a los arrendatarios/trabajadores.

El 21 de septiembre del año pasado, por primera vez, el Ministerio de Trabajo reconoció que existen violaciones a sus derechos laborales tras una visita a las instalaciones de Furukawa. Dalton Pazmiño, director regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo, informó en un oficio que un especialista de seguridad y salud de Trabajo presentó un informe “con observaciones considerables respecto a incumplimientos verificados en la visita realizada”. Pero, de nuevo, nada avanzaba.

Un mes más tarde, ante las graves denuncias, la Secretaría de Gestión de la Política convocó a seis instituciones más para realizar una inspección en las haciendas de Furukawa. La visita se realizó el 20 de noviembre del año pasado. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, del Registro Civil y de los ministerios de Educación, Salud, Inclusión Social y Gestión de la Política acudieron a los campamentos donde laboraban los abacaleros. Los informes que estuvieron listos en enero pasado, y a los que tuvo acceso Plan V y LaBarra Espaciadora, confirmaron lo peor.

Interior de la hacienda Furukawa. El abacá se asemeja a las plantas de plátano.

***

En una sala repleta de periodistas, la Defensoría del Pueblo lanzó su informe sobre el caso el 19 de febrero pasado. Al lugar llegaron unos 40 denunciantes. De nuevo con sus gorras y abrigos de lana envejecidos, vieron en silencio el desarrollo de la rueda de prensa. Sonreían y dijeron tener esperanza. Por primera vez, los medios escucharon sus voces. José Luis Castañeda, en representación de los abacaleros, habló por pocos minutos. Tímido y de escasas palabras, dijo que en algún momento la empresa le había llamado ladrón.

Francisco Hurtado, adjunto de DDHH de la Defensoría del Pueblo, junto a la titular de la entidad, Gina Benavides.

El informe de la Defensoría fue el primero, de los siete que existen, en hacerse público. La entidad visitó tres veces los campamentos para levantar y confirmar datos. Para entender cada una de las tareas que los jornaleros realizan para procesar la fibra. En definitiva para descubrir el mundo del abacá. Junto con la Defensoría, Plan V y La Barra Espaciadora ingresaron a esas instalaciones. En esas inspecciones, la entidad obtuvo suficiente material para sostener que en las haciendas de Furukawa existe una forma de esclavitud moderna.

Los trabajadores asistieron a la rueda de prensa de la Defensoría. Tres de ellos hablaron en su representación.

Francisco Hurtado, adjunto de DDHH de la Defensoría, explicó que ese tipo de esclavitud se llama “servidumbre de la gleba”, una práctica que obliga a las personas, por ley o por costumbre, a “trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad de cambiar su condición”. Su definición está en el Protocolo de la Convención sobre la Esclavitud de las Naciones Unidas, del que Ecuador es adherente desde 1955. “No es solo una situación de derechos laborales, sino de vida digna”, dijo Hurtado.

Gina Benavides, defensora del Pueblo, consideró al caso Furukawa como uno de los más graves en Ecuador por la dimensión de los derechos afectados de los trabajadores. Y por ello pidió al Estado proteger a los denunciantes e instó a que el Gobierno actúe de forma contundente en ese caso. Pero las dudas sobre la actuación estatal aparecieron a las pocas horas.

***

Un día después del informe de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo convocó de un momento a otro una rueda de prensa por el caso Furukawa. Plan V y La Barra Espaciadora habían solicitado desde el 7 de febrero una entrevista con el ministro de esa Cartera, Andrés Madero. Contactado por teléfono, el Ministro accedió al diálogo para el miércoles 20 de febrero e incluso –él personalmente– pidió los temas que iban a ser tratados. Fueron enviados. Pero la rueda de prensa se adelantó a la cita.

Tras la rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, respondió más inquietudes de la prensa.

El funcionario reiteró lo que horas antes había difundido su ministerio. Furukawa, por primera vez en 55 años, había sido sancionada. La empresa fue clausurada temporalmente en unas haciendas y de forma definitiva en otras. Se le impuso tres multas cuya suma total asciende a 42.880 dólares por la reincidencia en la violación de cinco artículos del Código de Trabajo, entre ellos, el trabajo infantil, la falta de afiliación a la seguridad social, por pagos inferiores al salario básico, riesgos laborales, por no establecer escuelas para los hijos de los empleados y no proporcionar indumentaria adecuada. Las resoluciones fueron emitidas el 15 y 16 de febrero pasado.

Pero en su intervención, Madero no habló sobre el informe del 10 de enero pasado, donde Edison Naranjo, inspector de Trabajo, sugirió una multa de 20 remuneraciones por 36 trabajadores, lo que ascendía a 277.920 dólares. La sanción se basa en lo que establece el Mandato Constitucional N.8 que prohíbe la intermediación laboral. “Furukawa ha realizado una maniobra patronal no muy ética al darle en arrendamiento las tierras a un grupo de trabajadores”, dice ese documento. ¿Cómo ahora la multa no contempla aquello?, fue consultado. El Ministro respondió que se había puesto la multa máxima y que continuarán las inspecciones en las 33 haciendas, sin dar más detalles. Tampoco sabía el número de inspecciones que se habían realizado a Furukawa en los 55 años, solo mencionó las tres de los últimos meses.

La rueda de prensa duró 14 minutos. El Ministro dejó los micrófonos mientras en el ambiente quedaron varias inquietudes. Los periodistas se quedaron en la sala unos minutos más. En ese momento, el funcionario regresó y respondió más preguntas. En esa conversación el funcionario confirmó que aún no se había sancionado la intermediación. “Es uno de los problemas. Y eso tendrá que demostrarse a través de los canales correspondientes. Será materia de análisis de un juez porque él va a determinar si las personas son trabajadores o no”. Pero la ley dice otra cosa.

El abogado y experto en derecho laboral, Cristóbal Buendía, dice que la Dirección Regional de Trabajo de Portoviejo, jurisdicción a la que pertenece Furukawa establecida en Santo Domingo, tiene la facultad de sancionar la intermediación. Eso lo establece el Reglamento para la aplicación del Mandato N.8, en su artículo 1, publicado en el Decreto Ejecutivo 1121. Estas irregularidades –agrega– se investigan cuando las denuncias son colectivas y las hacen los mismos afectados. Cuando son individuales pasan a un juez laboral. En el caso de Furukawa, 105 trabajadores y extrabajadores han puesto los reclamos ante esa instancia dirigida por Dalton Pazmiño. Él conoce el caso desde el 3 de abril pasado por denuncia de los mismos trabajadores.

Los abacaleros viven en las haciendas de Furukawa en condiciones precarias. Foto: Edu León

Buendía, tras revisar el contrato que suscriben los arrendatarios/trabajadores, consideró que se trata de una figura de intermediación que jurídicamente se conoce como una “simulación”. En otras palabras, a través de contratos civiles (arrendamiento) se simula una relación no laboral. “Le da una figura de arrendamiento, le quito lo que corresponde a inquilinato y dentro del objeto se establece la compra de un producto que está total y completamente vinculado a mi actividad principal”. Es decir, los obreros arriendan los predios para sembrar abacá y la venden a Furukawa, exportadora de abacá. Pero el gerente de la empresa, Marcelo Almeida, asegura que los contratos de arrendamiento son legales y legítimos.

Para el experto, Trabajo debe ir más allá. Cree que es necesario que se abra una investigación al interior del ministerio. “Esta figura cae en lo aberrante, es la meca de la aberración de lo que significa una intermediación laboral. Nunca ha visto un caso así”, exclamó el abogado Buendía, que entre otros casos ha defendido a los trabajadores del ingenio Ecudos. Explica que una vez que el Ministerio sancione la intermediación el efecto inmediato es el reconocimiento de las liquidaciones de los trabajadores y de todos sus derechos laborales (vacaciones, décimos, etc). Pero llegar hasta allá, advierte, puede implicar la liquidación de la empresa.

La máquina mortal. La desfibradora procesa el abacá. Un hilo de esa fibra puede cortar una extremidad.

Preocupado por las averiguaciones de esta alianza periodística y las preocupaciones manifestadas a otras autoridades, el Ministro llamó a la periodista de Plan V el pasado viernes por la tarde. Aseguró que las inspecciones a las instalaciones de la empresa siguen y que están en análisis posibles nuevas sanciones por la intermediación.

***

Hasta el momento, el 70% de las 33 haciendas de Furukawa ha sido inspeccionado y el 30% restante, sobre todo en Esmeraldas, sigue siendo revisado. La empresa tiene haciendas en esa provincia así como en Los Ríos y Santo Domingo. Solo en esta última se han encontrado más de 300 personas, incluidos niños y personas de la tercera edad, en esa situación precaria. En los próximos días, la Secretaría de Gestión de la Política espera tener los resultados finales.

Carlos Gómez de la Cruz, subsecretario de Gobernabilidad, confirmó que una de las medidas inmediatas que han tomado es garantizar que la empresa no desaloje a los trabajadores de las haciendas de Los Ríos y Santo Domingo. Mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha implementado un plan de ayuda humanitaria para que tengan comida e insumos de salud ahora que las instalaciones de la empresa han sido cerradas temporalmente. Prevé que esta situación dure entre uno y dos meses.

A largo plazo, el funcionario asegura que ya tienen en la mesa dos soluciones. Ambas se están analizando técnicamente. Informó a estos medios que está en conversaciones con Xavier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura. Una de las opciones es que los abacaleros continúen en su labor, pero bajo otras condiciones. La otra, que cambien de actividad. También estudian la relocalización de las personas en planes de vivienda que oferta el Gobierno.

Al ser consultado sobre cómo el Estado permitió una situación así durante tanto tiempo, el funcionario dijo que solo puede responder por esta última administración. “Es un tema complejo que implica decisión y de enfrentarse a un poder económico que ha existido en los territorios”. Manifestó que la empresa tiene un gran poder social y político en la zona. Por eso las coordinaciones se hicieron desde Quito.

Esta alianza periodística intentó comunicarse con Rodrigo García y Camilo Aurelio Salinas, gobernadores de Santo Domingo y Los Ríos, respectivamente. Pero no contestaron a las llamadas, ni a los correos y sus asesores prometieron revisar el pedido desde el 7 de febrero pasado y aún no hay respuesta. Los trabajadores han dicho que las autoridades locales no han reaccionado a sus denuncias. De hecho en una visita que hicieran a García salieron sorprendidos porque en su despacho había un cuadro con la imagen de un abacalero y su burro. Al verse allí retratados en esas condiciones se sintieron insultados.

También fue consultada Mary Verduga. Fue asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas por ocho años, en dos períodos, por Alianza País. Antes de lanzarse a la candidatura para Prefecta de la misma provincia, fue gobernadora por casi dos años. Como tal conoció del caso. El año pasado, Gestión de la Política le pidió que ejecute acciones sobre las demandas de los trabajadores, pero hasta el 21 de enero no habían tenido respuesta. Mary Verduga: en esa misma reunión dijo: “Alguien debe responder a la explotación de derechos de los trabajadores y las liquidaciones respectivas, sea quien sea”. Pero los trabajadores no reconocen ninguna acción de su parte. Estas redacciones la llamaron la semana pasada y por seis ocasiones a su número personal el lunes 25 de febrero. Sus asesores dijeron que sí atendería la llamada. Pero luego nunca respondió.

El jueves 21 de febrero, miembros de organizaciones de derechos humanos reunidos en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) coincidieron en que la respuesta que ha dado el Estado es insuficiente. Ese día se conformó un comité de solidaridad para apoyar a los afectados y vigilar las acciones del Estado, anunció David Suárez, investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Abrieron una cuenta para las donaciones (Produbanco: cuenta corriente N. 01033271014 a nombre de la Cedhu, RUC 1790895904001).

Furukawa es quizás uno de los casos de violaciones de derechos más documentados. Pero los afectados aún siguen esperando respuestas. Mientras tanto ellos avanzan en la formación de la Asociación Esperanza Nuevo Amanecer porque han entendido que juntos pueden defender mejor sus derechos.