De la Corte Nacional de Justicia a la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional de nuevo a la Corte Nacional de Justicia. El caso del periodista Freddy Aponte ha pasado por los más inimaginables periplos en los tribunales ecuatorianos. Él ha sido demandado en seis ocasiones por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, mejor conocido como ‘Chato’ Castillo.

Todo comenzó en 2008 cuando el periodista publicó denuncias sobre la compra de terrenos privados con fondos públicos. Según Castillo, Aponte lo tildó de ‘ladrón’, acusación que el periodista niega haberla emitido, pero que le costó un juicio por injurias.

En ese entonces, cuando el comunicador fue absuelto por el Juez de primera instancia, el político apeló a la sentencia y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja condenó al acusado a seis meses de prisión. A los ochos días de ingresar a la cárcel, su padre murió. Aponte no pudo asistir al velorio. Tras cumplir la mitad de la pena, el 28 de enero de 2009, fue liberado por buena conducta.

Al recuperar su libertad, el periodista intentó reintegrarse a su trabajo, pero le “cerraron la puerta”. Según denuncia, Castillo amenazó con que, si le daban trabajo, cerraría la radio apenas recuperase la Alcaldía. Entonces hizo un préstamo de 5.000 dólares al Banco de Loja para matricular a sus hijos en el colegio. Pero cuando el político obtuvo información de los fondos en su cuenta, ordenó el embargo del dinero. “No ha habido lugar en este mundo donde no me haya podido perseguir”, relató Aponte a la Mesa por la Verdad y la Justicia el 13 de noviembre de 2018.

No contento con la prisión del periodista, en 2009 el ‘Chato’ Castillo emprendió un proceso civil por daños y perjuicios, y exigió 1 millón de dólares de indemnización. El juez sentenció a Aponte al pago de 54.000 dólares, valor que no pudo pagar. Entonces el funcionario inició otro proceso legal para que se declare insolvente al comunicador, quien, tras no cancelar el dinero, fue condenado a cinco años de prisión en 2012 por la Sala de Conjueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja.

El 26 de marzo del 2013, la Corte Nacional declaró inocente al periodista; sin embargo, a los pocos días, el Alcalde de Loja presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). En 3 meses, se anuló la sentencia de inocencia de Aponte, argumentando falta de motivación. Rehusándose a aceptar una condena por delitos que no cometió, Aponte y su defensa presentaron nuevamente un recurso de casación ante la Corte Nacional que, por segunda vez, ratificó su inocencia. Castillo volvió a presentar un recurso contra la absolución de Aponte, el cual hasta la fecha no tiene sentencia.

En 2010, el periodista lojano fue declarado víctima por parte de la Comisión de la Verdad y Castillo fue reconocido como su victimario. Aponte denunció que, en junio de 2018,  fue la única víctima de la persecución del político lojano que no recibió la indemnización de 18.000 dólares, por parte del Ministerio de Justicia como parte de los acuerdos reparatorios a las víctimas. Afirma que la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado, manifestó que ella no podía entregar ese dinero, considerando que él fue declarado insolvente.

Tras un especial publicado en septiembre pasado por Fundamedios, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Édison Lanza, manifestó al periodista que presente su caso ante el organismo internacional.

“Vamos a hacer lo humanamente posible para que esto se evidencie ante el país y las víctimas podamos tener un espacio de reparación”, ofreció Paúl Jácome, presidente de la Mesa. Los demás integrantes concluyeron que la exposición de Aponte demostró la persecución política de la que ha sido víctima durante la última década.

Fuentes: Fundamedios y Rayuela Radio.