En 2012, la extintaSecretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana impulsó el proyecto “Creación de Red de Comunicación Alternativa de Medios Comunitarios Públicos y Privados Locales”, que recibió un financiamiento de 12,6 millones de dólares. Como parte del proyecto,  las radios recibieron equipos. Fue el caso de los medios que pertenecíana los waorani (Wao Apeninka, 91.1 FM), andwa (La Voz de la Frontera, 95.9 FM), shiwiar (Tarimiat, 93.5 FM) y saparas (Nase, 92.7 FM), en El Puyo; a los cofanes (Tsanda Jenfa 90.0 FM) en Nueva Loja y a los Tsáchilas (Seque Pamin, 102.5 FM) en Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas obtuvieron sus transmisores definitivos en marzo del 2013 y tres de ellas desarrollaron una página web.

La meta de este proyecto fue lograr la creación y consolidación de 54 radios comunitarias, que debía ser cumplida hasta el año 2015. Pero al 2015, solo se habían creado 14 radios comunitarias para 13 nacionalidades indígenas. Una investigación publicada en Plan V detectó múltiples problemas como la falta de frecuencias, el papeleo y la imposición de contenidos. Una de las obligaciones de las radios para mantener el contrato publicitario con las gobernaciones fue difundir en sus espacios informativos las noticias o editoriales de los medios de comunicación públicos y gobiernistas, tales como el PP, El Telégrafo y El Ciudadano.

En febrero de 2015 concluyó el plazo de la concesión de frecuencias temporales a esos medios. Pero no contaron con la frecuencia definitiva, a pesar de que habían presentado los documentos que les exigía la Ley: el proyecto de sostenibilidad, el proyecto comunicacional y el plan de gestión, tanto al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel,  como al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, Cordicom.

El 30 de junio de 2016, culminó el plazo para la presentación de propuestas para el concurso de frecuencias de radio y televisión, en donde se esperaba que se otorguen frecuencias bajo la modalidad comunitaria, ya que el 65% del espectro radioeléctrico, es decir 1.472 frecuencias,  serían distribuidas de forma equitativa: un 33% para medios privados, 33% públicos y 34% comunitarios, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) vigente. Las concesiones se debían entregar por 15 años y serían renovables.

Sin embargo, para  inicios del año 2017, la distribución del espectro radioeléctrico en el país alcanzaría las siguientes cifras: 71,4% de frecuencias en manos privadas o comerciales, el 24,9% para el Estado y apenas el 3,7% de frecuencias se considerarían comunitarias. Hay que tomar en cuenta que estas cifras corresponden únicamente a estaciones de radio AM y FM y no se han  desagregado como “comunitarias” a las radios religiosas evangélicas o católicas que reclaman ese estatus y se agrupan principalmente en la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (Corape). Es decir, que el porcentaje de radios realmente comunitarias es menor.

Según los resultados de la convocatoria al concurso de frecuencias, de las 846 frecuencias comunitarias que salieron al concurso, solo se presentaron 269 solicitudes, es decir apenas hubo interés por el 32% de la oferta. De estas solo 143 (52%) pasaron a la segunda etapa del concurso y las restantes 126 fueron descalificadas. Pero en septiembre de 2018, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) dispuso la anulación del concurso. Esa fue la recomendación que hiciera la Contraloría al detectar numerosas irregularidades.

La dirigencia y organizaciones piden que las radios comunitarias no salgan afectadas en ese proceso. La Conaie sostuvo una reunión con Guillermo León, exministro de Telecomunicación, para viabilizar opciones que favorezcan a este sector.