Manuel Cornelio Trujillo Secaira nació el 1 de enero de 1965, en Sanabanán, un recinto que no existe en los mapas. Sanabanán está a 20 minutos de Chillanes, cantón de la provincia de Bolívar. En los archivos digitales no hay fotos ni ubicación de ese lugar. Apenas está mencionado en documentos oficiales. Tiene una escuela para 25 niños y un profesor. También una guardería. Y una vía de tierra. De ese lugar invisible para el Estado y para un país entero es uno de los activistas más obstinados en defender el agua. A Trujillo esa lucha le ha costado más de 30 denuncias judiciales, agresiones y humillaciones. Es el líder comunitario con más procesos en el país.

Manuel Trujillo tiene 54 años. A los 29 años llegó a esta comunidad y se dedicó a la agricultura. Pero la llegada de Hidrotambo y su proyecto hidroeléctrico lo empujaron a liderar la defensa del agua de su comunidad.

Ese carácter, quizá, lo debe a su infancia. Su padre fue un humilde agricultor con nueve hijos. Era un hogar donde abundaba la pobreza. Por eso Trujillo fue regalado a su abuela para que lo criara. Pasó de pueblo en pueblo y de escuela en escuela. El sexto grado se lo pagó él con el dinero que le dejó el oficio de lustrabotas. Terminó la primaria y a los 11 años se fue a Guayaquil. Siguió como lustrabotas y durmió bajo puentes. Su familia ya era una extraña en su vida. Intentó quedarse en Chillanes, pero prefirió enlistarse en el cuartel en Ambato.

El activista señala las afectaciones que dejó la construcción de la hidroeléctica en el cauce del rio Dulcepamba.

Al salir su nuevo rumbo fue Quito. Sin trabajo ni profesión se convirtió en un cargador. Consiguió empleo en una fábrica de sombreros y luego en una de colchones. En ese lugar aprendió a usar la lana de ceibo. En eso trabajó de día y en la noche como taxista. Se independizó y puso su propia colchonería en 1992. Se casó. Pero a Trujillo también lo alcanzó la crisis bancaria. Cuando el banco de los Andes quebró, perdió 18 millones de sucres. No tuvo otra alternativa que regresar a Chillanes.

Pero antes había logrado entrar en el colegio Electrónico Pichincha. Aunque no terminó fue dirigente estudiantil. En ese tiempo además fue uno de los fundadores del barrio marginal Inticucho, ubicado en el noroccidente de Quito. Pero su situación económica lo devolvió a Chillanes en 1993 y se quedó en la comuna San Pablo de Amalí. Allí tuvo su primer contacto con las causas sociales. Fue voluntario de la ONG Plan Internacional y más adelante fue dirigente del Seguro Social Campesino de su provincia y parte de la directiva nacional. Como tal encabezó una huelga en contra de medicinas caducadas. Fueron esas primeras luchas lo que lo formaron y lo metieron en la dirigencia comunitaria de la que no saldría nunca más.

Sus hijos y nietos en su casa en San Pablo de Amalí. Todos se dedican a las labores del campo. 

Arriba. La casa de Manuel Trujillo está pegada al Dulcepamba y aún se observan los restos de su antigua hogar que fue arrancado por el río. Abajo. Los nietos de Trujillo en una de la habitaciones de la humilde casa.

No es tierra de nadie

San Pablo de Amalí es otro pueblo sin registro en un mapa. Fue fundado en la década 1950 por tres familias de la zona y hoy apenas tiene 168 habitantes dedicados a la agricultura, en su gran mayoría. Es un lugar cálido rodeado de un verde profundo. Sus casas tienen paredes pálidas y techos de zinc oxidado o de plástico. La escuela está en la mitad del pueblo con una cancha de fútbol de tierra. Sus calles también son de tierra. Es un pueblo callado. Su silencio sería total si no fuese por el bramar del río aledaño, el Dulcepamba, la bulla de las gallinas en el día y de los grillos y sapos en la noche. A ese recinto llegó Manuel Trujillo cuando tenía 28 años. Se dedicó a la agricultura como todos en la zona. Tiene plantaciones de naranja. Siempre viste de cinto, botas y gorra para sus faenas.

San Pablo de Amalí está a una hora de Chillanes. Allí se cultivan sobre todo cítricos.

San Pablo de Amalí era un pueblo tranquilo —recuerda— hasta que llegó Hidrotambo en el 2003. La empresa privada construyó una hidroeléctrica frente al pueblo y sobre el río Dulcepamba. Pero le tomó años terminar la obra, cerca de 10, por la oposición de la comunidad. Un conflicto que derivó en otros: el desvío del río y la legalización de agua que no existe a favor de Hidrotambo.

Trujillo es su principal cuestionador. “No nos opusimos de una, sino que empezamos a salir para hacer investigaciones”. Con cinco vecinos más, Trujillo viajó hasta la hidroeléctrica Sibimbe, ubicada entre las ciudades de Echeandía y Ventanas (provincias de Bolívar y de Los Ríos). Asegura haber visto destrozos y afectaciones a la comunidad. A su regreso alertó a su gente. Pero hubo un episodio más que el pueblo no perdonaría hasta ahora. Se dio en 2005, durante el levantamiento topográfico para iniciar la obra. Con ayuda de la Policía — asegura el activista—, los trabajadores de la empresa  Coandes, la primera constructora de la obra, botaron los cultivos de los campesinos sin tener una orden judicial o sin haber comprado los terrenos.

Esa arbitrariedad marcaría la relación hidroeléctrica-comunidad. “Creyeron —dice Trujillo— que San Pablo de Amalí era tierra de nadie”. Los reclamos también fueron por la falta de información y porque la comunidad no fue consultada por las autoridades antes de aprobar la obra. Los ánimos subieron de tono con las expropiaciones de los terrenos. Así empezaron los enfrentamientos. La época más difícil fue entre el 2006 y el 2008. En esos años la disputa fue entre la población y los militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la segunda contratista del proyecto hidroeléctrico. Un video de Acción Ecológica ha quedado como único testigo de esa parte de la historia de la comunidad. Retrata los hechos de enero de 2007. Militares lanzaron gases lacrimógenos y los habitantes corrieron en medios de gritos. El episodio dejó ocho heridos, uno de ellos sale con su ojo derecho sangrando. Allí aparece Manuel, sin las canas de ahora, pero golpeado y sangrando por su oreja derecha. Según un informe de la Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí de 2013, 300 militares participaron en ese operativo contra el pueblo ya organizado y rebelde. “Empezaron las detenciones. Dos veces —asegura Trujillo— me llevó el Ejército amarrado”. Sus primeros procesos judiciales fueron por daños a los bienes públicos. Se abrieron numerosos procesos penales contra los pobladores y sus dirigentes detenidos de forma temporal.

La comunidad no estaba dispuesta a ceder y se encendió más cuando se enteraron que los militares —para entonces sus principales enemigos— tenían el apoyo del Alcalde de Chillanes, quien les proveía alimentos. Los agricultores se tomaron el municipio y durmieron ocho meses afuera de ese edificio en el 2007. “Una noche nos metieron 130 policías a 40 personas. Esa noche detuvieron a 25. A la mayoría les pegaron y les metieron gases. A mí no me pegaron, pero me llevaron amarrado. Pasamos 68 días presos”. Pero la Asamblea Constituyente de Montecristi les concedió la amnistía por la defensa de sus comunidades y de la Naturaleza. Trujillo y la comunidad obtuvieron además el respaldo de las principales organizaciones de derechos humanos del país (Inredh, Cedhu y Acción Ecológica) porque la lucha que pintaba como interminable.

116 lunes

San Pablo de Amalí queda a una hora de Chillanes. Pero quizá el trayecto pudiera tomarse menos tiempo si la carretera no estuviese tan mala. Por la noche, con lluvia y neblina, manejar por esa zona bien puede ser un deporte extremo. Las curvas de la carretera de tierra aparecen una atrás de otra sin cesar. La vegetación a cada lado del camino son las únicas señales naturales de tránsito que guían al viajero. Pero Trujillo está acostumbrado. Vive de la venta de sus cosechas y con su camión circula por todo el cantón dejando sus productos. Ninguna de esas curvas le interrumpe su relato sobre su vida como activista allá en el centro del país.

Es una carretera que la conoce muy bien no solo cuando maneja. Sino también a pie. Por allí subió y bajó en innumerables ocasiones cuando el invierno bloqueaba el tránsito. Pero ese trayecto lo hizo, por obligación, durante más de dos años. Debía ir al juzgado de Chillanes a firmar cada lunes. Esa medida se le impuso mientras enfrentó un proceso por terrorismo y sabotaje. Para ser exactos fueron 116 lunes, mientras el proceso estuvo estancado por dos años. Aunque fue amnistiado y calificado con luchador social, las demandas en su contra no terminaron.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército dejó el proyecto y este se quedó estancado hasta el 2012. Hidrotambo retomó las obras y firmó un nuevo contrato con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), que fue criticado por organizaciones sociales.

En esa época de nuevo de los uniformados antecedieron a las máquinas. Pobladores que se resistieron a dejar sus terrenos e intentaron impedir que las maquinarias operen en sus propiedades. También empezaron las explosiones de dinamita contra las rocas para avanzar con la obra. De esos episodios dos mujeres resultaron heridas y Trujillo acudió a la Comandancia de la Policía, en Quito, para pedir que una comisión verifique los hechos.

Pero el día de la inspección hubo nuevos enfrentamientos. El informe de la Comisión de Paz y Verificación lo relata así: “El día 14 de agosto, horas antes de la llegada de esta comisión, un grupo de policías al mando del Mayor Albán Moreta, con trabajadores de la empresa y varias personas presuntamente contratadas, recorrieron la comunidad agrediendo verbal y físicamente a la población. Ante la reacción de las personas, la policía utilizó gas lacrimógeno y destruyó el puente que utiliza la comunidad para cruzar el Río Dulcepamba”.

Ese conflicto se dio en las compuertas de la hidroeléctrica. La gresca comenzó con los jóvenes de la comunidad que quería bañarse en esa parte de la obra. Algunos policías por cogerlos se cayeron al río y resultaron heridos. Mientras eso ocurría en el río, Trujillo recuerda que estaba en una piedra con su nieta de cinco meses en los brazos. “Cuando llegó un patrullero, un policía se bajó, sacó el revólver y me disparó. Fueron cuatro tiros a 10 metros, pero no me pegó. Había como 50 personas jugando vóley en una cancha de por arriba. Corrí hasta allí con mi nieta en los brazos porque yo quería ir a dejarla. La gente se fue encima de la Policía y es verdad que le dieron tres piedrazos al patrullero”.

Esa es la versión del Trujillo, pero para la Policía, él cometió un delito de terrorismo. Como evidencia usaron la fotografía de un pedazo de tubo de plástico de color blanco con un palo insertado en uno de sus extremos. “Todo lo cual forma un instrumento artesanal comúnmente llamado bazuca”, decía el parte policial. Esa fue una de las pruebas para levantarle los cargos de terrorismo.

Manuela Pacheco, en cambio, estuvo en su casa haciendo sus quehaceres y limpiando cacao, según su testimonio. Pacheco vive desde hace 50 años en la comunidad. A ambos les impusieron una boleta de captura. Huyeron. “Nunca antes —dice la mujer— tuve una denuncia ni por el daño de una gallina”. Su casa está llena de ellas. Las aves la siguen clamando por comida. Vive con su esposo quien tiene una discapacidad. “Casi perdí a mi marido (porque no hubo quien lo atienda). Ha sido una vida sin vida desde que ellos (se refiere a Hidrotambo) entraron a la población”. Dichas órdenes fueron revocadas el 5 de diciembre de 2012 por la movilización de la comunidad y la presión de diversos actores sociales. Pero el proceso judicial continuó.

Manuela Pacheco cultiva productos y cría aves. Ella fue procesada por terrorismo, pero declarada inocente 4 años después de iniciado el proceso legal en su contra.

Con esa presión en los líderes, la lucha bajó de tono. Los trabajos fueron concluidos y la hidroeléctrica empezó a operar en el 2013. El apoyo al proyecto fue tajante desde lo más alto del poder político. En el moderno Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en Valencia, Rafael Correa cuestionó un informe de la CEDHU sobre posibles desplazamientos en la comunidad. Correa estaba de gira en España y desde allá respondió a las críticas. Otrora, Correa —como candidato presidencial en 2006— había llegado a la comunidad para hacer una promesa. “Estimados compañeros, ustedes como pueblo, como dueños de la comunidad no quieren y no se hará Hidrotambo”. Son las palabras que se le grabó a Trujillo de esa visita.

La justicia emitió una boleta de captura en su contra. Huyó por un mes a Guayquil y dejó solo a su esposo que tiene una discapacidad. A su regreso, lo encontró muy enfermo.

En la sabatina del 20 de abril de 2013, el funcionario encargado de desmentir la denuncia fue Francisco Vergara, entonces director del Conelec. Mostró la imagen de una humilde casa de madera de la señora Carmen Elisa Guanulema. Dijo: “(allí es) donde vive y ha vivido”. Sobre Trujillo y Pacheco, el funcionario recalcó que ninguno de los dos tenías propiedades comprometidas por el proyecto.

Para entonces la construcción de la hidroeléctrica causaba temores. Pues como quedó, la comunidad advirtió que el río fue desviado. Algo que la empresa ha negado hasta la fecha. Trujillo advirtió que en el primer invierno se iban a ir casas y haber pérdidas humanas y de los sembríos que tenían al lado del río. La tragedia llegó en 2015 y Trujillo y Pacheco perdieron propiedades. Él una casa; ella un terreno. “Yo le conozco a mi río —eleva la voz Trujillo para comentar lo sucedido—. Yo no nací allí, pero bajaba desde niño”.

Cansancio, pero no tregua

En el 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar ratificó la inocencia de Trujillo y Pacheco. Después de ganar el juicio por terrorismo, decidió retirarse por un año. Llegó psicológicamente agotado y enfermo a la última audiencia. Se le alteró la presión. Además del agobio de las deudas. Justo antes de que su casa fuera arrastrada por el río hizo un préstamo de 2.500 dólares. Tenía el dinero en efectivo en el bolsillo de un pantalón que se le fue en el agua. Aún no termina de pagar esa deuda.

Pero nada de eso le ha impedido retomar la lucha contra Hidrotambo. Aunque reconoce que después de 16 años de activismo, su comunidad ha quedado dividida. “Quizá dentro de mi comunidad ya no tengo apoyo, 14 años, 18 años que se ha luchado y no se ha sacado un resultado. Hay un grupo que está a favor de la empresa”. Esta ha sido su principal detractora. Lo tachan de liderar ‘un pequeño grupo de obstinados’. El abogado de la empresa, Eduardo González, dice que el único problema (o riego) es la casa de Trujillo. Según el jurista, Trujillo pidió que se le haga la nueva casa en el mismo terreno que está al filo del río. “Está esperando otro invierno se le vaya la casa y levantar otro problema”.

Pero para Trujillo la disputa es otra: “El peor pecado (de Hidrotambo) fue haberse concesionado el agua desde las vertientes”.  Defender el agua de su comunidad lo ha marcado en los últimos años. No es coincidencia que su abogado sea Yaku Pérez, otro líder criminalizado por esa misma lucha en los páramos del Azuay. Ambos salieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, para la marcha nacional por el agua de noviembre de 2018. Trujillo ha pasado 16 años frente a la defensa de San Pablo Amalí, pero aún le queda un sueño: ser abogado defensor de DDHH.