Tito Galo Lara Yépez fue asambleísta por el partido Sociedad Patriótica entre 2009 y 2013. Fue una de las figuras visibles de la oposición al gobierno de Rafael Correa y denunció irregularidades en varios contratos. Entre ellos estuvieron los radares chinos, el caso Vialmesa (monopolio del transporte estatal de úrea en el país), la Corte ‘cervecera’, el caso del Pacific National Bank, los helicópteros Dhruv. También llevó a juicio político al ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, por presuntos sobreprecios e irregularidades contractuales en la construcción de carreteras.

En septiembre de 2013, Lara fue sentenciado a 10 años de prisión por supuesto cómplice de un triple asesinato. El crimen ocurrió el 4 de agosto del 2011 en el recinto Balcerío, del cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Ese día, Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y su hijo, de tres años, fueron degollados y arrojados en el río Umbe, a 200 metros de su casa, que fue incendiada. La Fiscalía sostuvo que Lara ordenó depósitos bancarios por USD 30.000 para financiar supuestamente la promesa de pago para que se cometiera el triple asesinato. La pareja del exasambleísta, Carolina Llanos, fue sentenciada como autora intelectual del crimen a 20 años de prisión junto a tres hombres que se los acusó como sicarios.

Lara fue vinculado al crimen en abril de 2012, cuando aún era asambleísta. Amenazó con “pelear en el lodo” y revelar aspectos personales de Correa. En diciembre de ese mismo año fue absuelto por la Corte Nacional de Justicia. Pero el 2 septiembre de 2013, en una nueva audiencia, fue condenado por la misma Corte como cómplice tras el testimonio verbal de un solo testigo. Días después, Lara viajó por tierra a Colombia y Panamá. El 19 de mayo de 2014, Panamá le revocó el asilo territorial. El 14 de noviembre fue extraditado a Ecuador. Las autoridades ecuatorianas exhibieron en televisión su traslado, encadenado y con uniforme de reo. Fue encarcelado en el Centro de Rehabilitación de Latacunga en una celda de aislamiento. En agosto de 2015 fue trasladado a la cárcel Regional 8 de Guayaquil supuestamente por riesgo de que el volcán Cotopaxi erupcione.

Desde entonces, Lara se ha considerado un perseguido político y que su proceso estuvo plagado de irregularidades, faltas al debido proceso y pruebas cuestionadas. Pero también denunció tratos degradantes desde que ingresó a la cárcel. “Parece que la condena contra Galo Lara no es a diez años de prisión sino a muerte, dice su defensa”, empieza un artículo de Plan V publicado el 8 de noviembre de 2016 titulado La muerte en vida de Galo Lara.

Por medio de cartas escritas en prisión, a las que tuvo acceso el medio, el exasambleísta narró las condiciones en las que se encontraba. Dijo que ha sido el único preso del Ecuador al cual han extraditado con cadenas en el cuerpo, grilletes y esposas en las manos. Es decir, estuvo literalmente encadenado, algo prohibido por los estándares internacionales. Sus abogados enviaron una denuncia al Comité contra la Tortura de la ONU.

En julio del 2018, el equipo investigador de la Defensoría del Pueblo encontró que el político aún conservaba las huellas en sus muñecas por el uso prolongado de los grilletes. El informe señala que de acuerdo a las Reglas Mandela —que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos— que el uso de cadenas, grilletes innecesarios, están prohibidos. En el caso de Lara lo constataron por una excoriación que se mantiene en uno de sus tobillos.

En ese traslado de Latacunga a Guayaquil le fueron incautados, dijo a la comisión investigadora, su escapulario, su Biblia, y los medidores de presión y azúcar por sufre de diabetes avanzada. En esa cárcel también le quitaron sus zapatos especiales para su pie diabético y sus reclamos de devolución no fueron atendidos. El no tener atención debida a su enfermedad hizo que esta empeorara, tuvo problemas emocionales por impedimento de visitas íntimas y familiares, perdió parte de la audición del oído derecho y parte de la funcionalidad del ojo derecho. No podía acceder a sus medicinas sino solo comprándolas afuera. Hizo 52 peticiones escritas a todas las autoridades, especialmente a la Ministra de Justicia (en ese época encabezado por Ledy Zúñiga) y nunca fueron respondidas. También refirió ser víctima de constantes allanamientos a su celda, sin motivo aparente.

“Han llegado al extremo de quitarme mi Biblia, mis medidores de azúcar y de presión, mis zapatos para uso diabético”, escribió en una misiva dirigida a monseñor Fausto Trávez, arzobispo de Quito, en 2016 “para rogarle su intervención” para que respeten sus derechos humanos.

En la carta al prelado aseguró que no ha tenido visitas íntimas por más de dos años y “aunque ellos (los del Ministerio de Justicia) las publican en su página web con fechas, día y hora y no se dan”. Denunció que desde marzo de 2016, los médicos del Ministerio de Salud ordenaron cuatro veces, por escrito, a Justicia que le devuelvan sus zapatos. Y solo así lo hicieron. “Mi pie izquierdo se está deformando, las plantas y los talones me duelen, los calambres en las noches también son dolorosos”. Todos esos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas.

El 3 de agosto de 2018, el juez José López le concedió la prelibertad tras cumplir 4 años de cárcel, más del 40% de la pena. Sus coidearios como el expresidente Lucio Gutiérrez, su hermano Gilmar Gutiérrez, la exasambleísta Lourdes Tibán, el expresidente de la Corte Guillermo Castro lo acompañaron en la audiencia. También estuvo el expresidente Abdalá Bucaram.

En octubre de ese mismo año se conoció que un video que fue subido a YouTube el 3 de julio del 2012 y que la Fiscalía General lo usó como prueba para acusar a Lara habría sido grabado por personal de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y otros dos miembros de la Policía Nacional, según el documento ‘secreto’ de la  Secretaría de Inteligencia (Senain), desclasificado por orden del presidente Lenín Moreno. Estos documentos fueron entregados a Lara el 1 de octubre, luego de una solicitud pública y formal que hiciera para que Moreno desclasifique los documentos denominados como “Independencia”. Sus revelaciones fueron publicadas en Plan V.

Carolina y Gilbert Llanos

En la caso de Carolina Llanos —pareja de Galo Lara quien está detenida por una sentencia de autora del triple crimen de Quinsaloma— la delegación de la Defensoría del Pueblo encontró que, el día de la visita, ella se encontraba en buenas condiciones de salud, con ropa adecuada y lúcida. Ella dijo que al momento de su detención no sufrió tratos crueles y degradantes; pero el día de su detención ella estaba embarazada, lo cual constituye violación a los derechos humanos, y es algo expresamente prohibido por el Código Integral Penal.

Ella también denunció que después de una audiencia de formulación de cargos en Ventanas, provincia de Los Ríos, ella sufrió un atentado con ácido a pesar de estar bajo la protección de la fuerza pública. Y luego, tras su ingreso a la cárcel de mujeres de Guayaquil, fue agredida por varias mujeres cuando estaba en el baño. Ella cree que estas mujeres que la golpearon estaban pagadas por alguien porque la buscaron de celda en celda, preguntando por su nombre a las otras reclusas. Luego de golpearla rociaron líquido inflamable sobre ella e intentaron prender fuego. Por esta golpiza, Carolina Llanos perdió a su hijo de casi nueve semanas. No fue atendida oportunamente. Tras esa pérdida tuvo dos legrados que fueron mal tratados médicamente, según dijo a la Defensoría del Pueblo.  

“…La señora Geomar Carolina Llanos Romero es sometida a torturas durante al menos veinte minutos sin que aparezca un solo celador, un solo agente del orden para evitar su suplicio y violación, fue agredida con una barra de hierro, le fue rociada gasolina luego de haber sido obligada a desnudarse, entre sollozos y gritos desgarradores (sic)…”, publicó el portal Mil Hojas citando una investigación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) de 2015. Este caso no fue investigado.

La Defensoría recomendó al Estado que investigue las circunstancias y actores en las cuales Carolina Llanos fue maltratada dentro del centro penitenciario, lo que le produjo la interrupción violenta de su embarazo, a lo cual se unió la falta de atención oportuna y adecuada.

Los investigadores constataron en su visita que estaba en buenas condiciones y que recibe regularmente la visita de su hermana y de su hija de 19 años de edad, y aunque tiene dos hijos menores, gemelos, ella prefiere que no la vean en la cárcel.

Para su hermano, Gilbert Llanos, detenido en la cárcel de Latacunga por el mismo caso, la situación es complicada, según constató la Defensoría.  El hermano de Carolina, también preso por el mismo caso, dijo que se encontraba mal de salud y que no recibía atención oportuna. Que compartía su celda con otros tres internos pero que las condiciones sanitarias eran precarias: el agua solo se recibía durante una hora y media por la mañana y era “de color tamarindo”. La situación del agua en la cárcel de Latacunga ha sido denunciado por Plan V desde el 2015.

Llanos sobre la luz eléctrica dijo que la reciben desde las 17:00 hasta las 22:00. El resto del día no hay servicio. La comida es muy poca, de mala calidad, dijo, y causa constantes problemas estomacales. La gente está enferma constantemente por la comida y el agua. Ha pedido constantemente traslado a Guayaquil, pues su familia vive en la costa, pero no ha sido atendido. Fruto de la lejanía con su familia, recibe muy pocas visitas, y su esposa no sube a verlo porque está con cáncer.