A las orillas del río Dulcepamba se libra una batalla por el agua. La cuenca hidrográfica de ese afluente nace en las cumbres andinas y desciende hasta la Costa. Atraviesa los cantones San Miguel y Chillanes, de la provincia de Bolívar. A ese sector se lo conoce como el granero del Ecuador. De allí se estiman que salen aproximadamente 40 cultivos que abastecen al país. Desde productos de la Sierra como la papa y el fréjol hasta los cítricos de la Costa. Es un zona cuya vida está marcada por la agricultura. Y por el agua. En la memoria de sus habitantes están las cosechas y el río benefactor de sus cultivos. Todo estaba en armonía —dicen— hasta que llegó la empresa Hidrotambo.

Sobre las rocas del río Dulcepamba han quedado grandes tubos de cemento de la construcción de la hidroeléctrica.

Fotos: Luis Argüello

Un pueblo enfrentado a una hidroeléctrica

San Pablo de Amalí es una pequeña comunidad del cantón Chillanes. Se llega a ella por una estrecha carretera de tierra que desciende desde Chillanes hasta ese pueblo que se ha convertido en símbolo de resistencia y de lucha por el agua. El viaje es un testimonio más de las bondades de esa zona geográfica, escondida en el centro del país. En solo una hora, el visitante pasa del gélido frío a un ambiente templado y agradable. El río Dulcepamba es la sinfonía del lugar: fuerte y atemorizante se lo escucha a metros de distancia.

Frente a esta población se construyó el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo a cargo de la empresa privada Hidrotambo S.A., conformada por los capitales de las empresas nacionales Bienes Raíces de la Sierra Puntosierra S.A., Corporación para la Investigación Energética, Plasticaucho Industrial S.A., Textiles Industriales Ambateños S.A. (Teimsa) y la empresa suiza Magistra Schenk Francesco María.

En San Pablo de Amalí sus habitantes se dedican a la agricultura. Los productos los venden en poblaciones aledañas y luego son trasladados hasta las grandes ciudades.

Desde la población se observa la hidroeléctrica inaugurada en el 2013. Es una construcción gris que se asienta bajo la intersección de dos ríos: el Congón y el Dulcepamba. La edificación contrasta con las verdes montañas de su alrededor. Manuel Trujillo, líder de San Pablo de Amalí, acude siempre a ese sector para describir el daño que ha hecho la empresa al río. Señala el amontonamiento de piedras en una de los orillas. Eso —asegura— ha provocado que el río se desvíe y vaya directo hacia la comunidad. Para él, la solución es sencilla: quitar esas rocas (material que dejó la construcción de la hidroeléctrica) y poner un muro de contención. Río abajo, pasando la comunidad, se observa grandes tubos de cemento que han quedado sobre las rocas. Antes el río  —señala con su brazo— se iba recto. “En la parte de abajo usted ve una gran plancha de cemento, cuando llueve ellos siguen teniendo cerradas las compuertas y el agua sale direccionada a mi casa. De allí coge para abajo”.

Hidrotambo está ubicada frente a la población de San Pablo de Amalí, que se opuso a su construcción.

El diseño de la hidroeléctrica tienen muchas fallas, según Rachel Conrad, analista ambiental y directora del proyecto socio ambiental Dulcepamba. La de Hidrotambo es un tipo de hidroeléctrica que se las conoce como “de pasada”. Esta no tienen embalse que acumulan el agua. Es un tipo de infraestructura que desvía una porción del agua de los ríos hasta una casa de máquinas para hacer funcionar las turbinas y generar electricidad. El río es devuelto a su cauce unos 2 km abajo de la obra. “Hay formas de aliviar los excesos para que no haya embates en los alrededores. Pero esta hidroeléctrica alivia los excesos de agua hacia la comunidad”. La investigadora sostiene que el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa dice que cuando termine de construir la obra, devolverá el río al cauce natural. En efecto, en ese documento, Hidrotambo señala lo siguiente: “Una vez construidas las obras de captación, el curso del río retoma a su cauce original”.

Las casas han quedado al borde del río y corren riesgo inminennte. Dicen los habitantes que el río ha entrado unos 100 metros de su cauce natural hacia la comunidad. 

Pero eso no ha ocurrido porque para Hidrotambo no hay un desvío del río. Eduardo González, abogado de Hidrotambo, dijo a Plan V que la empresa construyó una “pequeña captación lateral de aguas, no represa un solo litro de agua. Se conduce bajo un canal bajo tierra cubierto, llegan a un tanque de carga que tiene una superficie aproximada de una cancha de voley y por precipitación cae a la casa de máquinas. Es decir es un proyecto que no genera ningún efecto negativo para la población  porque la misma cantidad que entra es la misma cantidad que es entregada de vuelta al río”.

El jurista argumenta que en la unión de los ríos Congón y Dulcepamba, sus aguas chocan contra una gran roca. “En épocas de invierno cuando existen grandes volúmenes hídricos que vienen por esos dos ríos, esas aguas chocan contra esa peña  y hace un efecto rebote y eso ha ocasionado que se desgaste el talud  sobre el que se encuentra una casa, cuya propiedad fue adquirida por la empresa con el propósito de evitar cualquier problema (se refiere a la casa de Manuel Trujillo). Pero lamentablemente dicho ciudadano a pesar de haber recibido el valor de ese terreno continuó con este tipo de reclamaciones aduciendo que él es víctima de prejuicios que son de orden natural”.

Hidrotambo asegura que la tragedia de marzo del 2015 y otras inundaciones ocurridas en el 2017 y en febrero de este año fueron causadas por fenómenos naturales. En abril del 2015, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad hizo una inspección al proyecto. En sus conclusiones afirma que las crecidas de los ríos del sector “se debieron a un fenómeno de la naturaleza similar a los acaecidos en 1982 y 1997 por el fenómenos de El Niño”. Y asegura que el proyecto no es “responsable directo de los daños ocasionados por el río Dulcepamba a la población de San Pablo de Amalí”. Con ese documento la empresa ha salido al paso de los cuestionamientos. Pero en ese informe también se agrega lo siguiente: “sin embargo, la gran cantidad de material acumulado en la zona de la captación del proyecto afectó el margen izquierdo del río donde se ubica esta población”.

Las aguas del río descienden hacia San Pablo de Amalí desde 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Según la empresa, esa corriente es capaz de arrasar con todo y llegan con una “fuerza incontrolable”. Pero los habitantes de San Pablo de Amalí no recuerdan tragedias anteriores a las del 2015. El abogado Eduardo González dice que el proyecto no contempla la construcción de ningún muro, ni es obligación de la empresa. “No habrá obra, por monumental que sea que detenga la fuerza de las aguas”.

El invierno afecta a la comunidad. En febrero de 2019, el río se llevó dos casas y afectó parte de la carretera.

Mientras tanto los pobladores temen que la tierra y la piedra suelta —que dejaron las explosiones de dinamita para construir el proyecto— se acumulen y siga desplazando el agua hacia la comunidad. La investigadora Rachel Conrad, quien vive en la zona, cuenta que antes había rocas inmensas en el río que amansaban el agua y allí se depositaban los escombros que traía la corriente. Esas rocas — dice—  fueron dinamitadas para instalar la obra. En las montañas verdes que están alrededor del proyecto se observa la tierra café que no deja de desprenderse.

Rachel Conrad, investigadora que vive en la zona, afirma que antes de la llegada de Hidrotambo no había taludes como los que se ven en esa montaña que está frente a su casa. Fotos: Luis Argüello

Los efectos de la hidroeléctrica son muchos, según los habitantes. Incluso ha hecho que disminuya la cantidad de peces. Abajo de la hidroeléctrica, el río se seca totalmente y no sube ni baja pescado. En su memoria han quedado las faenas de una hora donde recogían peces para la alimentación de dos días.

Un informe de la Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí de 2013 denunció abusos por parte de la empresa y daños al medio ambiente. “Hidrotambo realizó en forma permanente detonaciones con explosivos en las riberas del río Dulcepamba con el propósito de abrir vías para la instalación de la tubería, provocando severos daños en viviendas de la comunidad a causa de los movimientos sísmicos y afectaciones psicosociales”, reportó la Comisión conformada por ocho organizaciones de derechos humanos, quienes agregaron que la empresa avanzó sobre predios sin que tenga órdenes de expropiación.

En el 2015, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INRED), que fueron parte de esa Comisión, presentaron el informe Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador. Allí adelantaron que el proyecto podría afectar a unas 74 comunidades entre pueblos indígenas, campesinos y montubios en virtud de la concesión del agua de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba, principal fuente de abastecimiento para el consumo humano y agrícola de la comunidad San Pablo de Amalí. También denunciaron irregularidades en el proceso de concesión, incluyendo la falta de consulta previa, un derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas.

Las protestas de la comunidad contra la hidroeléctrica datan desde el 2006 cuando inició el proyecto. Ese camino es otra tragedia para la población que busca legalizar el acceso del agua al que Hidrotambo se ha opuesto.