El colectivo Yasunidos se formó a partir de agosto de 2013, cuando el presidente Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa Yasuní-ITT. Esa propuesta planteaba mantener indefinidamente en el subsuelo el crudo del campo ITT, en el corazón del Yasuní -una de las reservas ecológicas más biodiversas del mundo- a cambio de una compensación internacional. Hubo manifestaciones en contra del anuncio de dar fin a la Iniciativa. Al mismo tiempo, los Yasunidos se organizaron para la recolección de firmas que permitieran que los ciudadanos decidieran, en una consulta popular, el destino del Yasuní.  

El 12 de abril de 2014, unos 2.000 activistas de organizaciones sociales, delegaciones de las distintas provincias del país, amas de casa, ambientalistas, maestros, feministas y líderes políticos de las izquierdas acamparon en El Arbolito, en Quito, y luego en una marcha custodiaron las más de 750.000 firmas recolectadas a nivel nacional.  El colectivo había denunciado detenciones ilegal durante la recolección de firmas y el plagio de formularios por parte de contraconsultas. También se produjo la ruptura de la cadena de custodia con la desaparición y alteración de cédulas de identidad de los miembros más destacados de Yasunidos. Asimismo, en el recinto militar a donde fueron llevadas las rúbricas, Yasunidos dijo que se anularon formularios con las firmas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dictaminó que el número de firmas no eran suficientes para iniciar un proceso de consulta. Solo validó 339.761, pero eran necesarias más de 580.000. Yasunidos declaró que hubo fraude.

El 7 de agosto de 2015, el colectivo presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado por el supuesto espionaje del que habrían sido objeto, durante el proceso de recolección de firmas a favor de la consulta popular que impulsaron entre 2013 y 2014. En mayo de ese año, un informe de Inteligencia fue filtrado. Fue publicado en varios medios entre ellos Plan V. Allí se detallaba los seguimientos minuciosos a Yasunidos y otros políticos y periodistas opositores al gobierno de Correa. Pero el caso de Yasunidos fue particular porque la ficha sobre sus principales activistas y sus relaciones era la más voluminosa.

El informe sobre Yasunidos tenía 60 páginas y citaba como fuentes al Sistema Nacional de Inteligencia (SNI). El documento tenía gráficos  y fichas de los principales coordinadores en Quito y Guayaquil, con sus respectivos números telefónicos. La estructura financiera de la organización y sus vínculos también fue analizada.

Estuvieron además los datos minuto a minuto de la marcha que hizo Yasunidos y otros colectivos para entregar las firmas recolectadas al CNE. Por ejemplo, estuvieron los nombres de quienes asistieron a la acampada en el parque El Arbolito, 12 de abril del 2104, y luego a la marcha al CNE al día siguiente. Estaban las fotografías de Esperanza Martínez, Andrés Quishpe, David Mármol, Yaku Pérez Guartambel, Julio César Trujillo, Paúl Velásquez, Milton Gualán, Alonzo Cueva, Alberto Acosta, Lourdes Tibán, Jaime Guevara, Roque Sevilla, Natasha Rojas.

El seguimiento a la recolección de firmas fue minucioso. En Azuay se registró que “14 al 24 de noviembre de 2014: Ecuarunari inició una jornada de recolección  de firmas en varios días en los siguientes cantones: Paute, Gualaceo, Sigsig, San Fernando, Santa Isabel…”. Sobre Loja, el informe decía: “Los Hijos de la Pachamama recolectaron firmas en el Bar Muna Loa”. En Santa Elena: “El colectivo Yasunidos realizó un conversatorio sobre los pueblos no contactados del Ecuador, en el Museo Amantes de Sumpa”. La persecución llegó hasta Nueva York: “el colectivo Yasunidos y el Comité de Migrantes en apoyo a la no explotación del Yasuní realizarán un foro comunitaria para hablar de la explotación del parque. Expositor, Carlos (hoy Yaku) Pérez de Ecuarunari”. En cada lugar, los agentes apuntaban el número de firmas “observadas”. Hasta el 24 de enero del 2014 había “observado” 20.940 rúbricas.

El SIN apuntó los 37 puntos fijos de recolección de firmas y hasta las dificultades del colectivo en el proceso. Esperanza Martínez reconocía, según el informe, que las metas de recolección que se habían puesto no se estaban cumpliendo. “Las personas que se mantienen firmes y apoyan con el proceso de recolección son Patricio Chávez, de Amazonía por la Vida, Ivonne Ramos y Benito Bonilla, ellos presionarían a Esperanza Martínez para que no se retire y siga adelante con la campaña”. El documento expuso los pasos de la nueva estrategia del colectivo, información que fue de manejo interno de la organización.

Recién el 7 de diciembre de 2017, Rommy Vallejo, ahora ex secretario Nacional de Inteligencia, rindió su versión por la denuncia que presentó Yasunidos en el 2015 por espionaje. Según Benito Bonilla, vocero del colectivo, “esta sería la primera vez que Vallejo es llamado ante la justicia a declarar por su trabajo dentro de la Secretaría”. Aún no hay resultados de esas investigaciones.