Juan Pablo Bolaños, un estudiante quiteño, su hermano Mateo y su madre Olga Fernández,  resolvieron ir a “defender la democracia” ante la convocatoria a la ciudadanía efectuada por el entonces ministro Ricardo Patiño, que impulsó a cientos de ciudadanos a salir a las calles y los condujo directamente donde se encontraban policías armados, el 30 de septiembre de 2010, día de una insubordinación policial. El discurso incendiario de Patiño quedó registrado por todos los medios de prensa.

Bolaños y su hermano se encontraron con otros universitarios y en grupo se fueron al Hospital de la Policía, donde estaba Rafael Correa, mientras su madre se dirigió a la sede de la Presidencia porque sus hijos consideraron que era muy peligroso que los acompañara. Todos permanecieron juntos hasta las 21:00, cuando una balacera los dispersó. Dos balas impactaron en la región cervical y en la pelvis de Juan Pablo Bolaños.

Miguel Alfredo León estaba en la acera de enfrente y vio a Bolaños caído. Cruzó la calle para ayudarlo. Sacó un pañuelo blanco y mediante gritos y agitando los brazos alertó a los militares que estaban en la calle, quienes lo arrastraron varios metros y lo subieron a una furgoneta, en la que también entró León. Llegaron a un centro médico. “Estaba con vida cuando llegamos al hospital, murió poco después”, declaró León en la reconstrucción de los hechos.

Esa diligencia se dio el 5 de junio de 2011, a los 9 meses de lo sucedido, a la cual Olga Fernández no fue convocada. Francisco Guzmán, exteniente del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), fue sentenciado el 14 de noviembre de 2013 por el Tribunal Penal Primero de Garantías Penales de Pichincha a seis años de reclusión mayor y a pagar una indemnización de 30.000 dólares por la muerte de Bolaños.

El 11 de febrero de 2016, el juez Miguel Jurado y los conjueces Marco Maldonado y Roberto Guzmán de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazaron el recurso de casación presentado por la defensa de Guzmán. Ratificaron la sentencia. Guzmán estuvo recluido en la cárcel por 4 años y recobró su libertad por decisión de la Corte Constitucional que ratificó su estado de inocencia. Este proceso evidenció la ligereza de la Fiscalía para acusar, así como la falta de una verdadera investigación técnica: el 30S fue el hecho con más grabaciones y documentos en la historia.