Ángelo Ayol Barros fue víctima de tortura y detención ilegal por miembros de la Policía Nacional, el 17 de septiembre de 2014, cuando era estudiante de cuarto año del colegio Mejía de Quito. Ocurrió durante una protesta estudiantil contra el intento de alza de pasajes. La Fiscalía sostuvo lo siguiente: “Ángelo caminaba a coger el bus que lo llevaría a casa, cuando vio varias unidades motorizadas y policías que corrían en su dirección al darse la vuelta uno de ellos le cerró el paso y lo golpeó, fue en este momento en que todos los demás aprovecharon para golpearlo en el suelo”. Ángelo contó que fue pisado por las motos de los uniformados.

En la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica, el joven fue golpeado y torturado con un objeto puntiagudo presuntamente un esfero. Fue golpeado en el rostro. Eso le ocasionó la fractura de piezas dentales molares producto de varios puntapiés. Más tarde fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde personal del lugar se dio cuenta del estado de salud de Ángelo y de otros procesados. La Fiscalía aseguró que hubo un intento de llevarse a Ángelo silenciosamente y escondido a un hospital por la gravedad de sus heridas.

Tras estar dos días internado, Ángelo salió con el diagnóstico de sufrir traumatismo craneoencefálico y politraumatismo; además de las heridas profundas en la cabeza producto de los pinchazos del esferográfico. Su familia debió afrontar la rehabilitación física por las heridas y secuelas que dejó la tortura; así como también la rehabilitación psicológica. Hasta la actualidad, cada diligencia provoca al joven mucho estrés.

Pero las demoras y las diligencias aplazadas han sido una característica de este proceso. A los tres años de la detención de Ángelo se hizo la reconstrucción de los hechos. El caso pasó por seis fiscales. Los dos policías acusados fueron sobreseídos, pero luego esa decisión fue revocada por la Corte Provincial de Pichincha.  

El 2 de julio de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por Milton Maroto Sánchez, María Suárez Tapia y Edmundo Samaniego Luna sentenció al subteniente de la Policía Nacional, David A., como autor directo del delito de tortura con una pena de 10 años; y a Freddy F. por el delito de omisión con una pena de 5 años de prisión. La defensa de los uniformados apeló ese fallo. Pero la Corte Provincial ratificó la sentencia el 11 de abril de 2019.

El 18 de octubre de 2018, el exministro del Interior, José Serrano, compareció en la Fiscalía por denuncia de tortura a estudiantes del Mejía. También compareció Gustavo Jalkh, expresidente de la Judicatura. Según el abogado de los alumnos, Gonzalo Realpe, casi de 100 estudiantes fueron torturados, pero solo 20 presentaron la denuncia. Ese proceso aún se encuentra en indagación previa.

La familia Ayol cree que la justicia que tarda no es justicia. En un testimonio para Plan V reflexionaron sobre el trato que han tenido por parte del Estado:

Ángelo Ayol: En mi caso, dos o tres días antes de las diligencias, especialmente cuando son audiencias donde van a estar la parte contraria, me afecta la salud, sobre todo al estómago. Mi ánimo en el trabajo baja. Lo único que quiero hacer antes de las audiencias es pasar con mi familia, no me gusta pasar solo. He recibido ayuda sicológica y mi familia también. Con eso nos ayuda Inredh, quienes nos preparan para las audiencias. Ha pasado más cuatro años, pero es bastante duro.

La primera pared que tuvimos fue en la propia Fiscalía. Quisieron pasar mi caso como si fuera un delito de tránsito, porque me pisaron las motos. No hicieron a tiempo la reconstrucción de los hechos, una diligencia que se suspendió seis veces. Tuvimos además seis fiscales. La reconstrucción finalmente se hizo cuando mi caso pasó a la Comisión de la Verdad. Se la hizo en el 2017, tres años después de los hechos. El fiscal en ese momento tuvo 30 días para hacer lo que no se hizo en tres años. Y aún así con él, la reconstrucción se suspendió.

No hicieron a tiempo la reconstrucción de los hechos, una diligencia que se suspendió seis veces. Foto: Diario El Comercio

En los más de cuatro años tuve dos etapas duras: la primera cuando fui agredido y torturado por los policías; y la segunda, cuando ya se hizo el juicio que duró dos días. Entonces significó escucharles hablar a ellos (policías), ellos me atacaron y me hacían quedar de la peor manera. A mis papás les dijeron mentirosos, los abogados de la contraparte se reían cuando yo hablaba. Enfrentarse a la Policía y a sus abogados fue durísimo.

Bolívar Ayol: Todos los episodios han sido duros. Tuvimos que luchar contra el poder de Rafael Correa, el engranaje de la justicia y los aparatos de seguridad. El evento más fuerte para mí fue ver a mi hijo, ver cómo lo habían dejado los policías. Eso fue lo que a nosotros como familia nos dio la fuerza y el valor para buscar justicia. Siempre creímos que no debíamos dejar pasar esto.

Pasó el tiempo y en la casa cuando estábamos conversando, mi hijo volvía a recordar y me decía: “ellos me querían matar y yo sufría por ustedes porque ya no los iba a volver a ver”. Y llorábamos. Y eso nos daba más valor y por eso hemos llegado hasta este punto.

Cuando le sucedió esto a mi hijo, el 17 de diciembre de 2014, el 18 en la madrugada entró al hospital Eugenio Espejo. Estuvo en pediatría porque era menor de edad. Ese día habían llegado policías que querían ingresar a su habitación. Las enfermeras nos contaron que seis policías dijeron: “¿dónde está el chico del Mejía? A él lo dejamos aquí”. Las enfermeras les dijeron que mi hijo no estaba en el hospital, pero aún así querían entrar a la fuerza. Al día siguiente, también quisieron ingresar a las 05:00, yo estaba con él en el hospital. Ahí nos asustamos y hablamos con la directora de Pediatría, le dijimos que era un caso especial y que él necesitaba estar aislado.

El 19 de diciembre le dieron el alta. Yo tuve que dejar de trabajar para cuidar a mi hijo y a mi familia porque me daba miedo que la policía nos quiera hacer algo. Laboraba en una imprenta. Entonces pusimos la denuncia.

La ex asambleísta María Augusta Calle, que en ese entonces era presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la Asamblea, quiso tener un acercamiento con nosotros. Pedimos que la reunión sea en Inredh con nuestros abogados, pero ella no quiso porque quería que vayamos solo los tres. Nunca fuimos. Pero en cualquier diligencia siempre notamos que asistían dos o tres policías de civil.

Alicia Barros: La lucha no solo es por mi hijo, la estamos haciendo como familia no solo por mi hijo sino por los 200 y más estudiantes del colegio Mejía que fueron torturados y golpeados el 17 y 18 de septiembre de 2014. De ellos, fuimos los únicos que nos enfrentamos al Estado de Correa. Me acuerdo que en dos sabatinas, él me nombró para que yo tuviera miedo. Dijo que lo que a mi hijo le hicieron no fue tortura, que solo le han pinchado en la cabeza con un esfero. Minimizó el dolor y las heridas que le causaron a mi hijo. Pero a mí no me importó y seguí porque no le habían pegado a un animal, sino a mi hijo. La lucha es por todos esos estudiantes y por esos padres que no fueron capaces de defender a sus hijos.

Los chicos que fueron torturados tuvieron miedo. Yo recuerdo que nos reunimos en el colegio Mejía y les dije que nos unamos. Pero algunos padres dijeron que tenían miedo por represalias contra sus hijos y las familias. Y al final tomaron represalias porque el único que no salió del colegio fue mi hijo porque pusimos la denuncia. A todos los mandaron a diferentes colegios. De los profesores no tuvimos el respaldo, ellos fueron neutrales. Ellos estuvieron supuestamente cuidando a los chicos y ese año cambió el diversificado a la tarde. Entonces los inspectores los mandaban por grupos. Y cuando mi hijo sale con su grupo hasta la esquina de las calles Ante y Vargas para tomar el bus a la casa, le sucede esto. Ni siquiera estuvo en las manifestaciones. Y los profesores sabían porque ellos salían de clase. Solo un inspector le ayudó en todo.

Ángelo Ayol tenía 16 años y 11 meses cuando fue torturado. Hoy tiene 21 años y es padre de un niño. En la imagen está con su padre Bolívar Ayol y su madre Alicia Barros. Foto: Luis Argüello

Al siguiente año, mi hijo se salió del colegio porque ya cambiaron muchas cosas. La Policía, después de ocho días de haberlos golpeado, ingresó a la institución para dar charlas sobre cómo la policía es el amigo. Eso después de casi masacrarles.  

Pero también hemos tenido apoyo. Para nosotros han sido unos ángeles la fundación Inredh. También amigos de Yasunidos y nos han acompañado figuras como Jaime Guevara.

Ángelo: La primera lección que me han dado mis papás es que no dejar que nadie tope a mi hijo. Ahora yo también soy papá. Que no sean cobardes para defender a sus hijos y no tengan miedo a cualquier persona que esté en el poder. Estos casos continuarán porque siempre hay abusos de poder y lo principal es el amor y apoyo de la familia. Es importante buscar justicia para que estos hechos no vuelvan a pasar y que ninguna persona sea vulnerada ni psicológicamente ni físicamente. Tuve secuelas físicas por la golpiza que me dieron en la calle y en la UPC. Fue brutal. Me pisaron con las motos y tenía las marcas de las motos en las rodillas. Yo hacía bastante ciclismo, me iba del Centro de Quito al Tingo ida y vuelta. Ahora ya no puedo hacer esfuerzo en las rodillas y no puedo pasar mucho tiempo de pie. También tengo lesiones en la columna.

Alicia: Quiero decir a la justicia de nuestro país que no sea indolente. Que se pongan en los zapatos de cada víctima. Quisiera que la justicia sepa más sobre derechos humanos. Los jueces saben de leyes, pero no saben de derechos humanos. Debemos defender nuestros derechos y como padres debemos defender a nuestros hijos porque la fuerza y la fortaleza es la familia. La justicia haga su trabajo independientemente.

Bolívar: Esperamos que se haga justicia y no se repita estos hechos. Ningún estudiante, ninguna persona debe ser vulnerada en sus derechos. Seguiremos fuertes por nuestro hijo.