El 12 de julio de 2011 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 813. Esta fue una disposición firmada por el entonces presidente Rafael Correa para reformar el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Su objetivo: desvincular a servidores públicos por medio de la compra de renuncias con indemnización para disminuir el aparato burocrático estatal. Según los trabajadores, ese decreto abrió las puertas al despido intempestivo de miles de servidores públicos bajo la figura de “renuncia obligatoria”.

A la Corte Constitucional llegaron tres demandas de inconstitucionalidad contra el decreto. Correa se basó en el artículo 47, literal k, de la Losep que permitía la compra de renuncias. Pero los servidores públicos rechazaron el decreto porque en el artículo 47 nunca se estableció la palabra “obligatoria”. Abogados constitucionalistas cuestionaron la disposición porque un decreto no puede reformar una ley. Fue señalado por violar el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.

Pero tres meses después empezaron las primeras notificaciones de “renuncias obligatorias” para 3.500 funcionarios. Con resguardo policial, los avisos llegaron a los ministerios de Salud, Relaciones Laborales, Recursos no Renovables, de Justicia y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco Ecuatoriano de la Vivienda y hospitales estatales. Los despedidos contaron que fueron sacados de sus oficinas con la Policía y representantes del Ministerio de Trabajo. Además quedaron inhabilitados de ingresar a laborar en el sector público. Miles de trabajadores fueron súbitamente cesados de sus funciones sin explicación o bajo acusaciones de supuesto mal desempeño o corrupción.

Pero los afectados consideraron que fueron sacados por razones políticas al no compartir criterios con las autoridades de turno. Fue el caso de María Sisa Bacancela, vicepresidenta nacional por la Sierra de la UNE. El 28 de febrero de 2014 fue sometida a una renuncia voluntaria obligatoria. Era docente, pero su estado laboral cambió a la figura de ‘técnica docente’ para aplicar el Decreto 813. Según la perjudicada, esa modificación se debió a que era dirigente y defensora de la educación bilingüe. Fue acosada y amenazada.  Su caso llegó a la Organización Internacional del Trabajo.

Especialistas del sector de la salud también fueron despedidos. Eso le ocurrió al genetista Milton Jijón con 33 años de servicio en el hospital de niños Baca Ortiz, de Quito. Fue el investigador principal de la Misión Solidaria Manuela Espejo impulsada por el entonces vicepresidente Lenín Moreno. Y este fue su relato: “Hacia el mediodía me llevaron a Recursos Humanos y me entregaron unos documentos en donde me dicen que estoy despedido y yo me negué a firmar. Me quisieron obligar a firmar la acción de personal, un policía del GIR me apuntó con su arma. Yo saqué el celular y tomé una foto porque me parecía inaudito”.

No existen cifras oficiales de cuántos fueron los afectados. Pero hay estudios académicos que se acercan a la problemática. Solo en el sector Salud hubo 14.000 empleados despedidos, según una tesis de 2016 de la estudiante de Jurisprudencia de la Universidad Central, Olivia Hidalgo. “Las repercusiones más evidentes en el sistema de salud pública constituye la escasez de médicos especialistas, los cuales fueron sacados mediante la aplicación del Decreto No. 813 y cuyas vacantes no han sido llenadas con profesionales de igual prestación, debido a la carencia de profesionales en especialidades y subespecialidades a nivel país, lo que ha determinado una disminución en la calidad técnica de la aplicación de salud pública”, concluyó.

La mayoría quedó en la indefensión. La Corte Constitucional negó las demandas porque dijo que no correspondían al campo constitucional, sino legal. Indicó que a la “jurisdicción contencioso administrativa” le competía pronunciarse. Buena parte de servidores cesados interpusieron sus demandas ante lo Contencioso Administrativo, sin que se conozca hasta ahora si tuvieron alguna respuesta.