El 6 de julio de 2010, el médico Germán Antonio Ramírez Herrera, de 64 años, fue secuestrado y asesinado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Fue hallado con dos tiros en su cabeza. Este hecho coincidió con la visita de Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien calificó al caso de “alarmante”. El Relator incluyó en su informe esa muerte y señaló que ese crimen ilustraba “vínculos entre la policía y unas muertes a manos de sicarios en Los Ríos”.

Ramírez Herrera era “un médico legista especializado en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. El 6 de julio de  2010 lo secuestraron, le dispararon, y lo mataron”. Él había recibido varias amenazas por trabajar en la documentación de lesiones a reclusos y por haber rendido testimonio en ese sentido tras una redada de la policía en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo.

Un artículo de prensa sobre el incidente simplemente señala, sin comentario alguno, que “la policía sospecha que podría tratarse de un caso de ajuste de cuentas”, dice su reporte. Según informes de prensa de la época, el galeno había sido amenazado en dos ocasiones antes de su muerte. Y un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), aseguró que el médico había documentado “varios casos de asesinatos y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en los que se apunta a una presunta complicidad por parte de las autoridades carcelarias” de la prisión de Quevedo.

El profesional prestó sus servicios por 22 años en ese centro. Era miembro de la red nacional de expertos independientes creada por la Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA) y de la International Rehabilitation Council for Torture Victims. Nació en Riobamba, pero fue sepultado en Guayaquil.