Este texto fue originalmente publicado en Plan V. Su autora autorizó su reproducción en este especial.

Por Milagros Aguirre

El 1 de febrero de este año, la Fiscalía General del Estado publicó, en su página web, este boletín sobre la audiencia de juzgamiento que afrontó un grupo de 17 waoranis por supuestamente atacar y asesinar a indígenas taromenanes en aislamiento. Ellos fueron procesados inicialmente por genocidio, pero luego el delito cambió a homicidio:

El Tribunal de Garantías Penales de la Provincia de Orellana, con fecha 31 de enero del 2019, de forma verbal anunció su sentencia en el caso por ataque a familias en aislamiento voluntario, hecho ocurrido en la misma provincia en el interior de la Amazonía Ecuatoriana en el mes de marzo del año 2013, en donde 17 personas de Nacionalidad Waorani atacaron a miembros de familias en aislamiento voluntario, como represalia a la muerte de dos ancianos de su comunidad, ocurrida en marzo del mismo año.

La Fiscalía General del Estado, luego de la prueba presentada en la audiencia de Juicio demostró:

1. La existencia de una organización por parte de los acusados, con el fin de buscar el rastro de familias en aislamiento voluntario y perpetrar un ataque en su contra
2. La existencia del lugar en donde se produjo el ataque
3. El uso de armas de fuego y armas tradicionales al momento del ataque
4. Que como resultado del ataque se provocó la muerte de personas en aislamiento voluntario y finalmente el traslado forzoso de dos niñas.

Tanto en la fase de investigación previa, como en las etapas de instrucción fiscal y juicio se observaron principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (OIT) y otros instrumentos internacionales.

Acogiendo la solicitud de Fiscalía y en aplicación de principios de interculturalidad, luego de haber declarado la responsabilidad de 10 de los 11 procesados que acudieron a la audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que la pena sea impuesta en coordinación con los ancianos Waorani, a fin de que ésta sea acorde a la cosmovisión de los miembros de la mencionada nacionalidad.

Para la determinación de la pena, los Jueces del Tribunal mantendrán una reunión con ancianos Waorani en fechas posteriores a fin de garantizar que la misma sea ordenada, respete y aplique principios de interculturalidad.

Dato: La audiencia de Juicio inició el 04 de diciembre del 2018, el delito es el de homicidio tipificado en el Art. 449 del Código Penal y 144 del COIP. El fiscal del caso es el Dr. Andrés Cuasapaz Arcos, de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos.

Estamos a junio de 2019. Han pasado cinco meses de ese comunicado. Y todavía no se puede leer la sentencia definitiva porque no se han podido reunir los ancianos waorani con los jueces. Y no se han podido reunir porque esto también es un absurdo. ¿Qué ancianos, de qué comunidades, van a decidir sobre guerreros de otras comunidades? Con eso solo generarían un nuevo conflicto entre ellos. Claro, si es que esos ancianos decidieran castigar de alguna manera a los guerreros. Pero ¿por qué iban a hacerlo si muchos de ellos hubieran actuado de la misma manera? Eso, sin pensar que incluso, algunos pikenani (ancianos) han participado de otras incursiones y protagonizado ataques similares. ¿Cómo entonces iban a juzgarlos? Las autoridades occidentales no van a encontrar manera de resolver el entuerto “a manera intercultural”, simplemente porque no existe: para los wao, según su manera de mirar el mundo, no existe castigo alguno por haber hecho justicia a la muerte de los abuelos Ompure y Buganey.

Los días de audiencia fueron terribles, cansados, agotadores. Así los describió José Miguel Goldáraz, misionero capuchino que acompañó todas las sesiones de las audiencias: una tragicomedia. Un traductor waorani que estoicamente aguantó cuatro días intentando hacer entender a los condenados lo inentendible porque él mismo no puede entender todo el lenguaje jurídico de la contienda. Los inculpados aguantaron estoicamente también, horas y horas de letanías incomprensibles. Las autoridades tampoco entendían: por ahí fue un antropólogo a explicar a los jueces quienes son los pueblos aislados, y los wao, que saben perfectamente quienes son sus vecinos tagaeri-taromenani, aguantando sin entender al experto; también presentaron un video. Un documental. Sí. Un documental de Discovery, realizado por el periodista David Beriain, como evidencia… Es decir, que el documentalista había investigado más y tenía más información que la Fiscalía. En cinco años, desde el 2013, ese ha sido el resultado de las investigaciones y pericias, de los gastos, de los sobrevuelos: un video, una olla y unos casquillos de bala. Y por supuesto, ninguna responsabilidad estatal en el tema.

Lo mejor de las audiencias: las mujeres waorani cantando sin parar, apoyando a sus maridos. Cantando. Cantando. Cantando. Sin moverse de la Corte en Orellana, con sus mantras, cantos que las mantienen fuertes frente a una sociedad que ahora les juzga.

El recuerdo de los incidentes del 2013 no hace sino reavivar la chispa de la violencia. Basta ver la presencia de los waorani en esta última diligencia, empuñando y exhibiendo sus lanzas, para darse cuenta de que la paz está lejos de llegar, pese, incluso, a las recomendaciones de la Relatora de Derechos de los Pueblos Indígenas, que, en su visita a Ecuador en noviembre de 2018, se pronunció por el tema (y su recomendación fue ignorada):

“Durante mi visita pude recibir información detallada sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Se me informó de que el Ministerio de Justicia está desarrollando una política en este sentido, y que se han adoptado algunas medidas encaminadas a su protección en aplicación de las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Amazonía y el Gran Chaco.

Pese a ello, debo señalar que las recomendaciones sustantivas que tanto yo como mis predecesores hemos realizado sobre el tema no parecen haber sido adecuadamente consideradas. En mi opinión, para garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial es necesario resolver las causas subyacentes que afectan a sus derechos fundamentales y que explican los conflictos que se han producido en los últimos años entre grupos aislados, comunidades waorani y terceras partes. Estas causas subyacentes están vinculadas a la falta de reconocimiento y protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en aislamiento. Como ya mencionaron anteriores titulares del mandato, la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) no incluye la extensión total de sus tierras ancestrales. Además no ha existido una adecuada protección frente a intrusiones ilegales, que están empujando a los pueblos indígenas en aislamiento hacia las tierras y territorios de otras nacionalidades indígenas, en especial los waorani. Aún más preocupante es el hecho de que el Estado este concediendo licencias extractivas que afectan dichas tierras ancestrales. De acuerdo a la información recibida, la extensión del Parque Nacional Yasuní ha sido considerada un desarrollo positivo, resultado de la consulta popular de 2018, pero la decisión de proceder con la explotación petrolera en el área de amortiguamiento puede producir impactos graves e impredecibles sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la zona.

La falta de desarrollo de un plan de paz amplio junto con la nacionalidad waorani es un serio vacío para la protección de todos los grupos waorani, incluidos aquellos en aislamiento. He recibido también información sobre la situación del proceso penal contra personas waorani implicadas en la masacre de 2013. Teniendo en cuenta las alegaciones de falta de un debido proceso, la duración y falta de claridad en la causa,  y la falta de un enfoque intercultural, muchos actores han recomendado la anulación del proceso. Me gustaría solicitar al Gobierno de Ecuador que resuelva de manera efectiva los mencionados problemas subyacentes que afectan a los waorani y a los grupos aislados de la zona, y que trabaje junto a la nacionalidad waorani con el objetivo de conseguir una paz duradera.  (Declaración de Fin de Misión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz al finalizar su visita a Ecuador, noviembre 2018)”.

La cadena de absurdos

Un revival de “El Proceso”, de Franz Kafka, es lo que han vivido las comunidades waorani de Dikaro y Yarentaro desde hace cinco años. No saben por qué, si ya fueron juzgados y luego sobreseídos, les han vuelto a juzgar. Tampoco sabían por qué les juzgaban la primera vez, cuando les acusaron de genocidio, una palabra que no podían comprender. Ni por qué esa vez tomaron a unos presos y a otros no. Entonces ya sufrieron lo indecible esas familias: idas, vueltas, hambre, tensiones entre distintas comunidades. Cuando fueron sobreseídos, después de pasar penurias, hasta celebraron.

En una reunión en el coliseo del pequeño poblado selvático festejaron que ya eran libres, aunque eso de la libertad es relativo pues algunos de los participantes del ataque del 2013, no han vuelto a salir de sus comunidades ni viajar a la ciudad, quedándose, literalmente, “en aislamiento voluntario”.

El martes 15 de mayo de 2018, una vez más, tuvieron una diligencia que se supone iba a ser la audiencia de juzgamiento por el delito de homicidio, asunto en que se ha empeñado la Fiscalía pues apeló al sobreseimiento de la causa anterior. Pero no ocurrió.

Hace cinco años, en este mismo espacio, dábamos cuenta de lo que había sucedido en el caso del que escribimos hoy. La incursión de un grupo de guerreros waorani que terminó en una más de las tragedias que tiñen de sangre la selva del Yasuní es un tema que, no solo que no se resuelve, sino que, de ese entonces, hasta acá, podemos encontrar muy pocos avances e incluso, retrocesos que no ayudan en nada a resolver la situación.

La vida de los waorani de Dikaro se ha vuelto un infierno. En seis años (desde el 2013), el Estado y sus instituciones no han logrado dar un paso adelante en este tema y más bien, al contrario, cada paso dado resulta convertido en un problema más que no hace sino avivar las tensiones en la comunidad, por ende, poner en peligro a los vecinos, incluso a los que se supone, se quiere proteger, que son los tagaeri-taromenane.

¡Déjennos vivir!, decía a viva voz la comunidad, según publicó diario El Universo con fecha 1 de octubre de 2017. Seis de los inculpados (de 17) fueron citados a una reunión en Coca, donde llegaron el 25 de noviembre de 2013. La Policía los apresó al día siguiente. Pasaron en Coca 15 días y fueron llevados a la cárcel de Lago Agrio, asunto que resultaba un peso enorme para la comunidad y para las familias, imposibilitadas de visitar a los presos por la distancia entre Lago Agrio y las comunidades del Yasuní. Estuvieron allí cerca de nueve meses. Luego fueron trasladados, por decisión del Ministerio de Justicia pues las familias estaban sufriendo lo indecible sin poder visitarlos, a la cárcel de Coca donde no hay cárcel sino un centro de detención provisional. Ahí el Ministerio de Justicia tuvo que contratar hasta servicio de alimentación pues ese centro carece de ello. De ese centro huyeron tres de los implicados y regresaron a la comunidad. Los otros tres recuperaron su libertad el 16 de septiembre de 2014. La liberación se dio luego de que el Juzgado de Garantías Penales de Orellana declarara el sobreseimiento provisional en un proceso que empezó por genocidio y luego varió a homicidio.

Los wao creyeron que ese era el fin de la historia. Pero no. El grito de “Déjennos vivir”, fue una muestra de que la comunidad siente el asedio de este proceso en el que nada ha estado claro: un día les dijeron que están libres; otro, que serán juzgados en la comunidad; otro, que les juzgarán en otra comunidad (y los funcionarios acudieron a buscar locaciones, como hacen los productores de películas, que descartaron, además, por falta de infraestructura en ellas). Y otro, que la audiencia será en la ciudad. Un día les dijeron que eso durará tres días con sus noches (para que sea intercultural). Otro día les suspendieron la diligencia. ¿Alguien entiende?

¿Quién paga?

Desde hace seis años los waorani han pagado los servicios de un abogado que los ayude en la defensa. El abogado, por cierto, pasa factura. Pero no solo son esos los gastos en los que tienen que incurrir no solo los imputados sino la comunidad entera. Tienen que viajar de la comunidad a Coca y a Quito en reiteradas ocasiones, principalmente quienes han llevado la vocería de la comunidad. La audiencia del 15 de marzo de 2018 implicó que salgan 34 personas a Coca, es decir, transporte y comida y alojamiento. Les habían dicho que la audiencia duraría tres días (con sus noches). Pero nada de eso paga el Estado. Del transporte se hizo cargo la empresa petrolera que opera en su territorio. De la comida y el alojamiento se ha tenido que hacer cargo una ONG (FAL-FEPP).

Por supuesto esas idas y vueltas también le cuestan al Estado pues son buen número de funcionarios los que se han desplazado y a los que hay que alimentar: pasajes de avión desde Quito hasta Coca, alimentación, hospedaje, viáticos. Interesante saber cuánto se ha gastado en este engorroso asunto desde hace seis años para llegar a ningún puerto.

Miedo a la justicia

Nada de esto ha resultado pedagógico para los waorani. Pero parece que el funcionariado tampoco ha aprendido pues, a cuenta de que no quiere dejar el caso en la impunidad, ha insistido en juzgar este asunto con el Código Penal en mano, cosa que parece imposible. El Estado, o quiere llegar a una sentencia o quiere ir hasta el infinito con tal de hacerse el quite frente a los tribunales internacionales pues este tema está en la CIDH y en las Naciones Unidas, desde donde al menos tres relatores de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas se han pronunciado en su momento. Rodolfo Stavenhagen, en la incursión de los waorani ocurrida en 2003; James Anaya en 2013 y, sobre el mismo tema, Victoria Tauli-Corpuz.

Si los waorani tienen miedo al poder judicial pues ya no saben a qué atenerse porque no comprenden lo que están haciendo las autoridades –y por eso mismo no acuden a las audiencias–, parece que, tal como van las cosas, más miedo tienen los funcionarios de Estado pues no tendrían manera de explicar los traspiés y los palos de ciego que han dado en este caso, las omisiones y la dificultad para aplicar la llamada interculturalidad solicitada por los organismos internacionales y por la Corte Constitucional.

La Defensoría del Pueblo ha estado a cargo de comprobar que en este caso se ha seguido el “debido proceso”. Sin embargo, quienes llevaban a cabo esta tarea, ya no están en sus puestos pues la burocracia cambia, cambian los procesos, se traspapelan los documentos y, hasta que las personas nuevas se empapen del tema, el tiempo sigue corriendo en contra de los waorani a quienes pareciera que se quiere “civilizar” a punta de miedo, presidio y cadenas, con la crueldad propia de los tiempos de la colonia.

Impunidad

Quienes creen que esto debe seguir hasta tener una sentencia para no dejar el tema en la impunidad tienen su dosis de ingenuidad o todo lo contrario pues se han empeñado en mirar a otro lado . Los waorani, los guerreros y sus familias, ya han pagado su condena con este proceso kafkiano. Quienes mantienen su impunidad son aquellos que no cumplieron su trabajo, ignoraron las alertas y, por supuesto, quienes han atentado desde hace años con la selva y la vida de sus gentes. Han gozado de impunidad los patrones madereros, quienes suministran armas y municiones, quienes abren vías donde no las debe haber, quienes concesionan bloques petroleros donde hay evidencia de presencia de familias que aún se mantienen aisladas o entre quienes han contrariado la propia Constitución dando luz verde a las concesiones petroleras, ignorando el artículo 57 que habla de que en los territorios de los pueblos indígenas aislados está vedada toda actividad extractiva.  Tienen que ver funcionarios que no cumplieron con su trabajo, que no actuaron pese a las alarmas. Y otros funcionarios que fueron útiles para la distracción del tema. Todos, con nombre y apellido.

La presión continúa y seguramente habrá más muertos pues cada vez hay más presión en sus territorios. Prueba de ello fue la muerte de Caiga Baihua, en 2016, lanceado por los tagaeri-taromenane. La reparación ofrecida tampoco llega. El Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) ofreció compensar a la familia con unas casas y, tanto por las dificultades administrativas como de construcción, aún no se ha cerrado tampoco ese tema, a pesar de haber gastado cerca de 800 mil dólares en ello: el constructor se fue con el santo y la limosna y, a la misma comunidad le ha tocado hacer mingas cargando piedras y sacos de cemento. Hoy, junio de 2019, esas casas no solo que no están terminadas sino que han dañado del todo el paisaje de una comunidad que vivía del turismo. Para colmo, ya no hay Ministerio de Justicia y la dirección de PIA quedó reducida a escombros dentro de una Secretaría.

Las salidas al laberinto

Durante cinco años el Estado ecuatoriano ha demostrado, como hemos podido comprobar, una cosa: no sabe qué hacer en este tema. Este tiempo hubiese sido más que suficiente para estudiar y construir políticas de protección y para elaborar una legislación con ejes de interculturalidad que sea aplicable en este caso pues, de la misma manera que se busca justicia para los tagaeri-taromenane, los waorani también piden que no haya impunidad frente a sus muertos. Evidentemente no se les puede juzgar tampoco con el Código Penal, a quienes mataron a Ompure o a Caiga o a tres miembros de la familia Duche, por contar algunos de los muertos de esta guerra selvática. 

Al inicio del conflicto, Miguel Angel Cabodevilla proponía, tanto a la Fiscalía como a la Corte Constitucional, algunas salidas, que fueron desoídas por las autoridades. Nadie se propuso, siquiera, estudiarlas.

Daniela Salazar analizó el caso en un artículo publicado en Yale Law School  y planteó una salida al laberinto: un tema llamado justicia transicional, un modelo que permite superar estos temas y no profundizar los conflictos. Hasta que el Estado y sus funcionarios sepan cómo tratar estos temas, ¿es justo que la comunidad waorani y que los tagaeri-taromenane sigan pagando las consecuencias de su torpeza? ¿el hecho de que aún no se haya cerrado este tema no es suficiente muestra de ineficiencia Estatal?

Es hora de ponerle el punto final. No puede estar esa herida abierta permanentemente entre las comunidades waorani. Y es hora también de que alguien ponga el cascabel al gato: que se investigue, de verdad, lo que ocurrió en 2013 y las omisiones del Estado en este tema.