Las protestas antimineras en Nabón llevan una década. La primera se registró el 23 de marzo de 2008, en el sector de Shincata de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, provincia de Azuay. Comunidades y autoridades locales se manifestaron contra la empresa minera Explosur, de propiedad de la familia Eljuri. La empresa realizó una fase de exploración y los pobladores denunciaron que sus actividades afectaban el páramo de Shincata y las fuentes de agua que utilizan los pobladores de las parroquias Cochapata y Oña. La población se levantó y quemó el campamento como reclamo.

La Cedhu informó que, tras esa protesta, la empresa enjuició por sabotaje y terrorismo a Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez. La fiscal del Azuay, Julia Vásquez, los acusó de destruir instalaciones y equipos del campamento.

El caso llegó a la Asamblea Constituyente, en Montecristi. Fueron amnistiados y la decisión de la Asamblea fue archivar la causa. Sin embargo, el proceso siguió y fueron condenados a ocho años de reclusión ordinaria.

El 4 de octubre de 2011, organizaciones de DDHH, la Defensoría del Pueblo y las familias de los procesados pidieron a la la Asamblea Nacional nuevamente la amnistía para los ‘7 de Nabón’. Fernando Cordero, presidente del Legislativo, se mostró a favor de la solicitud, así como otros asambleístas como Rossana Alvarado. En ese entonces, los siete se encontraban en la clandestinidad en condiciones precarias y con problemas de salud. El 21 de diciembre, la Asamblea les concedió la amnistía. La minera Explosur sigue operando hasta la actualidad.