Los habitantes de Monte Sinaí, ubicado al noroeste de Guayaquil, son otras víctimas de los traficantes de tierras en Guayaquil y de desalojos forzados. Se calcula que en la zona viven cerca de 150.000 personas. Pero los mayores incidentes se dieron a partir de la promulgación del decreto 607, el 28 de diciembre del 2010, por Rafael Correa. Con ese decreto, el Gobierno delimitó 9.300 hectáreas como zona de seguridad para el Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena. Bajo esa norma, alrededor de 5.000 familias fueron desalojadas de la zona de Monte Sinaí, acusadas de invasión y con una fuerte dosis de violencia, según denunció el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil.

Bajo la política de “cero tolerancia” contra las invasiones, en 2013 el Gobierno empezó los desalojos en ese sector. Testimonios de la época contaban que personas de escasos recursos habían invertido sus ahorros en la compra de esos terrenos, pero fueron engañados. Organizaciones de DDHH y líderes de los pobladores pidieron que se encontrara una opción adecuada para la reubicación de esas familias. El CDH interpuso una acción de protección para invalidar cualquier acción pública en ese sector. La medida fue criticada por la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla.

Pero el 10 de mayo de 2013, 1.500 policías, 500 militares, 200 agentes de tránsito, 50 caballos, 200 motos, 30 perros, 5 retroexcavadoras y un equipo antimotines desalojaron a las familias que habitaban las Cooperativas Talía I y Talía II, en el Monte Sinaí. Se destruyeron 420 viviendas, ocupadas por 1.700 personas, con población presente dentro de las viviendas en el momento del desalojo. El CDH informó que en esa acción se impidió a las familias salvaguardar sus enseres y se prohibió a la prensa registrar con imágenes los incidentes. En los predios habían personas de la tercera edad, niños, personas con discapacidades, mujeres y 30 extranjeros que estaban como refugiados en Ecuador. Algunos se quedaron viviendo bajo los escombros.

El 19 de junio se produjo otro desalojo de 93 familias en el sector de Las Marías con la intervención de 2.000 agentes entre policías y militares que usaron tractores, camiones, caballos, motocicletas y un helicóptero. La violencia fue la constante en esos operativos.

Ante los reclamos, el Gobierno decidió entregar 160 certificados de reubicación a las personas que se encontraban en los predios antes de 2010. Los terrenos, según el Gobierno, pertenecen al Ministerio de Agricultura, que inscribió una sentencia de expropiación, cuya transferencia se hizo al Ministerio de Vivienda.

En octubre de 2013, la Misión Internacional de Verificación sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada concluyó que hubo violaciones a derechos a la vivienda, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se registraron en los procesos de desalojo y reubicación en Monte Sinaí, Nueva Prosperina e isla Trinitaria. La Misión estuvo integrada por la Coalición Internacional para el Hábitat, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Federación de Derechos Humanos, entre otras.

El CDH cuestionó los desalojos en un informe de diciembre de 2017. “Hubo criminalización de dirigentes comunitarios; se han cerrado más de 100 locales comerciales  de venta de materiales de construcción, acusados de promover las invasiones. Se ha prohibido el mejoramiento y construcción de las viviendas, en caso de infringir esta norma, van detenidos. En la actualidad se desarrolla el proyecto “Las Marías” sobre 40 hectáreas ya ocupados, por lo que las familias diariamente están recibiendo notificaciones de desalojo y/o desplazamientos”. El último desalojo se produjo en diciembre de 2018.