La muerte del policía José Luis Mejía Solórzano en diciembre de 2016, durante una manifestación contra la minería, irritó a las autoridades y en particular al presidente Rafael Correa, al punto de sugerir que los indígenas eran ‘criminales’ y ‘bárbaros’. Los hechos se dieron en el campamento minero La Esperanza, en el cantón San Juan Bosco, de la provincia de Morona Santiago. Esa zona pertenecía al pueblo shuar de Nankints, que después de los enfretamientos y la incursión militar desapareció.

De inmediato el gobierno anunció el estado de excepción para la provincia de Morona Santiago y se dispuso a las Fuerzas Armadas para efectuar “una intervención integral”. Esta muerte sirvió de excusa para militarizar la zona y perseguir a los indígenas. Sin embargo, testigos del hecho aseguran que la bala que mató al uniformado no corresponde a las armas que ellos tienen, que aseguran que son para cacería y lanzas. “Ellos mismo mataron porque nosotros no tenemos ese tipo de balas. Ellos mataron al mismo compañero, porque adelante estaban otros militares y de atrás también venían disparando porque nos estaban persiguiendo”, dijo un testigo indígena de los hechos a la organización Inredh. El pueblo shuar no tiene armas con ese calibre, aseguró.

El 19 de diciembre 2016 el gobierno anunció a los primeros tres detenidos y el inicio de procesos por la muerte del policía Mejía. Pero hasta la fecha se desconoce el estado de esas investigaciones.