David Romo y su desaparición parecería una historia sin fin. Del joven no se tiene rastro desde el 16 de mayo de 2013 en Quito. Lo último que se supo de él fue que se dirigía a su casa en el bus N. 4 de la compañía Trans Hemisferios después de salir de sus clases en la Universidad Central. Él vivía con su madre, Alexandra Córdova, en el sector de la Mitad del Mundo. Ella presentó una denuncia por desaparición. Los vacíos en la investigación y el trato a ella por parte de la justicia lo ha convertido en un caso emblemático en cuanto a desapariciones se refiere en Ecuador.

El caso ha pasado por varias investigaciones fallidas. Primero se indagó por asociación ilícita a tres trabajadores del bus en el que viajaba David el día de su desaparición y a un familiar de uno de ellos. En el domicilio de este último se halló el teléfono de David. Por el delito de hurto fue sentenciado a un año el controlador del bus.

Luego se detuvo a los dueños de una clínica clandestina para adicciones, donde supuestamente fue visto el joven. Era el centro Unión y Esperanza. Sus dueños fueron detenidos y encarcelados por trata de personas. Una “fuente humana” supuestamente informó a la Policía que los restos de David Romo estarían enterrados en Pisulí, donde operaba la clínica. Pero nunca se halló una osamenta. Plan V los entrevistó en su casa, donde operaba el centro y un camal. Negaron haber conocido a Romo.

Pero a días de esa entrevista, los dueños nuevamente fueron detenidos y acusados del asesinato de Romo. El momento más increíble de esas investigaciones fue cuando los agentes dijeron que el cuerpo pudo haber sido incinerado y que por eso no hay rastro. Para sustentar tu hipótesis hicieron una “prueba técnica” donde quemaron a un cerdo con sopletes en el Camal Metropolitano. Los dueños de la clínica fueron sobreseídos en el juicio, el 23 agosto de 2018.

En esa audiencia, el abogado de Córdova, Milton Castillo, dijo que los agentes sí sabían del paradero del joven desaparecido desde mayo de 2013, pero no lo dijeron. El Tribunal pidió que se investigue tanto a policías como a fiscales. Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía y una jueza de la Corte Provincial de Pichincha, que debía conocer la apelación, fue amenazada.

En esos procesos la Fiscalía y la DINASED hicieron sus acusaciones señalando “fuentes humanas reservadas” (entre ellas una persona privada de libertad que fugó) que tendría información fidedigna del paradero de David. Pero ningún proceso ha arrojado nuevos elementos.

La madre del joven ha reclamado que nunca se entrevistó a todas las personas que lo vieron la noche de su desaparición. Tampoco se ha logrado establecer si bajó o no del bus. Ni siquiera ha sido posible establecer qué persona conducía la unidad de transporte en mención. Tampoco se ha investigado exhaustivamente porque una ciudadana escribía mensajes a la madre de David indicándole que tendría datos de su paradero. Tampoco se ha realizado una investigación sobre el chip que se encontraba dentro del celular de David, hurtado por el controlador del bus y que se encontró en su propiedad, dice un informe de Inredh y Asfadec.

El pasado 19 de febrero de 2019, Alexandra Córdova insistió a la Fiscalía que oficie a Movistar para que envíe el detalle de las llamadas de David, el día de su desaparición. La Fiscalía ha iniciado una nueva investigación: por desaparición forzada. A ese proceso ha sido llamado a declarar el exministro del Interior, José Serrano.

El expediente de Romo estuvo bajo reserva. Con ese argumento, los fiscales y agentes investigadores negaban dar información a su madre sobre el desarrollo de su caso y sobre las actividades que éstos supuestamente ejecutan, cuando por ley la familia y sus abogados tienen derecho al acceso a esos documentos.

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) calcula en 4.000 los casos de personas desaparecidas sin resolver. Pero han denunciado permanentemente la inconsistencia de las estadísticas.