Violencia contra defensoras de DDHH

Esperanza Martínez Yánez fue una de las cinco mujeres defensoras de DDHH que denunció su caso ante la CIDH, en octubre del 2015. Es miembro de Acción Ecológica desde hace 30 años, una de las fundadoras, defensora de temas ambientales y de las personas afectadas por las causas petroleras. Trabaja y apoya a defensoras indígenas de temas ambientales como Paty Gualinga y Hueiya Alicia Cahuiya Iteca. Este es su testimonio:

“Trabajé en la elaboración de la nueva Constitución política, siendo asesora de Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente. Fui vista como una persona muy radical que estaba influyendo el proceso de la Constitución. En la Asamblea se hizo mucho trabajo, se otorgaron tres  amnistías para los defensores de la naturaleza y se debatió́ la consulta previa vinculante.

“Intentaron sacarme durante el proceso de elaboración de la nueva constitución, en 2007. Primero presionaron a Alberto Acosta y luego enviaron a personas a la Asamblea para neutralizarme, como diez personas. Recibí muchos ataques públicos. Me decían que yo era “tranquera”, o sea que hago las cosas por detrás. Salí en las sabatinas del presidente de la República con nombre y apellido. Fue en la misma época cuando se debatió́ la consulta previa vinculante, en el 2008.

“En el mes de marzo de 2004 pintaron una cruz invertida de color rojo en mi ventana. En el mes de mayo de 2004 lanzaron heces fecales en donde colgaba la ropa. En el mes de julio de 2005 recibí un mensaje de texto con una amenaza de muerte al celular que decía “MUERES HOY”. En el mes de diciembre de 2005 cinco personas nos robaron y nos intimidaron con armas. El 2 de marzo de 2006 puse la denuncia en la Jefatura Provincial de la Policía de Pichincha, pero hasta el día de hoy no han hecho nada.

“Mantengo un vínculo emocional, histórico y profesional por más de 20 años con el Yasuní. Trabajé para el desarrollo e impulso de la iniciativa de mantener el crudo en el subsuelo desde el 2005. Desde que la iniciativa fue acogida y desarrollada por el gobierno nacional en marzo del 2007, trabajé difundiendo la iniciativa nacional e internacionalmente.

“He actuado como delegada del doctor Julio César Trujillo en los procesos institucionales para la petición de la consulta popular y como representante del colectivo Yasunidos en varios encuentros, entrevistas y reuniones.

“El 15 de agosto del 2013 se canceló la iniciativa de mantener el crudo en el subsuelo. Yo fui parte de los procesos de auto convocatoria para que se revise la decisión primero y después para que la Asamblea Nacional evitara declarar la explotación petrolera de interés general y finalmente para consensuar con las diferentes organizaciones la posibilidad de convocar a una consulta popular por iniciativa popular.

“Desde que iniciamos este proceso de consulta popular doy fe que he sido víctima de una serie de interferencias, bloqueos y agresiones físicas. El jueves 15 de agosto del 2013 nos reunimos en la Plaza Grande y en medio de la desolación, desconcierto y dolor nos mantuvimos en ella haciendo una vigilia. El proceso continuó por varias semanas los días jueves. De manera progresiva fuimos expulsados de la Plaza. Con la presencia de los denominados grupos “Comando de Alianza País” hubo una creciente provocación y agresión, que era apoyada por miembros de la policía nacional. Terminamos siendo expulsados de la plaza a la que no podíamos entrar si no estábamos identificados como miembros de Alianza País. Pasaban solamente quienes tenían banderas verdes.

“Hubo varios golpeados, detenidos momentáneamente, insultados, amenazados. Yo vi que golpearon a tres mujeres y las tiraron al piso, vi que golpearon a un muchacho que tocaba los tambores al punto de sangrar su cabeza.

“Empezamos a recoger firmas, acudimos a lugares públicos, en donde se concentra usualmente la gente, pero las primeras reacciones fueron las de sacarnos de esos lugares. A mí por ejemplo, los policías municipales intentaron sacarme del Parque de la Carolina, desmontaron la carpa con la que guarnecíamos el sol, la destrozaron. Después impidieron que recoja firmas en el registro civil, y en la parada de buses del Estadio. En todos los lugares a los que iba intentaba tramitar un permiso de los administradores y la respuesta era siempre la misma, “no depende de mi, no queremos tener problemas”. Supe que sacaron también a grupos de recolectores, de los centros comerciales, entre ellos el Centro Comercial El Recreo, de Quito, y de distintos parques de la ciudad. Si bien había un gran apoyo en las calles era difícil la recolección por tener que estar permanentemente moviéndose en las calles.

“Al entregar las firmas, las agresiones continuaron. El día en que se pretendía llevar a un recinto militar todas las cajas con firmas, sin asegurar la cadena de custodia ni responder lo sucedido con la manipulación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la caja de cédulas de los recolectores, hubo una presencia militar y policial impresionante. Intentamos insistentemente abrir algún diálogo con los directivos del CNE, con los consejeros o con el personal técnico, sin embargo los únicos que accedieron a reunirse fueron los responsables de la seguridad.

“Durante este período emitieron varias “sabatinas” (cadenas nacionales en las que el Presidente informa a la nación las actividades de la semana) en donde fuimos insultados como: “ecologistas infantiles’, “tira piedras”, “vagos”, “los mismos de siempre”. Yo he sido insultada con nombre y apellido varias veces. Se ha utilizado mi imagen para acompañar estos insultos.

“El 22 de agosto presentamos a la Corte Constitucional la propuesta de una consulta popular a fin de tener el dictamen de constitucionalidad. Pasaban los días y no teníamos respuesta. Se hizo pública la estrategia de estafa a la ciudadanía: el 12 y 13 de septiembre se presentaron dos consultas adicionales. Una de las preguntas más radicales que se presentó fue: eliminar toda forma de extractivismo en el país, y la otra de apoyo al presidente.

“Se estaban creando las condiciones para impedir de cualquier forma la consulta por parte de la Corte Constitucional. Dejaron pasar el tiempo y el 1 de octubre, 40 días después de nuestra petición, la Corte Constitucional emitió́ correcciones al Reglamento de Consultas, proponiendo que primero se recojan las firmas y después se decide si la pregunta es constitucional o no. Una respuesta de este tipo la sentí como una burla. Se pasaron por alto incluso que el tiempo nos daba la razón, por silencio administrativo. Esto generó desconfianza en la Corte Constitucional, sensación de indefensión y de engaño.

“Presentamos el pedido de los formularios al CNE. Mantuvimos varias reuniones en las que se evidenciaba que lo que hizo la Corte era absurdo: primero recoger las firmas y después calificar la pregunta. Asistimos a las capacitaciones para la recolección de firmas. Allí se nos indicó que debíamos recoger las firmas con tantas condiciones que parecía imposible lograrlo: letra imprenta, esfero azul, papel sin arrugar, se nos dijo que teníamos 180 días para esto. Lo viví como un intento de desmotivarnos, de convencernos que la tarea sería imposible.

“Se nos presionó para el retiro de los formularios bajo el pretexto de que el tiempo corría desde que fue aprobada la elaboración de los formularios. Procedimos a una rápida organización para la recolección pero con los insultos públicos, una masiva campaña del gobierno argumentó que la destrucción sería mínima.

“Se presentaron en la calle dos tipos de efectos por la estrategia de confusión con las otras consultas. Por una parte la intimidación por parte de los recolectores de la pregunta de apoyo al gobierno (al otro grupo nunca lo encontré́ en la calle), y por otra desconcierto en la gente sobre cuál era la pregunta “verdadera”.

“La confusión se agudizó cuando salieron varias semanas seguidas en los medios de comunicación dípticos plagiando nuestros diseños de campaña. El ambiente de confusión y engaño nos impuso un régimen de desconfianza de ciudadanos que nos entregaban los formularios llenos.

“Una tarde se presentó a la oficina de Acción Ecológica un joven con varias hojas con firmas y una lista de nombres con números de cédula, él nos dijo que había sido contratado para falsificar firmas en nuestros formularios. El dijo que no quería ser parte de esto e incluso nos indicó cómo era el proceso de contratación, donde se reunían.

“El 12 de abril de 2014 presentamos al CNE nuestras firmas contenidas en 107.088 formularios. Era mucho más de lo requerido. La ciudadanía se volcó́ a recoger firmas que nos entregaban. El proceso de entrega fue largo pues fue necesario foliar las hojas y escanear todas las firmas. Durante la noche el proceso de entrega fue amable, un entorno amigable. Hubo un momento difícil pues el CNE pretendió́ suspender la recepción de las firmas a las 8 de la noche, a pesar de que la gente había sido convocada para trabajar ininterrumpidamente, frente a nuestra decisión de no salir del lugar, el proceso concluyó en la madrugada del día 13.

“Varias de las personas que actuaron en la revisión de las firmas, supieron decirnos que habían sido capacitados para la verificación pero que el equipo sería cambiado. Nos dijeron que trajeron 50 personas de Guayaquil. Tuvimos que organizarnos rápidamente, pues nunca supimos como funcionaria la recepción de las firmas. Podíamos estar unas 50 personas, sentados cada uno junto a delegados del CNE. Durante esa jornada yo personalmente tuve que pedir que se retire una persona a la que no conocíamos y que por el contrario fue reconocido como un miembro de la policía. No fue la primera vez que nos sentimos infiltrados por la policía, entre los recolectores identificamos a tres personas que mantenían identidades falsas.

“El 15 de abril de 2014, salió́ al aire una cadena del CNE anunciando que la forma de invalidar firmas sería por “recolectores”. Esto activó nuestra alarma y pasamos a revisar qué pasaba con las cédulas de los recolectores. Revisamos el CD que contenía las copias de cédulas de los recolectores escaneadas, que se nos había entregado en la noche del 12 de abril, y nos sorprendió́ que los escaneados eran de pésima calidad, pero además no encontramos las cédulas de los principales recolectores, entre ellas la mía.

“Mantuvimos una reunión con el vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, para intentar saber qué pasó con las copias de las cédulas y por que no aparecían algunas de nuestras cédulas. Presenté 10 nombres como ejemplo de las cédulas que no aparecían. Nos dijeron que buscarían las firmas delante de nosotros. Sin embargo una hora más tarde llegó uno de los funcionarios del CNE con dos copias de cédulas de las 10 entregadas en la lista. Una de ellas, la de Benito Bonilla, tenía una codificación distinta al registro escaneado cuya copia nos había entregado el propio CNE. Hicimos notar que se había roto la cadena de custodia de la caja más importante, la que contenía las copias de cédulas de los recolectores, pues se manipularon las cédulas sin nuestra presencia.

“En horas de la tarde se dio una rueda de prensa en la que se exhibieron las cédulas y se me hicieron acusaciones de mentiras. Esas cadenas fueron ofensivas, repetidas varias veces y en lugar de asumir la irresponsabilidad y mala fe al abrir nuestras cajas sin nuestra presencia y de haber desaparecido aunque sea temporalmente las cédulas, nos convertía a nosotros en el problema. Cuando empezó́ la anulación de las firmas constatamos muchas irregularidades. Se abrieron todas las cajas que contenían los formularios sin nuestra presencia.

“Intentamos un nuevo diálogo, esta vez con la creación de una Comisión Técnica Mixta, que intermedie para que se resuelvan los problemas de las cédulas y de todo lo actuado sin nosotros. Sin embargo, a pesar de que esta Comisión fue aceptada por René Maugé (responsable de organización de la consulta), nunca recibió́ la información que solicitaba para poder trabajar y jamás se designó una contraparte por parte del CNE.

“Hicimos diariamente cartas con quejas, peticiones de información; tengo copias de haber mandado 30 cartas dejando constancia de lo que ocurría y pidiendo respuestas a las irregularidades e información para poder continuar con el proceso de verificación. La mayoría de estas cartas no fueron respondidas. Se eliminaban firmas sin argumentos, había un entorno muy duro dentro del Comisariato de las Fuerzas Armadas, maltrato a los jóvenes, imposibilidad de ver las computadoras en las que se anulaban las firmas. Podíamos entrar 15 personas mientras actuaban 200 verificadores. Entre los verificadores (supervisores) pude reconocer a dos personas que en días anteriores habían provocado altercados en los eventos que organizábamos en la calle como parte del ejercicio de auto convocatoria, además reconocí a una persona que recogía firmas para la otra consulta.

“Durante este tiempo la Defensoría del Pueblo actuó́ avalando el proceso del CNE, y no protegiendo los derechos de quienes éramos promotores de la consulta y estábamos siendo maltratados. Esto, a diferencia de la gestión anterior cuando la Defensoría sí actuaba más cercana a los procesos sociales, y por ejemplo hicieron un informe de la criminalización.

“En esos días de abril estábamos virtualmente secuestrados, no podíamos salir del CNE, tampoco podía entrar nuestro abogado. Fuimos golpeados, pero nos presentaron como golpeadores. La gente que se había ido aglutinando en la calle fue arrastrada, se echaron gases en la cara. Mis hijos que se encontraban en las afueras del CNE fueron arrastrados, golpeados y recibieron gas en la cara.

“Tengo una sensación de engaño, de abuso a mis derechos de participación. Fue mucho el trabajo de recolección como para que se hayan anulado más del 50% de firmas.

“Al final del año 2014, se hizo un concurso en televisión nacional y un alto funcionario del gobierno me calificó como “la mentirosa del año”. Se dijo que yo mentí por unas declaraciones hechas por mi persona en una entrevista en la cual afirmé que la carretera que se está construyendo en el parque nacional Yasuní (bloque 31) llegaba a tener un derecho de vía de 60 metros. Durante la entrevista cité las fuentes que afirman esto basadas en imágenes satelitales, pues ingresar a la vía está prohibido.

“A través de las redes sociales se ha lanzado en varios momentos campañas en mi contra. Primero hubo una campaña en la que circulaba un mensaje de “Yasunidos atacados con vídeo porno de Esperanza Martínez”, que recibió́ mi hijo y toda mi lista de contactos, también circuló mi rol de pagos y cuentas de la organización para que la cual laboro. Usan esquemas de mujer. En la última etapa circularon calificativos que me calificaron como “bruja con 37 gatos”.

“Me considero defensora de los derechos de naturaleza, derechos reconocidos en la Constitución ecuatoriana; sin embargo, en lugar de respetarse mis derechos se me “lincha mediáticamente”, delito reconocido en nuestra legislación.

“Por cinco meses tuve a menos de 100 metros de mi casa una UPC (Unidad de Policía Comunitaria), blanca, que es una unidad móvil de la policía que actúa como unidad especial de vigilancia.

“Después la UPC fue sustituida por un carro del GOE (Grupo de Operaciones Especiales), estas son unidades de color negro, con símbolos violentos de policías encapuchados. Mis vecinos me comentaron que ante la pregunta de por qué estaba esta unidad en el barrio, la respuesta fue que en este barrio viven subversivos.

“Este refuerzo al sistema de vigilancia se dio desde que se declarara públicamente que yo vivía en ese barrio, sugiriendo que tenia alguna participación en las manifestaciones hechas por los vecinos del barrio al declararlo “persona no grata”, hecho con el que no tuve ninguna participación.

“La presencia de ese carro, junto con las agresiones individualizadas a mi persona, construye un escenario intimidatorio.

“Es antipático, la visibilización es muy antipática si tu opción no es la política. No te permite moverte en una vida normal. He hecho algunos cambios. Un ejemplo, ahora me transporto con la moto, cuando yo daba entrevistas a los medios de comunicación, me daba mucho miedo subirme en el primer taxi. Nunca tomaba el primer taxi. Compré la moto para poder entrar y salir sin miedo, porque la gente te reconoce, los que creen que has hecho algo mal y los que te apoyan.

“Mi pareja va conmigo a la marcha del 1 de Mayo para cuidarme, porque dice que la gente me reconoce. Le da temor que la gente me reconozca y me agreda.

“Todos necesitan tener cuidado. Hay distintas formas de control hacia la mujer, por los hijos. Mi hijo chiquito tiene que pasar frente al carro de la policía todos los días. Según mi criterio las mujeres están más expuestas. Las mujeres tienen que responder a una seguridad colectiva (por los hijos). Estamos mucho más en la calle las que asumimos un trabajo fuera de la casa.

“Por último, en abril de 2015 en Pacto se estaba realizando una consulta alternativa sobre la minería. Al llegar había un cartel con mi foto a lo largo de toda la carretera que decía: “Sí hay minería responsable. La ONG no me paga el sueldo”. Puse la denuncia para identificar a quienes produjeron, pegaron y pagaron por el afiche. Es el mismo corredor geológico que Intag que tiene la Empresa Nacional de Minería.