Walter Alberto Olmedo Tapia, de 22 años, Julio Alejandro Avilés Buris, también de 22 años, y Pedro Benjamín Castro Laje, de 38, fueron asesinados y sus cuerpos hallados el 8 de abril de 2012 en la parroquia Chongón, en Guayaquil. Los tres estaban maniatados y tenían disparos en la cabeza.

Sus familias relataron que los tres hombres fueron aprehendidos en el bloque 1 de la cooperativa Sergio Toral, por un grupo con uniformes militares. Sucedió mientras los jóvenes estaban jugando indor y luego de ganar un partido, se pusieron a contar el dinero que habían logrado en las apuestas. Los militares llegaron en un vehículo y los habrían golpeado, relataron testigos.

En las investigaciones se conoció que la patrulla militar había hecho un recorrido el día del crimen, pero no había reportado novedades. Sus GPS manuales no habían registrado que ellos estuvieron en Chongón. Pero el dispositivo satelital de la camioneta sí marcó esa ubicación. Esta pista fue clave para incriminar a los uniformados.

La Fiscalía informó que las víctimas fueron torturadas y luego ejecutadas a tiros en un lugar desolado y con matorrales. Hubo ocho militares procesados y tuvieron distintas penas. Oscar Sánchez fue declarado culpable del asesinato y condenado a 35 años. Mientras que Nicanor Gonzabay, Julio César Cumba y Daniel Chóez fueron sentenciados a 16 años de cárcel en calidad de coautores; y Luis Alberto Naranjo, Luis Valdez, Carlos Estupiñán y Jerson Barragán se les impuso 8 años de cárcel por cómplices del crimen. La pena de estos últimos fue rebajada a 5 años con 4 meses el 3 de octubre del 2017 por la Corte Nacional en la audiencia de apelación.

Las acciones ejecutadas por policías y militares respondieron a políticas de gobierno basados en resultados de reducción de la delincuencia a cualquier costo, fijando metas a los uniformados que implicaban duplicar el tiempo de servicio o ejecutar acciones de control sin el respaldo legal para ello, generando diferentes operativos denominados con nombres llamativos como “Eslabón”.