Violencia contra educadoras

En el gobierno de Rafael Correa se estigmatizó a los dirigentes gremiales y particularmente a las mujeres que reclamaron la igualdad en el ejercicio de este derecho a la educación y la posibilidad de formar sindicatos para asegurar la participación de los distintos actores. Se orquestaron desde el Estado campañas de desprestigio contra las dirigentes.

Se las acusó de terrorismo, de actividades subversivas, de incitar a los estudiantes a participar en las protestas, desacato, agresión verbal y proselitismo político, y en algunos casos fueron efectivamente condenados sin pruebas suficientes. Se judicializó la protesta y se instrumentaron campañas  mediáticas misóginas. Se registraron siete casos de mujeres educadoras que fueron víctimas de esta campaña: Pamela Paredes y Natalya Maya, líderes universitarias; y Rosana Palacios, Pilar Paredes, Rosaura Bastidas, Mery Zamora, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores.

El caso de Mery Zamora fue uno de los más visibles. Su persecución incluyó ataques a su honor vía Twitter. El 12 de junio de 2013, la profesora fue condenada a ocho años de prisión tras ser acusada de sabotaje por su participación en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. El tribunal concluyó que Zamora había incitado a estudiantes a que participaran en esa  protesta, interrumpiendo clases y obstaculizando la prestación de un servicio público.

Según la versión de la Fiscalía, en horas de la mañana de ese día, la profesora Mery Zamora ingresó al colegio Aguirre Abad e interrumpió las labores académicas, arengando a los estudiantes para que salieran a la calle a protestar, lo que en efecto ocurrió y dio lugar a algunos estudiantes lesionados.

La versión dada por la procesada en la audiencia refiere que viajó a Guayaquil, desde la ciudad de Quito, en la noche del 29 de septiembre para desarrollar al día siguiente una serie de actividades en su calidad de presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Durante una entrevista, previamente acordada, en Radio Morena a las08:00, se enteró de lo que estaba ocurriendo en Quito y se comunicó con dirigentes de su partido, el Movimiento Popular Democrático (hoy Unión Popular).

La siguiente de sus actividades programadas consistía en una reunión en el colegio Aguirre Abad, para discutir con los profesores en torno al fondo de cesantía. Intentó llegar al colegio en su auto pero tuvo que dejarlo; ingresó al colegio, vio a todos los estudiantes en el patio y el profesor David Castro, inspector general del colegio, le explicó que en las condiciones existentes no era posible realizar la reunión prevista. La profesora Zamora sostiene que se retiró entonces por la parte posterior del colegio sin haber incurrido en la actuación señalada por la Fiscalía.

La denuncia contra Mery Zamora, planteada por Mónica Franco, subdirectora Regional de Educación, el 22 de octubre de 2010, fue desestimada en la Fiscalía del Guayas, el 5 de julio de 2011, debido a que “el hecho denunciado no constituye delito”. El Juez Quinto de Garantías Penales dispuso el archivo del expediente.

Pero el 7 de octubre de 2011 otro fiscal dispuso la reapertura de la investigación. Sobre el señalamiento de haber arengado a los estudiantes, formuló acusación por el delito, usualmente denominado “sabotaje a servicios públicos”, tipificado y sancionado en el artículo 158 del Código Penal. La audiencia de juzgamiento se realizó en el Décimo Tribunal de Garantías Penales el 10 de mayo de 2013 y la sentencia se expidió el 12 de junio. En ella, Zamora fue declarada culpable y condenada a una pena de ocho años de reclusión y una multa de 87 dólares, sanción que en noviembre fue ratificada en segunda instancia.

El 14 de noviembre de 2013, la Primera Sala de lo Penal del Guayas ratificó la sentencia contra Mery Zamora por el delito de sabotaje y terrorismo. El 27 de mayo de 2014, la Corte Nacional de Justicia determinó que los actos de Zamora no constituían sabotaje y revocó la condena.

Desde el 2014, el caso llegó a la Corte Constitucional, porque el entonces fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, presentó una “acción extraordinaria de protección” ante la Corte, a pesar de que la absolución por parte de la Corte Nacional de Justicia había sido definitiva conforme al derecho ecuatoriano. Este pedido fue admitido a trámite.

Pero recién el 1 de agosto de 2018, la Corte Constitucional negó la acción presentada por Chiriboga. Sostuvo que no se habían violado ningún derecho al reconocer la inocencia de Zamora.