El 31 de mayo de 2016 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) llegaron para hacer una requisa al pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi con el objetivo de buscar objetos prohibidos dentro de las celdas. La acción estuvo dirigida por el mayor René Cañar. También participaron los subtenientes Byron G., Daniel M. y Nidia M.

Según la Fiscalía, durante el operativo los presos fueron sacados de sus celdas. Videos registraron agresiones a los internos: golpes con toletes. Además les echaron gas lacrimógeno y les aplicaron corriente. Mientras las víctimas estaban acostados boca abajo sobre el piso los policías caminaron sobre sus cuerpos. Fueron obligados a desnudarse y ponerse en cuclillas para realizar ejercicios (estilo sapitos) en presencia de sus compañeros de celda y de los agentes policiales. Fueron insultados.

La audiencia de formulación de cargos fue el 8 de junio de 2017, en la ciudad de Cuenca. El fiscal Adrián Arpi presentó sus alegatos: la Policía actuó bajo la orden de decomisar “objetos prohibidos”. Los privados de libertad señalaron que en la supuesta requisa los policías se llevaron toda clase de objetos, artesanías elaboradas por los internos, material de trabajo de los talleres, objetos autorizados por el mismo director del Centro de Rehabilitación Social como zapatos especiales para personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad

Ellos sufrieron secuelas por el maltrato físico, las huellas de golpes y heridas se notaban en las manos, brazos, espalda, piernas, tórax, nalgas, inclusive algunos de los reclusos quedaron inhabilitados a bajar a recibir sus alimentos. Pese a las evidencias de tortura, el fiscal Adrián Arpi reformuló los cargos contra los uniformados y decidió acusarlos solo por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. En la audiencia preparatoria de juicio del 10 de agosto de 2017, 15 policías fueron sobreseídos de manera definitiva de ese delito. Una decisión que indignó a las familias de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos.

Pero el 13 de octubre de 2017, un nuevo fiscal consiguió la nulidad a partir de la audiencia de formulación de cargos para poder acusar correctamente por tortura. La defensa de las víctimas manifestó en esa audiencia que “la reformulación de cargos dio lugar a un dictamen abstentivo. A más de esto existe el derecho a la verdad por parte de las víctimas. Se está incumpliendo ese deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”.

Las víctimas esperaron una decisión judicial por más de dos años. El juicio se llevó a cabo recién el 14 de noviembre de 2018. Fue el primer juicio por tortura en una cárcel de Ecuador. 37 policías fueron sentenciados a 106 días prisión por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. El fallo dejó descontentas a todas las partes. Sobre todo a la Fiscalía y a los abogados que defendieron a los presos porque no contaban con que el Tribunal de Garantías Penales del Azuay condenara a los policías por otro delito que no era el de tortura. Los defensores de los presos habían pugnado ya en otros tribunales para que mantener la figura de tortura. Así avanzó el proceso y fueron llamados a juicio por esa falta.

En la audiencia de juicio, los fiscales Carolina Ruiz y Esteban Coronel presentaron nueve pruebas documentales y 45 testimonios de testigos y peritos. Entre la prueba documental, la Fiscalía presentó el listado del personal que participó en el operativo, la orden de servicio para la requisa policial, entre otros. En total 23 de las víctimas relataron lo que vivieron durante el operativo, varios de ellos asistieron a la audiencia de juicio. Otros participaron por videoconferencia desde los Centros de Privación de Libertad de Guayaquil, Latacunga, Riobamba y Cuenca, además desde el Complejo Judicial de Ibarra. Tanto las víctimas como la Fiscalía tenían previsto apelar la sentencia.