“Irene Guerrón, intendenta de la Policía Nacional, fue asesinada por intentar regular la prostitución en Lago Agrio. El 21 de junio de 2007 el dueño del prostíbulo El Imperio (por cierto el más grande de Lago Agrio, ya cuenta con una edificación de tres pisos en constante crecimiento, cuando la muerte de la Intendenta, el edificio sólo tenía dos pisos), pagó a sicarios colombianos para que asesinaran a la intendenta, que había ordenado la reubicación del mencionado lugar”.

“Según consta en el proceso, los sicarios fueron llevados a Lago Agrio, en un vehículo particular del entonces alcalde, por el chofer del mismo. Quien contrató a los sicarios fue el jefe de seguridad de El Imperio, que también era jefe de seguridad de Petroecuador; y los sicarios dijeron que “alguien”, “un policía” les dio la motocicleta y el arma homicida”.

Esta historia es una pequeña parte del informe La trata ante el espejo: una aproximación a la explotación sexual en el trabajo esclavo, producto de una investigación de campo, entre el 2011 y el 2012, y que fuera silenciado por las autoridades de la época, debido a las vinculaciones encontradas entre jefes policiales, fiscales y otros administradores de justicia, con el comercio o trata de mujeres en la frontera con Colombia. 

La investigación y posterior informe fue financiado por la cooperación internacional (europea y alemana) y contratado por el proyecto de Fomento de Seguridad Integral en Frontera Norte (FOSIN). Los resultados fueron entregados al gobierno, el cual nunca lo hizo público.

Por la importancia del tema, Plan V reproduce extractos íntegros del informe, tal como fue entregado a las entidades mencionadas. Incluye el relato testimonial del autor de la investigación.

Sucumbíos: el prostíbulo “Flor de Lis”

En Shushufindi, Sucumbíos, la Comisaría de la Policía Nacional, sin ser su competencia, refiere y documenta por escrito el caso de las colombianas Juliet Estefanía J. ; Jeneth O. María L.; Maryan Q. y dos más, las cuales el 24 de febrero del 2010 se dieron a la fuga del prostíbulo La Flor de Lis en Shushufindi, porque la dueña del mismo, Janeth E. —también dueña del prostíbulo Casablanca en Lago Agrio—, las mantenía secuestradas contra su voluntad, obligándolas a ejercer la prostitución, sin pago alguno.

Las mujeres fueron traídas de Colombia a través de engaños; fueron retenidas contra su voluntad en los dos prostíbulos entre Shushufindi y Lago Agrio. Cuando alguna pretendió escapar, la policía la detuvo, la metió en un calabozo y la llevó de regreso al prostíbulo.

A las mujeres se les “cobraba” 30 dólares de multa por “asomarse a la calle”. Cada tanto tiempo, eran llevadas al local de la Policía de Aduanas a tener sexo con el jefe de esa agrupación. El jefe de la policía de Shushufindi era amante de la dueña del negocio, por eso, cuando había batidas de la policía, nunca encontraban nada ilegal. Cuando alguna de las mujeres se lograba dar a la fuga, la policía iba por ellas, las violaba sexualmente y las regresaba al burdel.

Cuando por fin las mujeres salen del prostíbulo, corren a la calle, toman un taxi que las lleva a la Comisaría de la Policía Nacional, hacen desde ahí dos denuncias, primero a la Radio Sucumbíos, que trasmite los dichos de las mujeres; inmediatamente después la comisaria las recibe, les toma declaración y les ofrece protección durante tres días. La DINAPEN tomó conocimiento, la gobernación provincial tomó conocimiento, la Policía Nacional tomó conocimiento, no acudieron y nunca nadie fue sancionado.

No hay ninguna investigación de carácter criminal por estos hechos. El jefe de la Policía de Aduanas sigue siendo el mismo (2012. Ndlr.); el jefe de la policía de Shushufindi estuvo preso por extorsión en Quito, y salió una semana después bajo fianza. La dueña del prostíbulo se fue de Shushufindi y arrienda el lugar que sigue siendo prostíbulo. Las colombianas, cinco de ellas salieron a su país al tercer día de la denuncia por amenazas de muerte, una más se quedó hasta enero de 2011 en el lugar, trabajando en los prostíbulos, pero finalmente regresó a su país.

Carchi: la profesora con un catálogo de chicas estudiantes

En el caso de Carchi, un testimonio de un funcionario de alto nivel de la Fiscalía Provincial refiere que los delitos sexuales no se persiguen por los fiscales de esa jurisdicción, porque no “existen”, no se perciben o son minimizados o abiertamente ignorados, y cuando desde el gobierno central se acude a brindar cursos y talleres de género, solo se dan a mujeres.

Hay diversos intentos, refiere el testimonio, de que jueces y fiscales persigan los actos de violencia sexual, pero hay un nivel de indiferencia cultural, normativa e institucional —no existe un proceso de “vigilancia” destinado a cada uno de los fiscales y todos los procesos, para que se cumpla la ley—, por ello, afirma, no hay estadísticas sobre este tipo de delitos en esa provincia.

Lo anterior, deviene en asignaciones pírricas a nivel presupuestal, pues las partidas para el combate a la delincuencia se asignan en función de resultados estadísticos concretos. Aquí no hay. Finalmente, esto redunda, afirma, en la cancelación de hecho del combate a ciertas cadenas delictivas.

Otro testimonio refiere que: en el caso del burdel Texas, se localizó a una menor víctima de trata, y se detuvo a la administradora y la niña quedó en “custodia” de la DINAPEN —que no tiene un local adecuado para proteger a las víctimas, ni presupuesto, ni entrenamiento para hacerse cargo de una
menor—, resguardó a la menor durante 8 días. Esa oficina recibió, desde el primer día, presiones por parte de un jefe de la policía y un Fiscal para que “dejara ir” a la menor, para que no hubiera ratificación de la acusación.

A los 8 días, llegó el jefe policíaco con la familia de la menor, proveniente de Colombia y se llevaron a la niña, con lo que ya no hubo ratificación de la denuncia y la sospechosa fue liberada y el caso cerrado.

El testigo habló de “promociones” desde Quito a los involucrados. Sobre este caso, entrevistados, el juez competente negó haber tenido ningún caso de trata, el fiscal dijo que en Carchi no hay trata.

En Tulcán, un policía de aduanas, que rindió testimonio en forma anónima, señaló que esa fuerza policíaca ha encontrado, en diversos operativos contra cachinerías realizados este año de 2011, dos “bunker” —instalaciones subterráneas clandestinas— en la provincia. Refiere que estos se encuentran, uno, debajo del burdel “Texas” y el otro en la población de Julio Andrade.

En ambos encontraron diversas mercaderías ilegales de contrabando así como mujeres que eran “almacenadas” en dichos lugares, para su “traslado” al interior del país. El oficial refiere que “recibió instrucciones” de guardar silencio de su mando. Cuando le cuestioné sobre por qué no había hecho la denuncia legal de estos ilícitos, me respondió: “yo vivo aquí, tengo familia, ¿usted cree que yo me voy a ir a meter a esa fiscalía?”. Esta información, sobre los “refugios” o “bunker” subterráneos ilegales, fue confirmada con organizaciones humanitarias, quienes han recibido denuncia de mujeres víctimas de que pasaron por estos lugares.

Un testimonio señaló que se había detectado un servicio de “chicas prepago”, operado por una profesora “Dorinda” en el colegio Q., en Tulcán, ofrecen a las niñas con fotos. Antes, otro testimonio de defensores de derechos humanos habló del tema: “son pequeñas de un colegio, no sabemos de cuál, pero hay una profesora que las “ofrece” por 200 dólares la noche.

Otro testimonio confirma: “…hay una red de trata dirigida por una profesora del colegio Q., que es amante de un fiscal, tienen un catálogo de chicas en una carpeta con fotografías, las usan para “espectáculos privados” y para servicios sexuales, las contratan por noche… no podemos hacer nada porque está protegida.”

Con estos elementos, fui al mencionado colegio, pregunté por la profesora, la persona de la entrada me señaló que “así le dicen, pero no se llama así”, e indicó el salón de clases donde se encontraba. Entré y pregunté a la profesora si ella sabía de un servicio especial, que me habían recomendado que la buscara, ella abrió un cajón y me mostró un cartabón cerrado, forrado con fotografías de jovencitas, tamaño credencial, totalmente cubierto por ellas. Preguntó si traía dinero, le dije que aún no, que debía ir a un cajero a sacar, y me dijo que entonces regresara: “al menos serán 200”. Salí del colegio y no regresé. Eran las 4:30pm de un miércoles.

Servicio especial: fiscales y policías como clientes

Uno de los hallazgos, como una constante en las cuatro provincias (Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas e Imbabura)  es el encontrarse con servidores públicos usuarios y clientes de los prostíbulos. Los hay quienes acuden en horas de trabajo, los hay a quienes se les brindan “servicios especiales” y se les llevan mujeres a hoteles, moteles, e incluso sus propias oficinas (según testimonio de las mujeres víctimas de trata). Los hay quienes acuden a pedir “servicios” en uniforme de trabajo y con armas de cargo.

Dentro de los prostíbulos se encontraron policías uniformados y armados bebiendo en las mesas compartiendo con mujeres de algunos locales (en Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi), integrantes del cuerpo de bomberos uniforme (Esmeraldas e Imbabura), funcionarios de fiscalías que habían sido entrevistados (Sucumbíos, Esmeraldas), jueces (caso concreto dos de ellos en Esmeraldas).

Refiero dos casos descritos en los testimonios, además de los ya vertidos por las colombianas. El primero —guardando las reservas, porque no hay elementos para inferir que hablamos de trata—, un testimonio informa de un pequeño grupo de servidoras públicas, trabajadoras jóvenes y atractivas de la Fiscalía Provincial de Esmeraldas —entre las que se encontraría incluso una fiscal—, se dedicarían a la prostitución los fines de semana, como una actividad económicamente rentable.

Para ejercer este “oficio” alternativo, se desplazan a Ibarra, según se dice. Otro testimonio confirmó que hay un “servicio ejecutivo” de sexoservicio dirigido a la clase alta y funcionarios de “alto nivel” en el gobierno, que se brinda por “funcionarias de Esmeraldas”. Ambas versiones hablan de costos similares, entre 5 y 6 mil dólares por un fin de semana.

El otro caso, se detectó una red de sexoservicio “especial”, dirigido particularmente a funcionarios públicos en la ciudad de Ibarra, en donde ofrecen sus servicios de “primera clase” a través de tarjetas de presentación, pasan a las oficinas públicas, haciendo énfasis en juzgados, fiscalías, comisarías y diversas fuerzas policiacas. Este servicio se ofrece únicamente a funcionarios, hombres, que se encuentran en posiciones de decisión, ejecutivas u operativas.

Un testimonio ayudó a ubicar a dos mujeres recorriendo las oficinas, ofreciendo las tarjetas. Escuché el diálogo de una de ella con un juez de garantías penales, en uno de los patios de la gobernación de Ibarra. Cuando intenté entrevistarlas, ambas salieron apresuradamente y el juez se molestó, diciéndome que la estaba importunando. El caso es que las mujeres se acercan a jueces, fiscales, policías a ofrecer servicios “gratis la primera vez”, para que, según escuché: “usted vea la calidad de la mercancía”, “son como nosotras”, “limpias… sanas”. El mismo juez, dijo: “aquí nunca ha habido trata, ni un solo caso”.

Los beneficiarios y los pagos por especie

En este nivel, podríamos ubicar a quienes siendo parte del servicio público, obtienen algún tipo de ganancia, ventaja, o incluso influencias producto de la cercanía. En este rubro, hay testimonio de policías, comisarios, un fiscal, un juez, abogados civiles y representantes de organizaciones de derechos humanos que hablan de jueces, fiscales, intendentes y policías que obtienen “beneficios” colaterales por “ayudar” a quienes mantienen negocios de burdeles en las 4 provincias.

Dichos “beneficios” pueden ser económicos directos, a través de coimas, o directamente cuotas asignadas por “servicios prestados”, que se cobran con regularidad, por dejar hacer, por no mirar, por no estar, por informar de batidas, por no procesar, por no investigar, por no perseguir. Hay testimonios que hablan de ofrecimientos que van desde “una mano” (cinco mil dólares) mensuales a policías, hasta “ocho manos” (cuarenta mil dólares) a jueces y fiscales por “favores especiales”; se llega a hablar de casos de coimas de más de 100 mil en el caso, por ejemplo, de los túneles o “bunker” de Carchi. Esta información, como es obvio, no se pudo corroborar por la naturaleza subjetiva de la base testimonial y por los múltiples factores de riesgo físico y amenazas que ha implicado la realización de esta investigación en el terreno.

Otro tipo de “beneficios” suelen acompañar al dinero, al menos en la base testimonial se habla de “pagos en especie”, con mujeres, así se sabe de casos de funcionarios que piden mujeres –o niñas de  años, cómo el caso que denunciaron las 6 colombianas evadidas de Shushufindi, que fueron llevadas al jefe de la policía de aduanas, según dijeron—, para que sean llevadas a sus oficinas. Mujeres llevadas a hoteles, por los dueños de los burdeles, o por policías, para “uso gratuito”, o por intercambio de favores. A policías sin rango, suele “regalárseles” un o dos “servicios” cada cierto tiempo, para que
“colaboren”.

Los cómplices: los agentes del Estado ecuatoriano

Aquí podemos señalar que hemos encontrado funcionarios públicos, de todos los niveles, que forman parte integral del problema, se benefician, administran, obstaculizan y participan de hecho en la construcción de una serie de redes (no es una red, sino varias que funcionan paralelas, con contactos, interconexiones, intercambios, en función de un interés común, un negocio común: comercializar mujeres como mercancías sexuales).

En general, en las cuatro provincias, se recogió información sobre los procesos de “legalización” de las mujeres que viven bajo la trata. Así tenemos que en Tulcán se reciben carnet de solicitante de refugio, esto permite ya un tránsito legal de las mujeres por el país y su trasiego por las carreteras nacionales.

Después, según se nos indica, son llevadas a Santo Domingo de los Tsáchilas, en dónde se reciben partidas de nacimiento “legales” (tramitadas “tardíamente”) y consecuentemente se pueden obtener cédulas de identidad que convierte a las colombianas en ecuatorianas y mayores de edad —sin importar si no cumplen ninguna de estas dos condiciones—, lo que legitima el carácter “legal” de los establecimientos comerciales que se dedican a la explotación sexual comercial de mujeres.

Así, tenemos, como ya se hizo referencia, en Sucumbíos, según un testimonio y las denuncia por escrito de las colombianas víctimas –y su relato en Radio Sucumbíos-, jefes de dos corporaciones policíacas (la Policía Nacional y la Policía de Aduanas), involucrados en la trata, con relaciones personales con quienes manejan los burdeles, asignando policías de a pie a “vigilar y castigar” a las mujeres que huyen, para regresarlas a la explotación.

Según los testimonios, los policías tienen “autorización” para violar sexualmente a las mujeres antes de regresarlas con su “dueño”. Según diversos testimonios, en Sucumbíos se mezclan las empresas petroleras con los burdeles y las policías, y un jefe de policía, bien puede ser, o han sido, también jefe de “seguridad” de los burdeles y colaborar o dirigir la seguridad de las petroleras.

Asimismo, se tiene testimonio de organizaciones de derechos humanos, mujeres sobrevivientes, trabajadoras sexuales y vecinos: en el Río San Miguel, en “La Punta” (General Farfán), la estación de La Marina controla el tránsito de todas las “mercancías” que entran y salen del país, entre esas “mercancías”, dicen, hay mujeres víctimas de trata.

En Carchi, según testimonios, los policías participan del negocio, tienen mujeres “de su propiedad”, tienen vehículos (camionetas) personales que son usadas en el transporte de mujeres desde Ipiales, Colombia —a veces desde Cali, Colombia—, hasta Tulcán, para “depositar” a las mujeres en el burdel “Texas” o en los hoteles “Quito”, “Oasis” y “Frailejón”. Varios vehículos de la policía permanecen en las afueras de los burdeles, a medio día, vigilando que no salgan las mujeres (personalmente pude ver al menos dos fuera del “Texas”, y dos más fuera del “Florida” o “Molino rojo”).

Un testigo informa que antes de salir a batidas, un jefe policíaco “hace operativo” con los policías que saldrán a las batidas y les quita y resguarda sus teléfonos celulares. Pero reconoce que de nada sirve porque a veces tienen dos o tres aparatos y “siempre avisan”, por lo que hacer batidas contra la trata es improductivo y jamás encuentran nada.

En esta misma provincia, defensores de derechos humanos, trabajadores de la cooperación internacional y vecinos reportan que los dueños de los burdeles se presentan en la oficina regional de la cancillería, ubicada en Tulcán, como “tramitadores” del carnet de solicitante de refugio de las mujeres colombianas de sus negocios. Según afirman los testigos, los funcionarios de la cancillería admiten esta intermediación. En la verificación sobre el terreno, pude constatar con los negocios aledaños a la Cancillería, que los dueños de los burdeles acuden a “hacer tramites” con cierta regularidad: “Siempre vienen con busetas y varias chicas” dicen los vecinos, “las chicas quedan dentro de la buseta y los que bajan son ellos”, “aquí todo mundo sabe quiénes son y a qué se dedican”.

Es de resaltar que pude presenciar el testimonio de una mujer —no fue dado a mí este aporte, sólo estuve presente— que denunció este hecho, después de haber huido de un burdel, el Texas. La mujer realizó su trámite para obtener carnet de solicitante de refugio en forma individual, y cuando fueron a entregar sus papeles, el dueño del burdel se enojó porque ella lo hizo sola. La mujer fue desaparecida por tres meses, en los que refiere que estuvo detenida en varios burdeles, de diferentes lugares, sin que supiera dónde se encontraba. Fue golpeada, incluso cuando se tomó el testimonio tenía un brazo enyesado producto de una fractura y se notaba muy golpeada de la cara. Acudí a la cancillería en Tulcán a confirmar la información, ahí afirman que “todos los trámites” son individuales, que no hay tramitadores. La investigación en Tulcán se vio interrumpida por la “vigilancia” y seguimiento de policías (uniformados y de civil) a este investigador.

En Esmeraldas, un testimonio afirma que los burdeles de Quinindé y Muisne son “administrados por la policía”, esta información no pudo ser confirmada. Hay varios testimonios de organizaciones de derechos humanos, mujeres y periodistas, en el sentido de que en la cuidad de Esmeraldas, los policías entran a los prostíbulos a “sacar” mujeres “sospechosas”, para violarlas, con la autorización de los dueños de los establecimientos, también “piden” mujeres para “los jefes”. Según testimonios de organizaciones de derechos humanos, y funcionarios de San Lorenzo, “algunos” policías sirven de sicarios a los negocios de los burdeles, para los “ajustes de cuentas”, según estos mismos testimonios, los pagos por estos servicios son en especie —con mujeres— y en dinero.

En Imbabura, según un testimonio, las rutas de la trata, la evasión de retenes, la ineficacia en las batidas y el control del “bunker” del burdel Toke Toke, está a cargo de la policía. Insiste en que “no tiene caso” de hacer batidas contra estos establecimientos, porque siempre “avisan” los policías que participan de los operativos a los dueños de los burdeles, aunque les quiten los teléfonos celulares. Esta información fue confirmada con defensores de derechos humanos.

En base a otro testimonio se señala que en Otavalo la policía está involucrada en actos ilícitos alrededor de los burdeles clandestinos en esa población. Señala que el “Coronel” coordina los operativos en los que nunca pasa nada. Dos testimonios informan que dos oficiales de la Policía Nacional viven dentro de uno de los burdeles clandestinos de Otavalo, el “Torres Gemelas” —este es un edificio de 6 pisos, originalmente un hotel, convertido en burdel, en los primero 5 pisos hay 8 cuartos en cada uno, lo que hace un total de 40 habitaciones; en el sexto piso se encuentra “la terraza” dónde el dueño tiene su casa habitación—. Informan que han intentado hacer operativos y cerrarlo en repetidas ocasiones, y siempre que llegan con batidas no hay mujeres, pues éstas son llevadas a la terraza, donde el dueño mantiene su casa habitación, y no han podido conseguir una orden de allanamiento.

Es el mismo caso de los burdeles “La caldera del diablo”, “El gato con botas”, “El canela”, “La chora”, así como varias casas particulares —por el rumbo de la salida a San Pablo en donde los señores Gonzalo J. y José A. mantienen este tipo de negocios (se dice que son ex policías, pero no se pudo verificar esta información)—, pero ambos testigos afirman que siempre que se hacen batidas, los dueños están informados y nunca encuentran ni una sola mujer, aunque las quejas de los vecinos continúan. Ambos, por separado, infieren que los operativos fallidos son a causa de que siempre la policía debe ser informada con una hora de anticipación de las batidas.

Un tema que debe analizarse aparte es la presencia del ejército en toda la franja fronteriza, necesaria para garantizar la integridad del territorio nacional. En el caso de las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas, la presencia es sumamente notoria en la vida cotidiana de la provincia, y en el caso del análisis del tema que nos ocupa, la esclavitud en explotación sexual, esta presencia —al menos en calidad de usuarios— de cientos de soldados del ejército, incrementa la demanda a niveles de alarmantes.

Esta presencia alimenta y establece un “cupo” permanente en los burdeles, esto genera una mayor movilidad y reclutamiento de mujeres al “negocio”, además de alimentar económicamente a esta “industria” en proporciones aún no evaluadas. En contrasentido, es también notoria la ausencia física de soldados uniformados en la provincia de Carchi, aunque su presencia es notable de civil. Las diversas vertientes de este tema en la variante “seguridad nacional” obligan a observar a estos actores privilegiados en este estudio.