Saraguro es un cantón de la provincia de Loja, donde se asienta el pueblo indígena que lleva el mismo nombre. Esa población se unió al paro nacional y levantamiento indígena de agosto de 2015. Fue en rechazo a varias decisiones del gobierno de Rafael Correa sobre el agro, el cierre de las escuelas interculturales bilingües, y otras leyes y derechos que los indígenas sentían que eran afectados.

El día 17, fueron detenidas 35 personas por paralización de servicios públicos después de que cerraran carreteras. De estas, 27 fueron procesadas, de las cuales 26 recibieron prisión preventiva, y hubo varios heridos. Hubo incursión en los territorios comunitarios y el allanamiento a las viviendas. Los policías y militares ingresaron a las casas para detener a quienes participaban en las protestas, varias mujeres fueron golpeadas, arrastradas y sacadas sus ropas tradicionales de forma violenta.

En la madrugada del 18 de agosto se dictó orden de prisión preventiva en contra de las 26 personas detenidas, 16 hombres y 12 mujeres, uno de los detenidos en las manifestaciones fue liberado por presentar discapacidad física. El 22 de agosto de 2015 fue negada la acción de hábeas corpus por la Corte de Justicia de Loja.

El 21 de septiembre de 2015 fueron vinculadas cuatro personas más al proceso por el delito de paralización de servicios públicos y así el número de procesados creció a 29 personas. El 26 de noviembre de 2015, se dio la audiencia preparatoria de juicio. De los 29, 10 fueron llamados a juicio y el fiscal se abstuvo de acusar a 21 personas. Pero el Fiscal Provincial revocó la decisión de su inferior y pidió que sean llamados a juicio a 19 indígenas y a 2 los sobreseyó.

El 23 de mayo de 2016, el Juzgado de Garantías Penales de Loja acogió en parte ese pedido y resolvió llamar a juicio a 12 de esos 19 procesados, conformándose en un segundo grupo juzgado por el caso Saraguro. Los otros 7 procesados fueron sobreseídos por falta de elementos probatorios para su enjuiciamiento. Tras dos años de proceso, el 27 de julio de 2017, los llamados ‘12 de Saraguro’ fueron declarados inocentes.

Pero en el primer grupo de 10 personas sí hubo sentencia. El Tribunal de Garantías Penales de Loja conformado por Máximo René Muñoz Palacios, Mercy Vilma Hurtado Flores y Pablo Santiago Narváez Cano, el 31 de mayo de 2016, condenó a Luisa Lozano, dirigente de mujeres de la Conaie, y Servio Amable Angamarca a cuatro años de prisión y a una multa de cuatro salarios básicos unificados, es decir de 1.500 dólares, por el delito de paralización de servicio público.

Pero luego esa sentencia fue ampliada para tres personas más. Los otros tres condenados fueron Asunción Zhunaula, Polibio Medina y Karina Monteros. El 2 de diciembre de 2016, ese mismo tribunal dictó medidas alternativas para los procesados: trabajo comunitario y pedir disculpas públicas a la Policía Nacional y a la ciudadanía de Loja mediante una publicación en la prensa. El caso llegó hasta la Corte Nacional de Justicia que ratificó la inocencia de los procesados, el 8 de agosto de 2018. Para la Conaie, la principal organización indígena del Ecuador, este fue un caso de criminalización de la protesta. Este grupo de indígenas fueron incluidos en la lista de indultos y amnistía que pidió la Conaie al presidente Lenín Moreno.