El 30S y los mil juicios

Fotomontaje: PlanV

En justicia, la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 ha dejado enormes cicatrices. Ese día cientos de policías y militares protestaron por las reformas a la Ley de Servicio Público, porque según los manifestantes derogaría los beneficios y estímulos económicos que venían recibiendo. Las protestas iniciaron en el Regimiento de la Policía Nacional N. 1, en el norte de Quito, pero con el paso de las horas se extendieron a todo el país.

El entonces presidente Rafael Correa se dirigió al Regimiento para personalmente aclarar la situación en compañía de su ministro del Interior, Gustavo Jalkh. Pero en el lugar, Correa desafió a los manifestantes por tres ocasiones y finalmente fue agredido con gases lacrimógenos, recibió insultos y fue vejado por los policías que protestaban. Caminó hacia el Hospital de la Policía para recibir ayuda. Lo hizo a paso lento pues estaba usando muletas por una operación de rodilla. Apoyado de pocos guardaespaldas, llegó hasta el hospital atravesando la puerta que conectaba al Regimiento con ese centro médico. Desde ahí expidió un Decreto Ejecutivo que impuso el estado de excepción en el país. Correa sostuvo que estuvo secuestrado porque afuera los uniformados le impedían salir. Correa estuvo en el hospital hasta que un operativo militar apoyado de las fuerzas élites de la Policía, como el GOE y el GIR, lo rescataron pasadas las 20:30.

Desde entonces decenas de juicios se llevaron adelante para encontrar a los culpables del 30S. Y en esa ‘cacería’ hubo violaciones al debido proceso y sentencias contra uniformados que hasta hoy aseguran ser inocentes. En febrero de 2018, el excontralor Carlos Pólit (procesado por el caso Odebrecht y prófugo de la justicia) dijo que videos del 30S fueron manipulados para encarcelar inocentes. Pero desde que el presunto informe fuera difundido y propagado por las redes sociales, las oficinas de los juristas que llevan casos del 30S se convirtieron en escenarios para ruedas de prensa, mientras que los afectados se concentraron en un coliseo para tomar acciones y marcharon hasta la Asamblea. Todos tienen un objetivo: que se revisen los procesos judiciales en los que cientos de policías y militares han sido involucrados.

Según cifras de los dirigentes de estas convocatorias, habrían al menos 1.550 procesados y 110 sentenciados por al menos 16 diferente delitos. Hablan de injusticia y de irregularidades en los juicios para justificar la tesis del entonces presidente Rafael Correa: que el 30 de septiembre de 2010 se produjo un intento de golpe de Estado. Estos son algunos de los juicios más recordados, donde los acusados siempre sostuvieron ser inocentes:

Fidel Araujo. En octubre de 2010, el mayor retirado del Ejército y coideario del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Fidel Araujo, fue detenido con fines investigativos. El gobierno de Correa responsabilizó al PSP y a su líder, el ex gobernante Lucio Gutiérrez, de instigar a policías y militares para provocar un golpe de Estado. Así el 22 de febrero de 2011, el juez decimocuarto de Garantías Penales, Leonardo Tipán, llamó a juicio Araujo por supuestamente incitar a la rebelión policial del 30S. De esa forma, Araujo se convirtió en el primer procesado por la sublevación policial. Él se estuvo en las inmediaciones del Regimiento de Policía de Quito y fue entrevistado por medios. Esos video fueron parte de la prueba contra el militar. Desde entonces se declaró como perseguido político. Salió libre en marzo de 2011, después de estar detenido seis meses. Fue absuelto por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha. Pero la Fiscalía apeló y el caso de reactivó. Se abrió un nuevo juicio y fue sentenciado a tres años de cárcel. Esa condena fue ratificada por la Corte Nacional en septiembre de 2015. Araujo fue indultado por Correa el 25 de enero de 2016. Reynaldo Zambrano, abogado del militar retirado, se sorprendió por la decisión pues no habían solicitado el indulto.

Coronel César Carrión. Fue el primer proceso por supuesto intento de magnicidio contra Correa. Los acusados fueron cuatro policías entre ellos el coronel César Carrión (hoy asambleísta), quien fue declarado inocente en tres instancias. A él se lo procesó por supuestamente haber impedido el paso de Correa hacia el hospital de la Policía al colocar supuestamente un candado en la puerta de acceso. Pero en las audiencias de 2011 este hecho fue desvirtuado. Durante su detención y tras una audiencia recibió el abrazo de su hija, quien lloró al verlo. Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia, acusó a la menor de “hacer teatro” para la prensa.

El segundo caso por intento de magnicidio. En junio de 2014 se reactivó el segundo caso por intento de magnicidio. Los policías Hugo Bonifaz, Vinicio Carvajal, Luis Guanotasig, Oswaldo Laso y Jesús Jetacama fueron sentenciados a 12 años de prisión por ese delito. El fiscal del caso fue Gustavo Benítez, quien ahora está fuera del país. El caso de Jetacama, dijo su abogado, es particular porque demostró cómo la justicia estuvo politizada. Narra que el 30 de septiembre de 2010, Jetacama estuvo de guardia en la Unidad Policial de Ponciano, en el norte de Quito. Para corroborarlo, pidió que le certifiquen el libro diario y de prevención de esa unidad. El fiscal del caso no impugnó ese documento e ingresó como prueba documental en el juicio. Sin embargo, en la sentencia, los jueces del Tribunal Séptimo de Garantías Penales no se pronunciaron sobre esta prueba. En la sentencia, los jueces Daniel Tufiño, Luis Fuentes y Elisabeth Martínez acogieron el video, el informe pericial y los testimonios. Según la defensa de los procesados, ninguno de los testigos identificó a ninguno de los procesados.

Rolando Tapia. El 30 de junio de 2011, el Tribunal Segundo de Garantías Penales condenó al coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa, a tres años de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado. Junto a él fueron procesados los policías Mario Flores y Patricio Simancas. Ellos fueron hallados cómplices y se les impuso una pena de 18 meses de prisión. También los policías Marco Tibán, hermano de la exasambleísta Lourdes Tibán; Javier Noboa y Carlos Tasinchana. Ellos fueron acusados de encubridores y recibieron un año de prisión.

Pero días después fueron destituidos dos jueces del Tribunal y la defensa de Tapia pidió la nulidad del juicio. Entre 2011 y 2012, Tapia llevó su caso hasta las cortes Provincial de Pichincha y Nacional, pero en ambas instancias le fue ratificada la condena de 3 años. El 6 de octubre de 2012, el coronel salió libre tras dos años de prisión bajo la figura de libertad controlada. Él estuvo detenido en la Cárcel 4 de Quito.