La lucha contra la minería en Íntag comenzó en la década de los 90, cuando la empresa japonesa Bishimetals consiguió la concesión de una parte del territorio del valle. La resistencia de sus habitantes logró expulsar a la empresa en 1997, pero en 2004 el Estado ecuatoriano volvió a permitir la entrada de otra transnacional: la canadiense Ascendant Copper. La población de las 76 comunidades inteñas se organizó y consiguió expulsar a la compañía norteamericana en 2006, después de que esta recurriera incluso al reclutamiento de fuerzas paramilitares.

En el gobierno de Rafael Correa comenzó el proyecto Llurimagua con la empresa chilena CODELCO y la ecuatoriana Empresa Nacional Minera (ENAMI-EP). Los trabajos han finalizado la fase de exploración avanzada. En los ríos y cascadas que nutren de agua a las comunidades se observan los residuos generados por esta actividad, según un reportaje de Evelin Rosas, de la Universidad San Francisco.  

Javier Ramírez fue detenido inicialmente en abril de 2014 por la supuesta participación en un ataque en contra de integrantes de ENAMI que había tenido lugar el 6 de abril de 2014. Los hechos ocurrieron en el sector la “Y” de la comunidad de Junín, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi. Ramírez fue acusado de rebelión y condenado inicialmente a 12 meses de prisión. Pero tras apelar esa sentencia, le fue rebajada la condena a 10 meses. El 10 de febrero de 2015, día de la audiencia, salió libre porque ya había pasado 10 meses detenido.

Según su abogado defensor de Ramírez, Ramiro Román, los presuntos afectados, Mauricio D., Bory E. y David S., no conocían al implicado y lo identificaron únicamente por fotografías que les indicó un funcionario de ENAMI. Ramírez y su defensa sostuvieron que él no participó en los hechos.

La ENAMI interpuso una apelación para que se implementara la sentencia original con los dos meses adicionales. El 15 de mayo de 2015, la Corte de Imbabura decidió restaurar la decisión original de privación de libertad y ordenó la detención de Ramírez por dos meses más. El 15 de julio de 2015, la Corte Nacional de Justicia se pronunció a favor del dirigente antiminero.

Su hermano, Víctor Hugo Ramírez, también fue acusado de haber participado en el ataque. Tuvo orden de prisión, pero no fue detenido porque estuvo en la clandestinidad. Tuvo que salir de su comunidad y pasar lejos de su familia. El padre de ambos fue asesinado cuando la primera empresa minera llegó a la zona, 20 años antes de detención de Javier.

“Es así que los campesinos de fincas cercanas al proyecto minero recibieron amenazas anónimas instándoles a abandonar la zona inmediatamente sino querían ser desalojados. Antes estas amenazas, el padre de Javier y Hugo Ramírez, convocó a la comunidad a una minga para colocar linderos con la intención de evitar que trabajadores mineros pasaran por sus tierras. El día en que se realizó el trabajo comunitario dos jóvenes que habían llegado a la comunidad hace poco atraídos por la expectativa minera amenazaron a los comuneros con un arma y les pidieron que saliesen de esas tierras. El padre de Javier y Hugo Ramírez al acercarse a ellos fue disparado y murió a causa del impacto de bala. El resto de comuneros trataron de detener a los dos jóvenes quienes huyeron y salieron de la zona ese mismo día”, relata un informe del Colectivo de Investigación y Acción Social llamado “Íntag: una sociedad que la violencia no puede minar”.