El caso de la familia Vélez llegó hasta Amnistía Internacional. En febrero de 2009, la organización pidió a las máximas autoridades ecuatorianas que velaran por la seguridad de Leidy Johanna Vélez Moreira, agente de policía, y sus parientes. Su historia comenzó cuando el 18 de octubre de 2007 policías vestido de civil llegaron a su casa en Quito para registrar el inmueble. Los agentes buscaban a su hermano por supuestamente considerarlo sospechoso de robo. Se trataba de Yandry Javier Vélez Moreira, quien fue sobreseído de los cargos que le imputaban. “Es mejor que me digas dónde está tu hermano porque si no te voy a entregar su cabeza en una bandeja de plata”, le dijeron. Según un informe de Amnistía, al protestar Leidy Vélez, los agentes la insultaron y detuvieron a su compañero, quien quedó en libertad 20 días después.

Las amenazas contra Leidy Vélez continuaron. En sus testimonios, ella afirmó que el agente que estuvo a cargo del registro de su casa le agarró el brazo en la calle y le dijo: “¿Dónde está el hijo de puta de tu hermano? Ese hijo de puta tiene que morir (…). Y si no nos avisas en dónde está tu hermano nos llevamos inclusive a tu hijo. Si avisas a alguien nos pegamos contigo; no sabes quién soy yo, ni de lo que soy capaz”. En octubre de 2008, ella presentó una denuncia.

Pero el 12 de diciembre de ese mismo año, sus hermanos Yandry Javier Vélez Moreira y Juan Miguel Vélez Cedeño fueron encontrados muertos en Montecristi, Manabí. Tenían señales de haber sido torturados. Días antes, mientras los hermanos viajaban con sus familiares agentes vestidos de civil los habían parado y amenazado.  “Tú eres el famoso Yandry Vélez Moreira, contra ti tenemos una consigna; agradece que estás con tu familia”, le dijeron.

Tras el asesinato, Leidy Vélez siguió siendo hostigada. El 23 de enero de 2009 fue seguida por un agente cuando ella se dirigía a una reunión con el fiscal que investigaba la muerte de sus hermanos. Lo mismo le ocurrió a su pareja.

La Cedhu informó que los policías pertenecían al extinto Grupo Apoyo Operacional (GAO) y al Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Uno de los denunciado fue el jefe del GAO, Mayor Diego Erazo y otros siete miembros de ambas unidades por abuso de autoridad, violación de domicilio, detención ilegal de su conviviente, insubordinación y falta contra la fe policial. Por esa denuncia, Leidy Vélez recibió amenazas de muerte.

El 24 de enero de 2011, la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de de Pichincha emitió Resolución confirmó el auto de sobreseimiento definitivo a favor de los policías. El fiscal del caso fue Pablo Coello, quien “tramitó la causa en base al Código del Procedimiento Penal Común y  finalmente los agresores quedaron libres de toda culpa”, reportó diario El Telégrafo en 2011.

Pero una semana después de esa resolución, Leidy Vélez fue amenazada nuevamente: en su garaje encontró una muñeca de trapo manchada de rojo con una bala incrustada en la frente. La pared exterior, el piso y la puerta del garaje también tenían manchas de pintura roja. Vélez y su familia fueron puestos bajo la protección de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. En las entrevistas que dio a los medios dijo que seguirá buscando justicia por las muertes de sus hermanos.