El 22 de febrero de 2013 estudiantes del Colegio Central Técnico, de Quito, iniciaron una protesta por el posible cambio de nombre de Instituto Técnico Superior a Unidad Educativa, con lo que se eliminaría su calidad de técnico, se cambiaría el pensum de estudios y la titulación de este tipo de bachillerato por el unificado. Por esta protesta fueron detenidos 67 estudiantes, de los cuales 12 eran mayores de edad. Estos últimos fueron trasladados hasta el Centro de Detención Provisional, donde permanecieron 35 días. Se les negó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El 28 marzo de 2013 fueron declarados inocentes. El fiscal Bormman Peñaherrera se abstuvo de acusar y Eliana Carvajal, jueza de Garantías Penales, declaró el sobreseimiento definitivo y revocación de la prisión preventiva de los 12 estudiantes. Sin embargo, el 19 de abril el fiscal Miguel Jurado resolvió revocar el dictamen de Peñaherrera y reabrió el caso. Esa acción ocurrió después de la sabatina del presidente Rafael Correa del sábado 30 de marzo de 2013 cuando mostró su desacuerdo y aseguró que apelará la decisión.

El 12 de junio ese mismo año, el juez de flagrancia Nelson de la Cadena llamó a juicio a los jóvenes. El 4 de septiembre de 2013 el Tribunal Noveno de Garantías Penales declaró culpables del delito de rebelión sin concierto previo a los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico y dispuso 21 días de prisión por originar daños a la propiedad pública y privada en las inmediaciones de la institución educativa. El Tribunal ordenó el embargo a los estudiantes de 300 dólares para reparar los daños materiales. 

El 28 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia para la apelación de la sentencia en la Corte Provincial de Pichincha, pero les fue negada. Lo mismo ocurrió el 16 de abril de 2014 cuando la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por ocho de los doce estudiantes. Ellos presentaron una demanda en contra del Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).