El 21 de noviembre de 2016, habitantes de la comunidad shuar Nankints se tomaron el campamento La Esperanza de la empresa china ExplorCobres S.A. (EXSA), concesionaria del proyecto minero San Carlos-Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, donde prevé explotar un yacimiento de 3.200 hectáreas. Los militares y policías habían estado en la zona desde el 11 de agosto de 2016, cuando desalojaron a ocho familias de Nankints.

Pero el conflicto se agudizó el 14 de diciembre de 2016. Enfrentamientos entre policías y el pueblo shuar provocaron la muerte del policía José Mejía Solórzano; también cinco policías y dos militares resultaron heridos, además de varios miembros del pueblo shuar y decenas de desplazamientos. El gobierno de Rafael Correa declaró el estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago.

Tres días después, el Ejército desalojó la comunidad shuar Tsuntsuim (a 4 horas de Nankints), ubicada en el cantón San Juan Bosco. El territorio de esta comunidad sirvió para establecer puestos de control y viviendas para policías, militares y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Por la muerte del policía, se abrió una investigación previa, iniciada a partir de una denuncia presentada por el Ministerio del Interior. Es así que se llamó a declarar a 41 personas de las comunidades de Panantza, San Carlos, Tsuintsuim, San Pedro, San Juan Bosco y Nankints, entre ellos estaba Agustín Wachapa, entonces presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), quien fue detenido y su liberación se dio el 25 de abril de 2017.

En abril de 2017, un informe de la Fundación TIAM y del Pueblo Shuar Arutam reveló por primera vez las cifras de la tragedia del pueblo shuar afectado por el proyecto minero Panantza-San Carlos. Las organizaciones registraron que 35 familias de Nankints, Tsuntsuimi, San Pedro y Kutukus sufrieron desalojo forzoso entre agosto y diciembre de 2016. Entre los desplazados hubo 95 niños y adolescentes. Mujeres shuar salieron a Quito en 2017 para denunciar los atropellos que sufrieron. Los pobladores afectados dijeron que sus cultivos y sus animales han muerto. Tienen enfermedades y la educación escasea. Según líderes indígenas y activistas, se trató de una crisis humanitaria. Tras los enfrentamientos, la comunidad de Nankints desapareció.