En octubre de 2016, diario Expreso publicaba que más de 15.000 trabajadores han servido en siete proyectos emblemáticos a cargo de empresas chinas y que cinco de ellas enfrentaban 338 demandas por pago de haberes, indemnizaciones por despido intempestivo o por desahucios, o impugnan vistos buenos y finiquitos.

Uno de los conflictos más graves fue en Toachi Pilatón donde 1.773 trabajadores y extrabajadores del proyecto hidroeléctrico exigían a la empresa China International Water & Electric Corp. (CWE) el pago de casi 18 millones de dólares por las utilidades de los años 2013, 2014 y 2015. La obras se ubican en territorio de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi.

En agosto de 2016, los obreros presentaron una denuncia por el impago de esos haberes y luego se dirigieron en manifestación en Quito hacia el parque La Alameda y posteriormente a los exteriores del Ministerio del Trabajo, a la espera de un pronunciamiento de las autoridades. En ese mismo mes estalló un escándalo que comprometía a CWE.

La Comisión Nacional Anticorrupción denunció que la empresa china habría simulado pagos y triangulado transferencias a empresas en el exterior, con la ayuda del polémico bufete panameño Mossack Fonseca. Junto con la Comisión se pronunciaron algunos de los ex trabajadores de Toachi Pilatón, quienes sostuvieron que recibieron pagos por utilidades del millonario proyecto por apenas 150 dólares, cuando estimaciones de sus asesores calcularían en no menos de 6.000 dólares.

La Comisión pidió la intervención del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio del Trabajo, pues el gasto simulado afectó tanto a las utilidades de los trabajadores cuanto al impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas confirmó que CWE evadió impuestos y la Contraloría General del Estado dijo que hubo incumplimientos salariales con los empleados.

Los trabajadores además denunciaron maltratos por parte de la compañía china CWE. Por medio de una carta de agosto de 2012, las autoridades eléctricas pidieron la remoción del Superintendente del proyecto, acusándole de violar derechos laborales básicos como alimentación digna, provisión de ropa de trabajo, esparcimiento y seguridad laboral.

El proyecto ha tenido graves denuncias laborales desde su inicio. En 2008, cuando Odebrecht -la primera constructora de la obra- fue expulsada del país, centenares de trabajadores fueron despedidos. A los obreros tampoco se les habría permitido organizarse en sindicatos, pues al intentarlo serían despedidos. En mayo de 2018 recién se llegó a un acuerdo con los trabajadores para el pago de utilidades.

Las denuncias contra más empresas

Diario Expreso también reportó otros casos. Los trabajadores del proyecto Minas San Francisco contaron que en 2013 intentaron formar un sindicato, pero la contratista, Harbin Electric, despidió a sus dirigentes tras una paro decidido por los obreros.

En enero de 2015, un año después del accidente donde murieron 14 obreros del proyecto Coca Codo Sinclair, un grupo de asambleístas se movilizó al lugar donde la empresa china Sinohydro desarrolla la obra, en territorios de Napo y Sucumbíos. Los legisladores escucharon las quejas de trabajadores sobre supuestos maltratos y fallas de seguridad y los pedidos sobre mejoras laborales. Tras el llamado a un diálogo se concretó una reunión en la cual la compañía china se comprometió a mejorar el cumplimiento de obligaciones y respetar los derechos de los trabajadores. Por la muerte de los 14 trabajadores, la Fiscalía abrió una indagación por la presunción de homicidio culposo, que fue archivada por considerar la causa una tragedia natural.

En febrero de 2015, antes de que concluya la construcción del proyecto Paute Sopladora, ubicado entre el límite de las provincias de Azuay y Morona Santiago, sus trabajadores paralizaron actividades. Exigían la atención del Ministerio del Trabajo para denunciar el incumplimiento de compromisos contractuales y supuestos maltratos físicos de parte de jefes de la contratista, la empresa Gezhouba Group.

En octubre de 2016, decenas de obreros del proyecto Delsitanisagua, en Zamora Chinchipe, paralizaron sus labores y se movilizaron a las dependencias del Ministerio de Trabajo, en Zamora. Las condiciones inadecuadas para su trabajo y vulneraciones a sus derechos laborales eran los reclamos. También porque la empresa Hydrochina Corporation bloqueaba la firma del contrato colectivo.

La revista Gestión también recuerda que en el proyecto minero Mirador, en Zamora Chinchipe, los trabajadores han denunciado maltrato, despidos ilegales y accidentes previsibles en el lugar de trabajo. En 2014, Ecuacorriente despidió a 11 trabajadores y técnicos en represalia a sus demandas laborales, ocho pertenecían al Comité de Empresa, violando el contrato colectivo y las disposiciones del Ministerio de Trabajo. En 2018 falleció un contratista, conductor de camión, en la mina Mirador por un derrumbe. De acuerdo con trabajadores de la mina, hubo más de diez fallecidos por accidentes ocurridos dentro de este proyecto.

En la empresa Ecuagoldmining South America S.A., de Río Blanco (Azuay), hasta el momento no hay un sindicato. Según el testimonio de trabajadores se intentó conformarlo, pero fue truncado por parte de la empresa.