Los hechos sucedieron en la población de San Marcos, en la parroquia rural Tundayme del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. En esa zona opera la empresa de origen chino Ecuacorrientes SA (ECSA), concesionaria del proyecto minero Mirador, que tiene una extensión de 9.928 hectáreas.

Es un proyecto minero a gran escala de cobre, plata y oro que se asienta en la frontera con Perú. Sus reservas están estimadas en 4.738 millones de libras. Al lugar se lo conoce también como la ‘Cordillera del Cóndor’. Es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta donde cada hectárea alberga a más de 220 especies, según activistas ambientales. Y cerca a San Marcos está un cerro que contiene cobre.

Los desalojos para que la minera china establezca su infraestructura en esa población han sido uno de los principales problemas. Esto fue reportado por organizaciones de derechos humanos y ambientales. El más reciente informe fue elaborado por un grupo de organizaciones, entre ellas los Pueblos Shuar Arutam, que fue preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) a China de noviembre de 2018. Allí se hace un recuento de los desalojos sucedidos entre 2014 y 2016.

El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2014. El informe dice que ECSA respaldado de decenas de policías, guardias de seguridad privada de la empresa demolieron la iglesia de San Marcos y la Escuela ‘Tres de Noviembre’ y se destruyó parques y juegos infantiles de la comunidad de San Marcos para construir la estación de lavado del material aurífero. Usaron maquinaria pesada.

El 30 de septiembre de 2015 sucedió la demolición de las viviendas de 16 familias. El 15 y 16 de diciembre del mismo año también se desalojó a otras 14 familias asentadas a lo largo de la microcuenca del río Tuntaim. Tras aquello, el barrio de San Marcos desapareció, denunciaron activistas. Los desalojos se hicieron por la noche y sin aviso. Sus habitantes se quedaron solo con la ropa que llevaban puestos o en algunos casos sus pertenencias fueron retiradas en camiones, que no han sido entregadas. Esos son relatos de los defensores de derechos humanos.

El Nuevo San Marcos fue reconstruido en territorio de Cascomi por la propia comunidad. Cascomi es la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador, que fue reconocida por el Estado en agosto de 2014 como comunidad indígena y que se conformó a tres meses del primer desalojo, explicó Inredh en una cronología de los hechos. Cascomi se asentó en terrenos cedidos por uno de los propietarios para que los desalojados sigan viviendo en esa zona.

Esta organización ha liderado la pelea jurídica para recobrar sus territorios. Ha denunciado que la empresa “manipuló los precios de la tierra aprovechándose las necesidades económicas de la gente y ofrecer plazas laborales, a cambio de confrontar a los vecinos que se oponían a vender sus tierras y al desarrollo del proyecto”. Las denuncias señalan además que hubo testaferros en la compra de las tierras. ECSA los ha calificado de invasores, de no ser indígenas y por lo tanto -para la empresa china- no pueden exigir la consulta previa. Este es un derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas: ser consultados antes de que en sus territorios se ejecuten proyectos.

Otra de las denuncias tiene que ver con la figura de “servidumbre minera”. Este recurso lo puede solicitar el concesionario minero “con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos en todas las fases”. Pero para los defensores de derechos humanos, es una forma de apropiarse de las tierras comunitarias. Desde el 2013, se han aplicado 47 servidumbre mineras que afectan a 14 territorios de Cascomi, según el informe.

Los últimos desalojos se efectuaron en 2016. El 4 de febrero, la perjudicada fue Rosario Waar, anciana de 114 años, asentada a orillas del río Tuntaim, y 13 de mayo, durante la noche, fueron despojados de sus tierras las 6 familias Tendetza Antun, informaron las organizaciones en el informe. En total, el informe enviado al EPU de China registra 32 desalojos de familias de El Pangui, que representan 136 afectados, de los cuales son 52 niños y adolescentes, 12 personas de la tercera edad y 58 adultos. “Estos acontecimientos atentan contra el derecho a la vivienda digna”, asegura el informe.

Mirador ha sido considerado uno de los proyecto mineros más conflictivos en Ecuador. La firma del contrato entre el gobierno de Rafael Correa y ECSA provocó una masiva marcha a pie desde El Pangui hasta Quito, en 2012. Tras eso los manifestantes pusieron una acción de protección contra la empresa porque el contrato violaba “los derechos humanos y de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador”. Hasta el momento, Cascomi ha solicitado medidas cautelares y acciones de protección contra ECSA. La última fue rechazada el 22 de enero de 2019. Todas han sido rechazadas.